El Ayuntamiento de Sant Joan ha descartado adquirir, expropiar o incorporar al servicio municipal la antigua red «pirata» privada de abastecimiento de agua potable de Port de Sant Miquel.
La decisión, adoptada por unanimidad en el Pleno del 30 de julio de 2026 y publicada en octubre, responde a un informe técnico que considera que las instalaciones, con más de cincuenta años de antigüedad, no reúnen las garantías acreditadas necesarias para integrarse en el futuro servicio público.
En su lugar, el Consistorio apuesta por construir una nueva infraestructura alimentada principalmente con agua desalada de ABAQUA.
La resolución pone fin a la posibilidad de incorporar globalmente las instalaciones privadas -que abastecen sin título a viviendas y locales- como solución definitiva, pero mantiene el objetivo municipal de asumir y ordenar el abastecimiento domiciliario.
Se trata de dos decisiones diferentes: el Ayuntamiento pretende hacerse cargo del servicio público sin convertirse en propietario de las tuberías, depósitos y captaciones que actualmente utiliza la empresa suministradora: RESM Suministro de Aguas SL, perteneciente a Hotel Investment Partners (HIP).
El acuerdo forma parte del expediente municipal 2639/2025, iniciado por el Pleno el 22 de diciembre de 2025. La Comisión de Estudio constituida el 22 de enero de 2026 analizó los informes de Salud Pública, Recursos Hídricos y los servicios técnicos municipales antes de recomendar que se descartara la adquisición de la infraestructura privada.
Una red con más de medio siglo de antigüedad
El informe técnico firmado el 13 de julio por el ingeniero Javier Colomar Riera concluye que no está acreditada la aptitud técnica, hidráulica, sanitaria, jurídica ni patrimonial del conjunto de la red.
Las instalaciones se desarrollaron históricamente para abastecer a determinados establecimientos privados y no fueron concebidas como una infraestructura pública capaz de atender a toda la población de Port de Sant Miquel.
El documento señala que las canalizaciones presentan trazados condicionados por propiedades particulares, ramificaciones no documentadas, posibles servidumbres sin formalizar y dificultades de acceso para realizar reparaciones. También advierte de la ausencia de inventarios completos, pruebas de estanqueidad y mediciones suficientes para determinar las pérdidas reales del sistema.
La antigüedad general de las instalaciones supera los cincuenta años, según los antecedentes municipales. El técnico considera que la rehabilitación de una infraestructura de esas características podría requerir inversiones próximas a las de una red nueva, sin eliminar necesariamente sus limitaciones de trazado y explotación.
Así, en sus conclusiones, establece que, “si la mayor parte de la red debe ser renovada o sustituida, su valor técnico y funcional para el Ayuntamiento puede ser nulo o incluso negativo, al comportar más obligaciones que utilidades”.
La conclusión municipal es que adquirir la infraestructura privada supondría asumir riesgos técnicos, económicos y patrimoniales difíciles de cuantificar, especialmente cuando ya existe una alternativa pública proyectada.
El Ayuntamiento tampoco descarta que puedan conservarse algunos tramos aislados si, tras una inspección individualizada, se acredita su buen estado, disponibilidad jurídica y utilidad para el futuro servicio.
Port Esmeralda se opuso a la municipalización
La tramitación encontró la oposición de Port Esmeralda, S.L., empresa históricamente vinculada a las instalaciones de abastecimiento de Port de Sant Miquel. La sociedad presentó alegaciones el 17 de marzo de 2026, en las que solicitó principalmente la nulidad del acuerdo inicial de municipalización y el archivo del procedimiento.
La compañía también cuestionó aspectos de la tramitación, como la composición de la Comisión de Estudio, el acceso al expediente y las garantías sobre la titularidad y los derechos patrimoniales de las infraestructuras. De manera subsidiaria, pidió la revisión de distintas actuaciones administrativas y reservó sus posibles derechos indemnizatorios.
El Pleno estimó parcialmente las alegaciones de Port Esmeralda en cuanto a la necesidad de respetar la propiedad de las instalaciones y evitar su adquisición o integración sin un título jurídico específico. No obstante, rechazó anular el procedimiento o archivar todas las actuaciones municipales.
