El GEN-GOB de Ibiza, el GOB Mallorca y el GOB Menorca han trasladado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear sus objeciones al anteproyecto de nueva Ley Agraria, al considerar que algunas de sus disposiciones pueden favorecer la urbanización del suelo rústico, ampliar los usos turísticos del campo y reducir la capacidad de regulación de los consells insulares y ayuntamientos.
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La nueva Ley Agraria abre debate sobre viviendas, turismo y usos del suelo rústico en Ibiza
Las tres organizaciones se han reunido con el responsable autonómico para presentar propuestas destinadas a reforzar la protección del territorio y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas.
En un comunicado conjunto, las entidades sostienen que el apoyo al sector primario no debe implicar una flexibilización de los controles territoriales y ambientales. «El uso del suelo rústico debe ser para actividades agrícolas, no urbanísticas ni turísticas», afirman en la nota.
La posición de las organizaciones se conoce durante la tramitación del proyecto de Ley Agraria de Baleares, aprobado por el Consell de Govern y remitido al Parlament el pasado 4 de octubre. La reforma pretende mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias mediante nuevas posibilidades de actividad económica y cambios en la regulación de los usos del suelo rústico.
El GEN-GOB y las entidades de Mallorca y Menorca comparten la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los agricultores, pero cuestionan que algunas de las medidas previstas sean adecuadas para alcanzar ese objetivo. Según advierten, la presión inmobiliaria y turística dificulta el acceso a la tierra y puede desplazar las actividades productivas tradicionales.
Críticas a las competencias insulares
Uno de los principales reparos del movimiento ecologista se refiere a la relación entre la futura ley autonómica y las normas territoriales y urbanísticas aprobadas en cada isla.
Las organizaciones denuncian que el proyecto obliga a adaptar otras regulaciones a sus disposiciones, incluso cuando puedan existir contradicciones con instrumentos de planeamiento vigentes. A su juicio, esta previsión compromete la autonomía normativa de los consells insulares y de los ayuntamientos.
«No se respeta la autonomía normativa reconocida legalmente a cada isla», sostienen las entidades, que consideran especialmente preocupante que, según su valoración, los consells insulares no se hayan manifestado contra lo que califican como un ataque a sus competencias.
El comunicado va más allá y sostiene que determinadas previsiones del proyecto entrarían en contradicción con la legislación ambiental básica del Estado. Por eso, las organizaciones las califican de «inconstitucionales».
Petición para prohibir nuevas piscinas
El GEN-GOB y las otras organizaciones reclaman mayores garantías frente a la construcción de nuevas edificaciones y la implantación de usos residenciales o recreativos en el campo.
Entre sus propuestas figura prohibir la construcción de nuevas piscinas en suelo rústico, al considerar que estas instalaciones contribuyen a transformar el territorio hacia usos residenciales e incrementan la presión sobre los recursos hídricos.
Las entidades advierten de que la agricultura debe competir por el suelo con actividades inmobiliarias y turísticas que pueden ofrecer una rentabilidad superior.
«Los usos turísticos y residenciales no solo no son compatibles con la actividad agraria, sino que la condenan a la desaparición», afirman las organizaciones, que defienden una mayor separación entre la producción agrícola y las actividades ajenas al sector primario.
Rechazo a regularizar construcciones agrícolas antiguas
Otro de los puntos cuestionados es la disposición adicional primera del proyecto, que establece un procedimiento extraordinario para incorporar a la ordenación determinadas edificaciones, construcciones e instalaciones agrarias anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales de 1991.
Las entidades temen que este mecanismo pueda consolidar construcciones sin reconocimiento urbanístico ordinario y facilitar posteriormente nuevos usos en suelo rústico.
Por ello, solicitan revisar la disposición y establecer garantías para evitar que se convierta en «una vía de legalización de edificaciones irregulares ni de transformación urbanística del territorio». El GEN-GOB pide especial protección para los espacios naturales y las zonas de elevado valor ambiental o paisajístico.
Más ayudas a agricultura familiar y ecológica
Las tres organizaciones plantean también reforzar el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales y a la agricultura familiar. Defienden que estas explotaciones tengan prioridad en el acceso a las ayudas públicas y que se adopten medidas para facilitar el relevo generacional y la incorporación de nuevos agricultores, evitando la concentración de la producción y las subvenciones en un número reducido de explotaciones.
El comunicado reclama asimismo un reconocimiento expreso del carácter estratégico de la agricultura ecológica y medidas para impulsar la transición agroecológica, incluyendo el incremento de la compra pública de productos locales y ecológicos para comedores escolares, hospitales y otros centros dependientes de las administraciones.
Las organizaciones consideran que la actividad agraria desempeña funciones ambientales —conservación de la biodiversidad, mantenimiento del paisaje, prevención de incendios y protección del suelo frente a la erosión— y proponen estudiar una renta básica o salario de transición agraria para quienes mantengan explotaciones y asuman compromisos de conservación ambiental y producción sostenible.
Bancos de tierras para recuperar fincas abandonadas
Las tres organizaciones valoran positivamente que el proyecto contemple la creación de bancos de tierras, aunque reclaman que esta figura disponga de medios suficientes para funcionar.
«El acceso a la tierra es uno de los principales obstáculos para la incorporación de nuevos agricultores y agricultoras», señalan, relacionando esta dificultad con la continuidad de las explotaciones familiares.
Piden que los bancos de tierras cuenten con presupuesto, personal e infraestructura de gestión, y que prioricen el acceso de jóvenes agricultores, explotaciones familiares y proyectos de producción ecológica. Las entidades defienden que el futuro del campo balear debe basarse en hacer viable la producción agraria, en lugar de sustituirla progresivamente por actividades turísticas, residenciales o recreativas.
