El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, defendió este martes en el pleno del Parlament los resultados del decreto contra el turismo de excesos en Ibiza, la norma que abrió a los ayuntamientos la posibilidad de rezonificar las áreas afectadas, «aunque no fue el caso de Sant Antoni». Bauzá respondía así al diputado socialista Marco Antonio Guerrero, que le había preguntado si creía que con cambiar el nombre del decreto bastaba para acabar con los excesos.
El cruce reabre un debate recurrente justo cuando la temporada alta empieza a coger ritmo en Ibiza, después de una semana marcada por sucesos en el principal foco turístico de la isla.
Qué defiende cada parte
Bauzá repasó las medidas incluidas en el decreto y las acciones impulsadas en Sant Antoni para reforzar la seguridad durante la temporada, que vinculó directamente a «la modificación del decreto para un turismo responsable».
Guerrero lo negó de plano. El diputado socialista atribuyó al PP el fomento de este modelo turístico durante años y lo relacionó con decisiones como la rebaja del decreto de excesos o la normativa sobre fiestas ilegales, que según él proliferan «con impunidad» en Ibiza. «Ustedes están fomentando este turismo de excesos y, como siempre, las consecuencias las pagan los de siempre, los residentes», replicó.
Para sostener su argumento, Guerrero citó dos casos de balconing registrados en la isla en las últimas horas y la pelea que días atrás se produjo en la calle donde se ubica el mural del artista Okuda, en pleno West End. «Le dije que aquella era la realidad de mi pueblo y no la que vio usted el día de la inauguración de aquel grafiti», dijo, dirigiéndose al PP.
Dos balconing graves en menos de 24 horas
Los sucesos a los que aludía Guerrero son reales y recientes. Según informó la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, dos hombres ingresaron con lesiones de gravedad tras precipitarse desde altura en menos de 24 horas. El primero, un joven estadounidense de 19 años, cayó desde unos 12 metros en Santa Eulalia el domingo y permanece en la UCI con fracturas vertebrales y traumatismo pulmonar. El segundo, un varón de unos 29 años, se precipitó el lunes desde un séptimo piso en Sant Antoni y pasó directamente a quirófano con un pronóstico muy grave. El centro no facilitó las circunstancias de las caídas, que investigan la Guardia Civil y la Policía Local.
A ambos episodios se sumó la difusión en redes de un vídeo de una pelea a puñetazos entre dos hombres con la camiseta ensangrentada sobre la obra de Okuda, en el carrer de Santa Agnès, la vía más transitada del West End.
Un decreto que cambió de nombre, pero mantuvo la zonificación
El decreto al que aludían ambos es el Decreto-ley 1/2020 contra el turismo de excesos, modificado en mayo de 2024. Aquella reforma cambió la denominación de la norma —pasó a llamarse «por el turismo responsable y la mejora de la calidad en zonas turísticas»— al considerar el Govern que la referencia a los «excesos» no favorecía la imagen de la principal industria de las islas.
Pese a que la idea inicial pasaba por eliminar la zonificación, finalmente se mantuvo la delimitación de las zonas afectadas en Palma y Sant Antoni, mientras se modificaban las de Calvià y Llucmajor. Según consta en el BOE y en la información oficial del Govern de la época, esa zonificación se conservó en Sant Antoni a petición expresa del propio sector hotelero, que había pedido herramientas y efectivos de seguridad antes que un simple cambio de límites. La reforma incorporó además la prohibición de consumir alcohol en la vía pública en las zonas afectadas, con sanciones de entre 500 y 1.500 euros.
El plan de seguridad más ambicioso del municipio
El debate parlamentario llega apenas una semana después de que el Ayuntamiento de Sant Antoni presentara su Plan Operativo de Seguridad para el verano 2026, en vigor hasta el 29 de septiembre. El alcalde, Marcos Serra (PP), lo definió como «el más ambicioso que ha tenido Sant Antoni en su historia»: diez nuevos agentes de Policía Local —que elevan la plantilla de 59 a 69 efectivos—, el refuerzo diario de cuatro agentes en horario de tarde y noche en zonas como el West End, el Passeig de la Mar o la zona de la puesta de sol, y la ampliación de la red de videovigilancia de 40 a 119 cámaras.
El choque parlamentario evidencia que el debate sobre el turismo de excesos en Ibiza sigue abierto al inicio de la temporada, con un decreto reformado, planes de seguridad reforzados y dos modelos enfrentados sobre cómo reconducir la imagen de la isla.
