El reloj corre y la incertidumbre sigue intacta. A falta de apenas quince días para que venza el plazo legal para reclamar por el gran apagón del 28 de abril de 2025, ni abogados ni aseguradoras tienen claro contra quién dirigir sus demandas.
En juego hay cientos, por no decir miles, de millones de euros, en lo que ya se perfila como una de las mayores batallas judiciales en el ámbito energético en España. Sobre la mesa, múltiples posibles responsables: Red Eléctrica, grandes distribuidoras como Iberdrola o Endesa, o incluso el propio Estado.
Cuenta atrás para reclamar por el gran apagón
El plazo legal para interponer demandas finaliza el próximo 27 de abril de 2026. La referencia es el artículo 1968.2 del Código Civil, en relación con el 1902, que fija un año para reclamar por responsabilidad extracontractual. Esto ha desatado una auténtica carrera contrarreloj en despachos de abogados, aseguradoras y fondos de litigios.
Miles de compañías están enviando burofaxes en toda España para interrumpir el plazo de prescripción. No es casual que, en este contexto, haya surgido un comentario recurrente en el sector: “El único que va a ganar dinero con esto es Correos”.
Un escenario sin culpable claro
El principal problema al que se enfrentan los demandantes es la falta de una atribución clara de responsabilidades.
No existe una resolución administrativa que señale a un culpable, lo que impide construir demandas sobre una base previamente definida. No es, por tanto, un litigio ‘follow-on’. “Pensar que los informes iban a dejar la demanda preparada era una visión muy ‘naïf’”, resumen fuentes jurídicas.
Los informes: múltiples factores, pero sin responsables
Los distintos análisis publicados hasta ahora han dibujado un escenario complejo, pero sin conclusiones definitivas. El Ministerio para la Transición Ecológica apuntó en junio de 2025 a un origen “multifactorial”, repartiendo responsabilidades entre el operador del sistema y las eléctricas.
Por su parte, la red europea ENTSO-E elaboró en marzo de 2026 un informe de 470 páginas, firmado por 49 expertos, en el que describía el apagón como una “tormenta perfecta”. Ese mismo mes, la CNMC concluyó que el sistema disponía de herramientas suficientes para garantizar el suministro, aunque evitó señalar culpables.
Expectativas puestas en futuras sanciones
A pesar de la falta de responsables claros, el sector mira ahora a posibles movimientos del regulador.
Se espera que la CNMC abra expedientes sancionadores antes del verano, lo que podría aportar nuevas claves a los abogados.
Mientras tanto, el Senado también trabaja en una comisión de investigación desde septiembre, cuyas conclusiones podrían conocerse en breve.
Aseguradoras en el punto de decisión
Las aseguradoras ya han abonado indemnizaciones millonarias a sus clientes. Ahora, conforme al artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, tienen derecho a reclamar contra el responsable del daño.
Sin embargo, la gran incógnita sigue sin resolverse: ¿a quién demandar?
Las opciones incluyen a Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o incluso al propio Estado.
Red Eléctrica, primer objetivo en la estrategia legal
En este contexto de incertidumbre, comienza a perfilarse una estrategia común.
El primer objetivo de muchas demandas será Red Eléctrica. La razón no es solo la aparición de audios en las últimas semanas, sino una lógica jurídica: si el fallo está en el sistema, responde quien lo opera.
Además, se descarta la existencia de fuerza mayor o de un factor externo, lo que refuerza esta línea argumental.
Un posible efecto dominó entre empresas
Sin embargo, esto no significa que el resto de actores queden fuera.
La previsión es que el proceso derive en un cruce de responsabilidades. Las empresas demandarán a Red Eléctrica, y será esta quien, en su defensa, incorpore al resto de implicados.
Este escenario anticipa una batalla judicial compleja, con múltiples actores señalándose mutuamente.
Un proceso caro y técnicamente complejo
El coste de estos litigios es otro factor determinante.
Según fuentes jurídicas, los honorarios de abogados pueden alcanzar seis cifras, a lo que se suman los costes de peritos y el riesgo de costas judiciales elevadas.
Por ello, contar con financiación externa se está convirtiendo en una pieza clave para poder afrontar los procedimientos.
Una defensa “numantina” en marcha
En el lado demandado, la preparación también es intensa.
Se da por hecho que Red Eléctrica ya ha estructurado su defensa y ha coordinado un ‘pool’ de despachos especializados.
Entre los nombres que circulan en el sector aparece el de Carlos Remón como uno de los perfiles clave en la estrategia procesal.
El cuello de botella judicial en Alcobendas
Otro elemento a tener en cuenta es el escenario judicial.
Gran parte de las demandas se concentrarán en los juzgados de Alcobendas, donde tiene su domicilio Red Eléctrica.
Esto supone un reto adicional, ya que se trata de un partido judicial saturado, donde también se tramitan litigios de grandes corporaciones como Telefónica o Mediaset.
Precedentes que no despejan las dudas
Existen antecedentes de apagones en España, como el de Barcelona en 2007 o los cortes en Tenerife en 2019 y 2020.
En esos casos, las sanciones se repartieron entre Red Eléctrica y las eléctricas, con un límite de 60 millones de euros por infracción.
Sin embargo, el contexto actual es mucho más complejo, tanto por el volumen económico en juego como por la falta de una atribución clara de responsabilidades.
Un desenlace abierto y millonario
A día de hoy, los demandantes solo cuentan con un relato técnico detallado de lo ocurrido, pero sin un responsable definido.
Esto obliga a los abogados a actuar sin certezas, en un escenario donde la prioridad es interrumpir el plazo legal y dejar la batalla jurídica para después.
