A pesar de que la presión social ejercida durante años de manera sostenida por los responsables del Club Náutico de Ibiza frente a Autoridad Portuaria de Baleares (APB) surtió efecto y el concurso que adjudicará la gestión de las instalaciones que ocupó durante casi 100 años y que ahora gestiona Puertos y Litorales Sostenibles bajo la marca de Port Nàutic Ibiza le favorece al primar el deporte y desincentivar a las empresas con ánimo de lucro, la entidad centenaria de Ibiza que preside Damián Verdera ha decidido recurrir las bases.
El resultado del movimiento ha sido en primera instancia en balde. Y es que el Club Náutico de Ibiza solo ha logrado retrasar la adjudicación. Se trata, además, de un retraso baldío porque se mantiene la fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo contrato.
Esa es la síntesis del único movimiento jurídico relevante que ha registrado el concurso para la gestión de la instalación náutico-deportiva del muelle de Ribera-Poniente del puerto de Ibiza desde que se abrió el plazo de licitación el pasado 18 de mayo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 8 de julio publica la resolución por la que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el 7 de septiembre de 2026, tras estimar parcialmente el recurso de reposición que la entidad centenaria interpuso contra el pliego de bases del concurso.
La resolución, adoptada por el Consejo de Administración de la APB en su reunión del 25 de junio, es, sin embargo, un respaldo casi completo al diseño del concurso tal y como fue publicado.
El propio texto del acuerdo lo deja sin margen de interpretación: la APB confirma «la validez y plena vigencia de todos los demás extremos del pliego de bases objeto de impugnación», desestimando las demás pretensiones del recurso. La única concesión fue el plazo.
La Voz de Ibiza ha solicitado a la APB el contenido íntegro del documento presentado por el Club Náutico. Sin embargo, aludieron que «no se puede acceder al recurso de reposición» ya que «es un documento interno que forma parte del expediente del concurso«. Tampoco brindaron detalles de los puntos que pretendía modificar el CNI.
Un concurso con reglas muy exigentes
El concurso CC-C-I-0006 es el más relevante que ha lanzado la APB en el puerto de Ibiza en la última década. Quien resulte adjudicatario asumirá la gestión de 33.352 metros cuadrados de dominio público portuario —25.487 de espejo de agua y 7.866 de superficie terrestre— durante un máximo de 25 años, con una inversión comprometida que rondará los 20 millones de euros repartidos en dos fases.
La instalación, actualmente gestionada por Port Nàutic Ibiza, fue durante 99 años la sede del Club Náutico de Ibiza, hasta que en mayo de 2024 la APB otorgó su gestión temporal a Puertos y Litorales Sostenibles, empresa que la opera en régimen de autorización prorrogada hasta como máximo el 31 de diciembre de 2026.
Deporte, no solo amarres
El modelo de negocio que exige el pliego no es el de una marina comercial al uso. La APB busca una entidad capaz de combinar la explotación de amarres y servicios portuarios con un programa deportivo sin ánimo de lucro de envergadura, centrado en la vela y el piragüismo.
Esa lógica queda plasmada en el sistema de valoración: el criterio con más peso no es el proyecto de obras (25 puntos), sino el gasto anual comprometido en actividad deportiva, al que corresponden 30 de los 100 puntos posibles.
En palabras de la APB, la instalación deberá transformarse en «un referente en responsabilidad social en el sector náutico».
El modelo que diseñan los pliegos copia el ya lanzado en el puerto de Mahón de Menorca: no busca al mejor gestor de una marina comercial, sino a una entidad capaz de combinar la explotación de amarres y servicios portuarios con un programa deportivo sin ánimo de lucro de envergadura, centrado en la vela y el piragüismo.
Ese equilibrio entre negocio y función social es la columna vertebral de toda la licitación, y se traduce en un sistema de valoración donde el gasto deportivo comprometido pesa más que cualquier otro criterio, incluido el propio proyecto de obras.
El pliego fija un suelo de 550.000 euros anuales en deporte a partir del cuarto año de concesión, con un incremento mínimo del 2,5% anual desde el quinto. Ese mínimo, sin embargo, solo otorga 5 de los 30 puntos disponibles en ese criterio. Para aspirar a la puntuación máxima hay que ofrecer 1,5 veces la media de lo que propongan el resto de licitadores.
Ese dinero tiene además un destino muy regulado. Las clases de vela y piragüismo reconocidas como estratégicas por las federaciones autonómica y nacional deben absorber como mínimo el 70% del gasto.
El pliego exige flotas mínimas concretas —al menos 5 embarcaciones por clase en vela, 10 en las clases nacionales con Campeonato de Baleares—, participación en competiciones federadas con un número mínimo de barcos por categoría, y un equipo técnico con director de nivel 2 y al menos dos técnicos de nivel 1.
La razón de fondo que aduce el pliego enlaza con la Ley 39/2022 del Deporte: «El deporte deja de ser una actividad voluntaria o recreativa y pasa a ser un derecho social al que el Estado debe garantizar el acceso en condiciones de igualdad, promoviendo su valor como herramienta de cohesión, salud y ciudadanía».
Un dique nuevo desde cero y requisitos de acceso exigentes
Entre las exigencias técnicas más singulares figura la obligación de construir un dique de abrigo completamente nuevo dentro del espejo de agua concesional.
El dique flotante de 145 metros que instaló Port Nàutic Ibiza en julio del año pasado —un hito de ingeniería portuaria— es propiedad de la empresa y no revertirá a la APB, de modo que el nuevo concesionario parte de cero en esa infraestructura crítica.
El pliego además penaliza implícitamente la solución flotante en el sistema de puntuación: un dique vertical obtiene 5 puntos, uno en talud 3, y uno flotante apenas 1.
Por otra parte, para acceder al concurso se exige un patrimonio neto mínimo de 3,3 millones de euros y experiencia acreditada como gestor de una instalación náutico-deportiva, requisitos que reducen en la práctica el campo a operadores especializados del sector.
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