El conseller no adscrito de Formentera y diputado por la isla, Llorenç Córdoba, ha difundido una nota de prensa en la que refleja un monumental enfado y arremete contra todos por el boicot a una serie de preguntas que había presentado para el pleno ordinario de abril que se celebrará el próximo jueves y que no fueron incluidas en el orden del día.
Córdoba ha planteado que, desde su remoción como presidente del Consell Insular, “el acoso ha sido constante”. En tal sentido, apunta que se han bloqueado “todas las iniciativas políticas que he intentado llevar a cabo tanto como conseller como diputado en el Parlament”.
“Han tratado de invisibilizarme, excluyéndome de la Junta de Portavoces —a la que podrían haberme incluido si así lo hubiesen decidido— y de otros órganos colegiados como la Junta de Seguridad, entre otros. Incluso han desplazado el despacho del diputado de la sede institucional del Consell —lugar donde, según el reglamento, debe estar ubicado— a un espacio improvisado en el centro de día, literalmente un cuartucho junto a los aseos. Es allí, según el Partido Popular, donde debo recibir a ciudadanos y autoridades en calidad de diputado por Formentera”, sostuvo Córdoba.
Por eso, el diputado por Formentera arremetió contra todos, aunque principalmente contra su ex grupo político: el Partido Popular.
“Me gustaría saber si desde el Partido Popular de las Islas Baleares están al corriente de cómo su equipo en Formentera ha gestionado la llegada y el ejercicio del poder. Últimamente, parece que no están demasiado pendientes de esta isla”, disparó Córdoba.
Además, pidió a los grupos de la oposición “que apoyaron la moción de censura —PSOE y Gent per Formentera— que se pronuncien públicamente. Es momento de saber si respaldan este estilo de gobernar que se ha instaurado en el Consell Insular: autoritario, restrictivo y claramente alejado de los valores democráticos. ¿Formaba parte esto del pacto que firmaron para destituir a un presidente elegido democráticamente?”.
“Una cosa son las ideas y valores políticos, legítimos y respetables. Pero otra bien distinta es la defensa de la legalidad, de los derechos fundamentales y del correcto funcionamiento democrático de las instituciones. Esa línea roja no debería cruzarla nadie, sea cual sea su color político”, concluye Córdoba.
Dolor de muelas
La crisis política de la pitiusa menor ha transformado a Formentera en el único dolor de muelas del PP Balear a las puertas de la renovación de las juntas locales.
Es que el Partido Popular ya ha empezado a preparar los congresos locales que permitirán renovar las juntas locales en todos los municipios de las islas. Este proceso arranca en uno de los mejores momentos que atraviesa el partido en los últimos años, con la mayoría de las instituciones insulares bajo su gestión.
Será después de las vacaciones de Pascua cuando la secretaria general, Sandra Fernández, dé el pistoletazo de salida a la renovación de la estructura local del partido.
Formentera es la gran excepción en un contexto con viento favorable para los ‘populares’ en el resto de las islas. Tras la dimisiones de José Manuel Alcaraz como presidente y de Ana Negre como secretaria general, el Comité Ejecutivo Autonómico del PP ha decidido nombrar a Francisco Ferrer -que vive y trabaja en Mallorca- como presidente de la gestora, con el respaldo de Hugo Martínez y Eva Nieto en el equipo directivo.
“Desprecio institucional”
En la nota difundida, sostiene que la última muestra de “este desprecio institucional” –tal como lo califica- es la decisión del presidente del Consell, Óscar Portas, de “no incluir en el orden del día del próximo pleno las quince preguntas que registré en tiempo y forma, como cada mes. Para justificarlo, asegura haber reinterpretado el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico. Cuando solicité un informe jurídico firmado por un letrado que avalara esta decisión, se me negó en todo momento. A día de hoy, no he recibido ninguna respuesta formal, aunque el propio orden del día lo dice todo: las preguntas no aparecen”.
En esa línea, Córdoba apunta contra la secretaria accidental del Consell, Paola Sales, “figura que debe velar por la legalidad y que ha actuado como cómplice necesaria de esta vulneración”.
En tal sentido, dijo que “ha firmado y autorizado el orden del día del próximo pleno sin exigir ni aportar ningún informe jurídico que respalde este importante cambio de criterio sobre la participación de los consellers de la oposición. Un hecho grave, teniendo en cuenta que el derecho a la fiscalización es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento democrático de cualquier institución”.
“Negar el derecho a formular preguntas orales en el pleno a un conseller de la oposición supone una vulneración flagrante del principio de pluralismo político, de la libertad de expresión y del derecho de representación democrática. Lo que está en juego no es solo una cuestión reglamentaria: es el derecho de los ciudadanos de Formentera a ser representados, a contar con una voz crítica e independiente que fiscalice la acción de gobierno”, denunció el ex presidente del Consell.
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