El Partido Socialista de Ibiza se ha opuesto este sábado al plan del PP para llevar a los plenos municipales de junio el plan para la construcción de Viviendas de Precio Limitado en áreas de transición, al que califica de «operación especulativa sobre el suelo rústico».
La iniciativa, presentada este viernes por el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí, junto al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y los cinco alcaldes de la isla, se acoge a la Ley 4/2025 de proyectos residenciales estratégicos.
El PSOE votará en contra, a pesar de las enormes similitudes con iniciativas y declaraciones de los propios socialistas en el pasado.
Qué dice la ley que el PSOE rechaza
La nota socialista habla de «urbanizar el suelo rústico» y de una norma que pone en peligro la agricultura de Ibiza. Nada más lejos de la realidad al ver qué permite de verdad la Ley 4/2025, publicada en julio.
La norma deja que los municipios de más de 20.000 habitantes recalifiquen áreas de transición —suelo rústico pegado a los núcleos urbanos, concebido como reserva de crecimiento y con acceso a los servicios— para levantar viviendas.
Y es taxativa en tres puntos que desmontan la etiqueta de «especulación»: ese suelo debe ser contiguo a la trama urbana, quedan excluidos los terrenos protegidos, en Red Natura 2000, inundables o de riesgo, y debe reservarse el 100% de la edificabilidad a vivienda protegida, con un máximo del 25% de vivienda libre solo si la viabilidad económica del proyecto lo exige.
Las condiciones de precio y acceso que citó el PP no salen de esa ley, sino de otra: la Ley 3/2024 de vivienda, que regula la figura de la VPL. Según explicó Antoni Costa, esas viviendas se venderán entre un 30 y un 40% por debajo del mercado.
Y la propia ley blinda ese carácter asequible: solo pueden acceder a ellas residentes en Baleares que no posean más del 50% de otra vivienda, deben ser domicilio habitual y permanente y, sobre todo, el precio máximo tasado se mantiene de por vida, en las segundas y posteriores ventas.
El comprador no puede, pues, revenderlas a precio de mercado: el tope la persigue. El mecanismo está pensado, justamente, para que la vivienda no sea un activo especulativo, sino un techo para quien vive y trabaja en la isla.
El caso del alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, y la tibieza del Govern balear, que no se ha pronunciado aún a pesar de la insistencia de este medio sobre la validez de los pactos sucesorios a favor de hijos como mecanismo para eludir la obligación de no tener más del 50% de otra vivienda, anticipan, sin embargo, posibles vías para sortear las medidas antiespeculación y dan argumentos a los que critican las normas.
La clase media, en el centro del debate
El president del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ya defendió esta vía en una entrevista con este periódico en la que situó a la clase media como la gran damnificada de la crisis: familias y jóvenes con buenos empleos que no llegan a la vivienda de protección oficial por renta, pero a quienes el mercado libre expulsa por precio. Para ese perfil, sostuvo, construir VPL en áreas de transición «supondrá un antes y un después».
La lógica es la del coste del suelo: en las áreas de transición el terreno sigue siendo rústico y, por tanto, mucho más barato que el urbano consolidado, lo que permite abaratar el precio final de la vivienda. Y la ley autoriza densidades mayores —hasta 225 habitantes por hectárea en el municipio de Ibiza—, lo que multiplica el número de pisos por parcela.
Lo que dijo ‘Agustinet’ en 2021
No le parecía descabellada la idea al anterior líder de la Federació Socialista d’Eivissa. En marzo de 2021, siendo conseller de Movilidad y Vivienda del Govern de Francina Armengol, el ibicenco Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ anunció en el programa Bona Nit Pitiüses de la TEF que trabajaba para habilitar suelo rústico en Ibiza para construir vivienda protegida.
¿Dónde? En las áreas de transición, porque «es por donde tienen que crecer los suelos municipales». ¿Con qué cautela? Ocupando «el mínimo suelo nuevo posible y siempre que esté adjunto a suelo urbano». Es decir, el mismo criterio de contigüidad que hoy fija la Ley 4/2025 y que el PSOE denuncia como especulación. Cuando lo propuso un socialista, fue Podemos quien lo fulminó: lo llamó «sueño de pelotazo urbanístico del PP» y dijo que le parecía «increíble que lo plantee un socialista».
