La Asociación de Amarristas de Talamanca, integrada por 48 socios residentes en Ibiza, ha expresado este jueves su rechazo a la actual redacción del proyecto para instalar 90 puntos de fondeo ecológico en la bahía, cuya ejecución ha asumido Ports IB después del cambio de criterio del Ministerio para la Transición Ecológica.
La entidad asegura que no se opone a ordenar los fondeos ni a proteger la posidonia, pero reclama estudios ambientales, participación de los usuarios históricos y una reserva de amarres para residentes.
La protesta se produce después de que el Govern anunciara que Ports IB trabaja para licitar las obras, con un presupuesto de 1,67 millones de euros y la previsión de impulsar el procedimiento durante septiembre, condicionado a obtener los informes y autorizaciones necesarios.
El proyecto había sido promovido inicialmente por el Ministerio, que posteriormente trasladó su ejecución al Ejecutivo balear sin concretar financiación ni un nuevo calendario, tal como avanzara La Voz de Ibiza.
Uno de los principales reparos planteados por los amarristas se refiere a la tramitación ambiental. Según la asociación, el proyecto contempla 90 fondeos y ocupa 31,14 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre, con 49 anclajes de taco químico y 41 muertos de hormigón, y su documento ambiental concluye que la actuación queda exenta tanto de evaluación de impacto ambiental ordinaria como simplificada.
Diferencias con otros campos de boyas
La asociación compara la tramitación de Talamanca con la de una zona de fondeo promovida por la Asociación de Amarristas de s’Arenal Petit, en sa Mesquida, Maó. Según sostiene la entidad ibicenca, ese proyecto prevé 25 embarcaciones sobre 1.727 metros cuadrados y está sometido a evaluación ambiental simplificada, una diferencia que considera necesario justificar frente al tratamiento dado a Talamanca.
«Una instalación de 25 barcas y 1.727 metros cuadrados pasa por evaluación ambiental, y una de 90 boyas y 311.400 metros cuadrados no. Alguien tendrá que explicar esa diferencia», afirma la Asociación de Amarristas de Talamanca en su comunicado.
La entidad añade que los campos de boyas de Porroig y sa Foradada fueron sometidos en 2023 a evaluación de impacto ambiental por la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares. Según expone la asociación, en Porroig el órgano ambiental exigió además un estudio de capacidad de carga biológica para establecer el número de boyas compatible con la conservación del hábitat protegido.
Estudios reclamados por los amarristas
La asociación fundamenta otra parte de sus objeciones en el Real Decreto 191/2026, que, según recoge su comunicado, entró en vigor el pasado 2 de abril y regula la autorización de campos de boyas sobre praderas de fanerógamas marinas.
La entidad señala que su artículo 6.3.b exige un estudio de capacidad de carga, justificar la imposibilidad de utilizar instalaciones portuarias existentes y evaluar las afecciones a otros usos sectoriales, especialmente los pesqueros.
Los amarristas aseguran que esos documentos no constan en el proyecto y explican que han solicitado por escrito a las administraciones implicadas que acrediten su existencia. También señalan que en la bahía existen trece casetas varadero cuyos titulares practican pesca marítima recreativa con licencia de la administración pesquera del Govern.
La entidad contrapone asimismo el proyecto actual con el que promovió el Ayuntamiento de Ibiza en 2016 para la misma bahía. Según la asociación, aquella propuesta incluía 98 puntos de fondeo, fue sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria, incorporaba un estudio de capacidad de carga y un servicio de recogida de residuos, aguas grises y sentinas y reservaba 30 amarres para embarcaciones de población local durante la temporada.
Ninguna de esas tres medidas figura en el proyecto actual, según sostiene la asociación. La propuesta que ahora impulsa Ports IB prevé 90 amarres para embarcaciones de hasta 20 metros. En su momento, se detalló que serían 16 para barcos a motor de hasta seis metros, 26 para esloras de hasta ocho, 34 para embarcaciones de entre ocho y 15 metros y otros 14 para esloras de entre 15 y 20 metros.
Críticas al carácter estacional
Los amarristas cuestionan también que el campo esté diseñado para funcionar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con una estancia máxima de tres días. A su juicio, estas condiciones responden a un modelo dirigido a embarcaciones de paso y no a quienes utilizan la bahía durante todo el año.
«Es un producto de temporada para embarcaciones de paso, el mismo en Mallorca que en Ibiza. Nosotros no somos usuarios de paso: nuestros fondeos llevan aquí décadas, y en algún caso desde 1957, tres generaciones de la misma familia», sostiene la asociación.
La entidad afirma además que el principal problema durante el verano es, a su juicio, «el descontrol de la náutica de alquiler» y defiende que sus integrantes son residentes que navegan y pescan durante todo el año. En la presentación del proyecto del pasado julio, precisamente, las administraciones realizaron un dispositivo de inspección en Talamanca que acabó con 20 inspecciones y siete actas por posibles incumplimientos relacionados con actividad náutica, fondeo y alquiler de embarcaciones.
Otro de los interrogantes planteados por la asociación es qué ocurrirá con las embarcaciones que no consigan una de las boyas disponibles. La entidad sostiene que el proyecto no analiza dónde fondearán y recuerda que, según la normativa de utilización de los campos de boyas del Govern que cita en su comunicado, cuando todas estén ocupadas las embarcaciones deberán situarse fuera del perímetro y fondear sobre arena.
La asociación también plantea dudas sobre otras posibles afecciones a la posidonia en la bahía y menciona los emisarios, la salmuera de la desaladora y el intercambiador de calor de la central eléctrica. Además, pregunta por el control de embarcaciones que fondean sobre pradera y cuestiona que se permitan yates de hasta veinte metros en estancias cortas sin un servicio de recogida de sentinas.
Cinco meses sin respuesta a las alegaciones
Los amarristas aseguran que presentaron alegaciones el 16 de marzo de 2026, durante el periodo de información pública abierto en el BOE, y que cinco meses después no han recibido respuesta.
Según su versión, conocieron posteriormente a través de la prensa que la ejecución pasaba del Ministerio a Ports IB, sin recibir una notificación formal sobre el estado del expediente ni sobre la resolución de sus alegaciones.
«Se puede ordenar una bahía contando con quienes la usan. En sa Mesquida son los propios amarristas quienes han promovido la ordenación de sus fondeos. Aquí no se nos ha llamado ni una sola vez», sostiene la entidad, que propone como referencia el modelo que asegura que se aplicó en el puerto natural de Addaia, en Menorca, mediante la sustitución progresiva de fondeos tradicionales por sistemas ecológicos sin desplazar a los usuarios históricos.
La asociación reclama ahora que se acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 6.3 del Real Decreto 191/2026, especialmente la existencia del estudio de capacidad de carga, y que se evalúe la afección del proyecto sobre los usos pesqueros y tradicionales de Talamanca.
También pide recuperar la reserva de amarres para residentes prevista en el proyecto de 2016 y permitir que los usuarios actuales continúen utilizando los fondeos existentes, regularizados y adaptados cuando resulte necesario, en lugar de retirarlos.
El proyecto presentado por Ports IB contempla como actuación previa la retirada de los fondeos tradicionales existentes, además de bloques de hormigón y otros elementos considerados obsoletos.
Por último, los amarristas solicitan que el campo tenga carácter anual y no únicamente estacional, que incorpore un servicio de recogida de sentinas y aguas residuales y que no se realice ninguna actuación material, incluida la retirada de fondeos, mientras no exista título habilitante. También reclaman que cualquier retirada se tramite mediante un expediente individual con audiencia al titular.
