La responsabilidad por el gran apagón del año pasado terminará resolviéndose en los tribunales. Nadie en el sector eléctrico español lo duda, y los afectados llevan meses preparando el terreno para esa batalla legal. Pero mientras la culpa jurídica queda pendiente de sentencia, un documento elaborado por la propia Red Eléctrica arroja nueva luz sobre el estado en que se encontraba la red antes del colapso.
Se trata de una propuesta de actualización del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026, publicada por el operador del sistema y abierta a consulta pública hasta el 11 de junio. El texto, técnico y denso, contiene sin embargo dos admisiones de peso: que la integración geográfica de las energías renovables estaba generando tensiones en la red, y que el control de oscilaciones del sistema (uno de los factores señalados como clave en el apagón) no se hallaba en los parámetros adecuados.
Todo lo que dice el documento sobre el apagón
El informe reconoce que el despliegue masivo de energía solar fotovoltaica en los últimos años se ha concentrado de forma muy desigual en el territorio, con un peso especialmente elevado en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Esa distribución asimétrica ha alterado los flujos de energía en la red de una manera que no estaba prevista en la planificación original con horizonte 2026.
El segundo problema identificado tiene que ver con las oscilaciones eléctricas, un fenómeno por el cual distintas variables del sistema (frecuencia, tensión, flujos de potencia) fluctúan de manera periódica. Cuando esas oscilaciones no están suficientemente amortiguadas, el sistema se vuelve inestable ante cualquier perturbación, por pequeña que sea, o incluso de forma espontánea.
La normativa vigente establece que el amortiguamiento de esos modos de oscilación no puede caer por debajo del 5% para garantizar la estabilidad de la red. Sin embargo, el propio documento admite que durante un volumen significativo de horas el sistema operó por debajo de ese umbral mínimo.
La contradicción con la versión oficial
Desde el primer momento tras el apagón, Red Eléctrica defendió públicamente que su gestión había sido la correcta y que ningún factor técnico bajo su control había contribuido al colapso. Sin embargo, el contenido de este informe dibuja un escenario diferente: el de un sistema que llevaba tiempo funcionando al límite, con oscilaciones mal amortiguadas y una red que no había sido adaptada a tiempo a la nueva realidad del mix energético.
A ello se suma el ya conocido recurso al denominado «modo reforzado», que implica mantener en operación un mayor número de centrales de gas para aportar estabilidad al sistema. Una medida que, junto a lo revelado en este documento, apunta a que el margen de seguridad era estrecho mucho antes de que se produjera el cero eléctrico.
Una inversión de 607 millones para corregir el rumbo
La propuesta que Red Eléctrica ha sometido a consulta pública contempla una inversión adicional de 607 millones de euros destinada a reforzar la estabilidad estructural de la red y asegurar un funcionamiento más seguro. Una cifra que, en el contexto de lo revelado por el propio documento, puede leerse también como la cuantificación del déficit acumulado que el sistema arrastraba.
La resolución definitiva sobre quién fue responsable del apagón quedará en manos de la justicia. Pero el expediente que el propio operador ha puesto sobre la mesa complica notablemente la tesis de que todo funcionaba como debía.
