La situación urbanística de Casa Lola, en la parroquia de Es Cubells y propiedad de la empresaria ‘Paquita’ Sánchez Marsan, ha vuelto a quedar en el ojo de la tormenta en el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de esta mañana. Se trata de un caso que arrastra ya más de una década de infracciones por obras ilegales y que ha visto caducar dos expedientes sancionadores consecutivos.
El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para reclamar al equipo de gobierno una actuación «urgente y eficaz» frente a las construcciones ilegales y la ocupación de la finca, algo que fue rechazado y cuestionado por el alcalde Vicent Roig.
Una demolición que no frenó las obras ilegales
La concejala socialista Pilar Ribas, quien presentó la moción, recordó que el 9 de agosto de 2022 el anterior equipo de gobierno ejecutó la demolición subsidiaria de las construcciones ilegales de la finca, en cumplimiento de una orden municipal que había tardado 12 años en hacerse efectiva.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares confirmó la condena a la propiedad por incumplir aquella orden de derribo y la obligó a devolver al Ayuntamiento el medio millón de euros que costó la ejecución subsidiaria.
Pese a esa demolición, los servicios técnicos municipales constataron —mediante un informe de noviembre de 2024— la existencia de nuevas construcciones e instalaciones ejecutadas sin ningún título habilitante en la misma parcela: cobertizos, anexos, incluso una discoteca, y más de 500 metros cuadrados de edificación nueva, con una valoración económica de 2.400.000 euros.
El informe calificó ese conjunto de obras como no legalizables y manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística y territorial vigente.
Dos expedientes caducados sobre la misma finca
Pese a la gravedad de esas nuevas infracciones, el primer expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador —el 9.348/2022, incoado el 7 de febrero de 2023 por el actual gobierno municipal— fue declarado caducado y archivado mediante decreto de alcaldía del 7 de febrero de 2025, por falta de resolución dentro del plazo legal de un año.
Ribas subrayó que esa caducidad era «plenamente previsible y evitable»: según ha detallado en el pleno, un informe municipal del 24 de febrero de 2024 —casi un año antes de la resolución formal— ya proponía expresamente declarar la caducidad del expediente y reiniciarlo de inmediato.
Según denunció, el equipo de gobierno no encargó el nuevo informe técnico hasta el 6 de noviembre de 2024 ni dictó el decreto formal de caducidad hasta el 7 de febrero de 2025, dejando transcurrir casi un año entero desde que sus propios servicios ya habían alertado de la situación.
Esa primera caducidad obligó a incoar un segundo expediente, el 11.038/2024, que según reconoció el propio alcalde, Vicent Roig, durante el pleno, también caducó formalmente en marzo de 2026, por agotamiento del plazo legal de un año.
Roig lo atribuyó a lo que definió como una «carrera de obstáculos» desplegada por la propiedad: notificaciones, cambios de representación, recursos y fusiones societarias.
Defendió que no se puede impulsar un expediente ya caducado y que intentarlo «sin base técnica impecable» solo beneficiaría al infractor. Según explicó, el Ayuntamiento se encuentra actualmente en «vías ejecutivas directas», con una fecha ya fijada para que el alguacil municipal entre en la finca, valore la situación real sobre el terreno e inste el cese efectivo del asentamiento ilegal.
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Un asentamiento con episodios de violencia
Más allá de lo urbanístico, Ribas denunció que la finca se ha convertido en un asentamiento ilegal donde sobreviven decenas de personas en infravivienda, sin luz ni condiciones dignas.
Según ha informado en su momento La Voz de Ibiza, se han registrado episodios graves como una agresión sexual y un incendio provocado con gasolina a principios de julio de 2026, además de indicios de que alguien estaría cobrando alquileres ilícitos a personas en situación de vulnerabilidad, y de conexiones eléctricas y de agua ilegales a las redes municipales.
El Ayuntamiento confirmó que la propiedad ha presentado una denuncia por ocupación ante los juzgados, requisito imprescindible para iniciar la tramitación del desahucio.
Siete puntos rechazados en bloque
La moción socialista planteaba siete acuerdos: impulsar sin demora el expediente 11.038/2024 evitando una nueva caducidad; exigir explicaciones sobre por qué transcurrió casi un año entre el informe de febrero de 2024 y la declaración efectiva de caducidad; establecer informes trimestrales a los grupos municipales; hacer seguimiento activo del procedimiento judicial de desahucio; coordinarse con las fuerzas de seguridad y trasladar a Fiscalía los hechos que puedan ser constitutivos de delito, incluidos los indicios de cobro de alquileres ilegales y los enganches a las redes de agua y electricidad; coordinarse con servicios sociales para atender la vulnerabilidad de los residentes ante un eventual desalojo; y trasladar estos acuerdos al Consell de Ibiza, al Govern balear y a la Fiscalía de Ibiza y Formentera.
El equipo de gobierno, a través del propio alcalde Vicent Roig, votó en contra de los siete puntos, argumentando que aprobarlos supondría validar lo que calificó de «falsa narrativa de inacción» por parte del PSOE.
Roig sostuvo que el equipo de gobierno y los técnicos municipales llevan «meses, por no decir años, trabajando de forma rigurosa, coordinada y transversal» en el caso.
Sobre la situación social, Roig afirmó inicialmente que los técnicos municipales habían constatado formalmente que no existen casos de vulnerabilidad social entre los residentes de la finca, aunque matizó a continuación que sí existe seguimiento por parte del departamento de servicios sociales a determinadas unidades familiares, en atención a los menores que conviven en el asentamiento.
La concejala de Vox, Araceli Colomar, intervino con un tono crítico hacia el PSOE, celebrando que el grupo socialista «empiece a leer las noticias» sobre la ocupación de propiedades, y señalando que, según su información, la propietaria de la finca no había presentado la denuncia por ocupación hasta hace relativamente poco tiempo.