Quién fue Carbonero
La coincidencia no es casual ni reciente. Cuando el conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, defendió la medida en el Parlament, reconoció que se inspira en la llamada «ley Carbonero», aprobada en 2008.
Su autor fue Jaume Carbonero, conseller de Vivienda y Obras Públicas del Govern socialista de Francesc Antich, en el segundo Pacte de Progrés. Aquella Ley 5/2008 ya contemplaba edificar en áreas de transición para obtener suelo destinado a vivienda protegida. «Nos parece una muy buena ley desde el punto de vista conceptual», dijo Mateo. El PP construye sobre los cimientos jurídicos que dejaron los socialistas, y lo hace abiertamente. El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, encajó mal que se le recordara.
La diferencia no es el suelo sino la propiedad de las viviendas. Para los socialistas, destrozar el suelo rústico está bien si es para construir pisos del Ibavi que posteriormente son puestos en el mercado del alquiler a un precio vinculado a las rentas, pero en cambio está mal si está destinado a favorecer el acceso en propiedad a las clases trabajadoras que han sido expulsadas del mercado ante los elevados precios del mercado inmobiliario libre.
Las alternativas socialistas, bajo el microscopio
El PSOE defiende como alternativa la vivienda pública, el alquiler asequible y la regulación de precios en zonas tensionadas. Las tres acumulan un historial reciente que conviene recordar.
La vivienda pública es la bandera de la izquierda ibicenca, pero su proyecto emblemático es Ca n’Escandell, calificado por este periódico de despilfarro histórico: en una parcela de 17,3 hectáreas se proyectan solo 532 viviendas, cuando la normativa de emergencia habitacional permitiría levantar cerca de 900 y, con cambios normativos, superar ampliamente las 4.000.
El PSOE defendió ese modelo de baja densidad. El presidente del Consell lo resumió sin rodeos en la citada entrevista en La Voz de Ibiza: «Desperdiciar terreno no aprovechando al máximo el potencial urbanístico es un contrasentido».
La gran apuesta de Armengol para expropiar pisos a grandes tenedores cerró más de cuatro años de vigencia con 16 viviendas intervenidas en todo el archipiélago, según Última Hora, en un parque de más de 500.000 pisos y con más de 2.000 inmuebles vacíos inscritos en el registro. La herramienta existía; la voluntad, no.
Y la regulación de precios en zonas tensionadas, estrella de la Ley de Vivienda estatal, tampoco resiste el análisis. El Banco de España advirtió en su Informe Anual de 2025 que los topes al alquiler, sin un aumento paralelo de la oferta, expulsan pisos del mercado de larga duración hacia el turístico y reducen la oferta para quienes la ley pretende proteger. Y, sobre todo, una zona tensionada no construye ni una sola vivienda nueva. Todo lo contrario, ya que resta interés al inversor que decide comprar para poner en el mercado de alquiler.
La foto de la unidad
A la rueda de prensa del anunció del viernes del PP acudió Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan de Labritja, posando junto al resto de regidores del PP. Pero Sant Joan, con apenas 7.046 habitantes, es el municipio menos poblado de la isla y queda muy por debajo del umbral de 20.000 habitantes que la ley exige para activar las áreas de transición. La alcaldesa que acudió a respaldar la medida no puede aplicarla en su municipio. Sí pueden hacerlo Vila, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni, los cuatro que superan ese listón.
Lo que ya está en marcha
Lejos de la teoría, los proyectos avanzan. En Sant Josep, el alcalde mantiene conversaciones para reconvertir casi 50 hectáreas detrás de la zona comercial de Playa d’en Bossa en hasta 4.500 viviendas, según los límites de densidad de la Ley 4/2025. En Ibiza, el Ayuntamiento facilitará proyectos residenciales estratégicos para levantar vivienda a precio limitado en Platja d’en Bossa y en sa Joveria, los terrenos donde hasta el pasado abril se levantaba el mayor asentamiento de infraviviendas de la isla, con unas 130 personas viviendo sin agua potable ni saneamiento.
Los plenos de junio, contra el reloj
Hay una razón para la prisa. La Ley 4/2025 da a los ayuntamientos hasta el 18 de julio para acogerse a las áreas de transición mediante acuerdo plenario. El reloj corre: de ahí que la medida llegue ahora a los plenos. El presidente del Consell de Ibiza describió la iniciativa como «la movilización de terrenos más importante» de la historia de la isla.