La resolución establece que ninguna reparación de emergencia, inspección, conexión provisional o coordinación con los operadores privados podrá interpretarse como una adquisición o recepción de las instalaciones por parte del Ayuntamiento.
El objetivo es evitar que una intervención para mantener el abastecimiento implique asumir automáticamente la propiedad o las responsabilidades sobre la red antigua.
En tanto, Port Esmeralda no ha respondido a las consultas enviadas por La Voz de Ibiza.
Depósito adjudicado por 1,4 millones de euros
La solución prevista por el Ayuntamiento comienza con la construcción de un depósito regulador de agua desalada de 2.000 metros cúbicos de capacidad en Sant Miquel, acompañado de las correspondientes redes de enlace y preparado para la futura conexión con Port de Sant Miquel.
Las obras del depósito fueron adjudicadas el 29 de mayo de 2026 a IMESAPI, S.A. por 1.414.383 euros, sin IVA, según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato se formalizó el 4 de junio y contempla un plazo de ejecución de nueve meses.
El proyecto del depósito cuenta con una financiación de 1.763.788 euros procedente del impuesto de turismo sostenible, según la ficha oficial de Islas Sostenibles. La infraestructura permitirá almacenar y regular el agua desalada, mejorar las presiones y disponer de una reserva para afrontar posibles interrupciones del suministro.
La misma documentación sitúa el depósito a unos 200 metros sobre el nivel del mar y prevé que contribuya a abastecer una zona que concentra más de 1.400 plazas hoteleras en el puerto turístico. El proyecto maneja una demanda superior a 1.700 metros cúbicos diarios en temporada alta, lo que refleja la importancia de la capacidad de regulación durante los meses de mayor consumo.
Otra conducción de casi cinco kilómetros
El depósito no es la única infraestructura necesaria para sustituir el actual sistema privado. El Govern también contempla la construcción de una nueva conducción de 4,95 kilómetros desde Sant Miquel hasta el núcleo turístico de Port de Sant Miquel, para reemplazar esta red de agua «pirata».
Esta segunda actuación tiene un presupuesto de 695.397,64 euros e incluye sistemas de telecontrol y contadores de seguimiento para mejorar la gestión del suministro. Como informó La Voz de Ibiza, la inversión forma parte de los proyectos hidráulicos financiados con fondos del impuesto de turismo sostenible.
A diferencia del depósito, la ficha oficial del Govern, actualizada el 24 de agosto de 2026, todavía situaba la conducción hasta Port de Sant Miquel en fase de proyecto redactado y presupuesto aprobado.
La nueva infraestructura permitirá reducir la dependencia de los pozos privados y la presión sobre los acuíferos, además de facilitar la implantación de un servicio municipal con instalaciones diseñadas para cumplir las exigencias actuales de control y mantenimiento.
Suministro privado durante la transición
Hasta que la nueva red esté operativa, los vecinos y negocios de Port de Sant Miquel continuarán abasteciéndose mediante las instalaciones privadas existentes, a pesar de no tener el título correspondiente.
El Ayuntamiento sostiene que su prioridad es evitar una interrupción de un servicio esencial durante el desarrollo de las obras y los trámites administrativos.
Para ello, el Pleno encomendó a los servicios técnicos y jurídicos la preparación de un régimen transitorio escrito y limitado en el tiempo. Este documento deberá concretar qué instalaciones se utilizan, quién se responsabiliza del mantenimiento, cómo se realizan los controles sanitarios, qué condiciones económicas se aplican y cuándo finalizará el suministro provisional.
En su respuesta a La Voz de Ibiza, el Ayuntamiento reconoció que ese régimen todavía se encontraba en proceso de formalización y que su aprobación «está vinculada a la modificación del contrato con Aqualia».
El futuro abastecimiento exigirá, además, definir los puntos de suministro, completar los estudios de demanda y aprobar los instrumentos jurídicos, económicos y tarifarios necesarios para prestar el servicio público. La resolución de julio encomienda expresamente impulsar esos trámites.
