La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) varios artículos del reglamento del taxi y las VTC de Baleares al considerar que contienen medidas «desproporcionadas» que reducen la competencia. El regulador estatal ha interpuesto este jueves un recurso contencioso-administrativo contra la norma, tras haber requerido previamente al Govern balear que modificara o eliminara los preceptos que consideraba «problemáticos» y no haber obtenido respuesta favorable, según ha explicado en un comunicado.
El organismo ha aclarado que no cuestiona el decreto en su conjunto, sino determinados requisitos de acceso y ejercicio de la actividad del taxi y el VTC que, sostiene, podrían reducir la competencia y perjudicar tanto a los consumidores como a los operadores. Varios de esos puntos, además, entroncan con debates que en Ibiza vienen abriéndose desde hace meses dentro del propio sector.
Los puntos impugnados
El primero de los artículos llevados a los tribunales es el que fija en dos años la antigüedad máxima de los vehículos que pueden adscribirse a nuevas autorizaciones de taxi y VTC (artículos 11.1.f y 49.f). El regulador considera que esa exigencia «limita el acceso al servicio sin garantizar un mejor servicio», ya que impide el uso de coches perfectamente aptos sin acreditar mejoras en calidad, seguridad o eficiencia.
También se ha impugnado el artículo sobre la longitud mínima de los vehículos (19.2.b y 54.3.b). La normativa balear fija con carácter general 4,60 metros y contempla una excepción de 4,35 metros para los coches propulsados por energías alternativas. La CNMC considera que ese umbral mínimo de 4,35 metros «reduce de forma injustificada» la oferta de vehículos menos contaminantes y de menor tamaño, que a su parecer contribuirían a una utilización más eficiente del espacio público sin menoscabar el confort del usuario.
Un tercer punto impugnado es el que impone un máximo de tres solicitudes de autorizaciones VTC por titular en cada convocatoria municipal (artículo 47.2). Para la CNMC, ese tope limita la entrada de operadores e impide aprovechar las economías de escala, «que podrían suponer precios más competitivos».
El regulador ha llevado además a la justicia la prohibición de contratar servicios de VTC por plaza con pago individual (artículo 59) —la modalidad conocida como coche compartido—, al entender que ampliaría la oferta, bajaría los precios y reduciría la congestión y las emisiones; y dos aspectos recogidos en el artículo 61: la obligación de que los VTC publiquen sus tarifas en su página web —una carga que, recuerda, el Tribunal Supremo ya anuló recientemente en una normativa similar de la Región de Murcia por vulnerar la libertad de empresa— y la posibilidad de establecer límites al aumento de los precios de los VTC en momentos de alta demanda, tope que en el reglamento balear se ha fijado en el 75 % sobre el precio habitual. Sobre este último punto, la CNMC advierte de que puede reducir la disponibilidad de vehículos «por falta de incentivos» y aumentar los tiempos de espera para los usuarios.
Ecos de un debate que también se libra en Ibiza
Al menos dos de los puntos impugnados por la CNMC han sido objeto de discusión pública en Ibiza en los últimos meses.
La antigüedad máxima de dos años desde la matriculación es la principal reivindicación pendiente de la Asociación de Taxistas Autónomos de Ibiza, mayoritaria en Vila y presidida por Mariano Torres, que el pasado mes de abril denunció que el requisito «cierra la puerta a los vehículos de segunda mano» en un contexto de precios disparados. La asociación trasladó su petición al Consell de Ibiza, que a su vez pidió a los diputados autonómicos del PP que promovieran cambios en la ley ómnibus que se tramita en el Parlament. En ese frente los taxistas ibicencos han quedado hasta ahora en solitario: ni la FITIB ni la FITIE se sumaron a la reivindicación.
El otro punto con recorrido ibicenco es el de la longitud de los vehículos. Como publicó La Voz de Ibiza en noviembre, las sucesivas versiones del borrador fueron ajustando los umbrales hasta dejar la excepción de 4,35 metros aparentemente reservada a los eléctricos puros, en detrimento de los híbridos. Esa lectura generó inquietud en el sector, hasta que el pasado mes de marzo la Dirección General de Movilidad confirmó que los híbridos también podrían acogerse a esa excepción tras retirar del texto la palabra «única» al referirse a la fuente de energía. Ahora, no obstante, la CNMC vuelve a poner el foco en esa cifra: entiende que fijar el suelo mínimo en 4,35 metros, incluso para vehículos con etiqueta cero o ECO, sigue siendo un límite injustificado.
A los puntos impugnados por la CNMC hay que sumar otros frentes específicamente ibicencos que se libran fuera del alcance del recurso estatal, como el planteado por la Agrupación de Autotaxis de Baleares —con fuerte presencia en Ibiza— contra el artículo 12 del decreto, el que obliga a transmitir la licencia al jubilarse, y que ya está en vía contencioso-administrativa por su cuenta.
El Govern defiende su normativa
El Ejecutivo autonómico ha reaccionado al recurso a través de la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, que en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado este viernes ha reconocido desconocer aún la letra pequeña de la impugnación —que será analizada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma— pero ha defendido con contundencia el decreto: «Seguimos defendiendo una normativa que creemos necesaria para las Islas. Tenía como objetivo garantizar la movilidad y fijar criterios objetivos que permitan regular las licencias y las autorizaciones en un territorio limitado y protegido», ha subrayado.
El recurso de la CNMC se suma a otros que se han presentado en los últimos meses contra el mismo decreto por parte de operadores del sector, tanto plataformas globales como asociaciones profesionales de las Islas. La resolución del conjunto de procedimientos abiertos ante el TSJB tardará meses en llegar y, muy probablemente, marcará el destino de un reglamento que tardó casi dos años en salir adelante.
