Hasta la temporada 2026 no se empezarán a notar los efectos del reglamento acordado la semana pasada entre el Consejo Europeo, bajo presidencia española, y el Parlamento Europeo con el objetivo de frenar el alquiler turístico ilegal.
Esta medida se sumará en la batalla contra el alquiler turístico al que se espera trascendental cambio normativo introducido recientemente en Baleares y que permite la clausura de pisos turísticos de forma preventiva. Previamente, el Govern aprobó endurecer las sanciones a propuesta del Consell de Ibiza.
Recientemente, el presidente de Ibiza, Vicent Marí, aprovechó un breve encuentro con el entonces ministro de Turismo en la World Travel Market para reclamar al Gobierno una mayor implicación en la lucha contra este fenómeno. En cualquier caso, para la Caeb son necesarios nuevos cambios normativos.
Este es el contexto de un fenómeno que no ha habido cambio normativo que hasta ahora haya podido frenar. Esta práctica incide directamente en el mercado de la vivienda residencial en la medida en la que reduce la oferta de pisos para alquileres de larga duración y, por lo tanto, suben los precios.
Tres hitos
El registro único europeo de todas las propiedades que son comercializadas turísticamente, un identificador único para cada inmueble que permita la trazabilidad y el acceso a la información que sea de su competencia a las administraciones locales, los tres de los hitos del texto, requieren un desarrollo informático por parte de los estados miembros y de las plataformas que necesitan un plazo para poder ser efectivas.
El reglamento adquirirá validez jurídica cuando sea aprobado, según la legislación europea.
Se espera que la aprobación llegue antes de final de año. A partir de entonces, los estados miembros y los operadores privados trabajarán para que pueda ser aplicado.
24 meses es el plazo que maneja el Gobierno para incorporar al ordenamiento jurídico español aquellas disposiciones del citado reglamento que lo requieran y poder disponer de la plataforma informática.
Cambios normativos
Los reglamentos europeos tienen validez sin necesidad de ser transpuestos a los ordenamientos del los estados miembros. Sin embargo, es habitual que su aprobación conlleve cambios normativos para clarificar la norma, evitar contradicciones si las hubiera o añadir nuevas disposiciones.
También es habitual que los reglamentos europeos conlleven cambios en los regímenes sancionadores o propicien la introducción de nuevas sanciones al haberse tipificado como ilegales nuevos casos.
Nueva plataforma
De forma paralela, el Ministerio de Turismo deberá redactar los requerimientos técnicos que deberá tener la futura plataforma informática en la que los usuarios deberán registrarse para obtener el identificador único, una especie de DNI para la propiedad, que facilitará la trazabilidad y su conectividad con el resto de usuarios en un entorno de máxima protección ante el riesgo de ciberataques, ya que albergará numerosos datos personales.
La plataforma mantendrá algún tipo de conectividad con el resto de plataformas que desarrolle cada estado miembro, ya que se trata de un registro único europeo. Los números de identificación de cada propiedad también serán únicos y deben poder ser verificados por las autoridades.
Asimismo, también permitirá el acceso a determinada información a las administraciones autonómicas y locales en función del ámbito de sus competencias.
La otra pata de la medida es la conectividad con las plataformas que ha de permitir a las administraciones competentes acceder a los datos de la actividad que ha tenido un determinado número de identificación.
Limitado por días
Por ejemplo, es importante que las autoridades puedan tener acceso al número de días y las fechas en las que ha sido comercializado un bien, ya que hay numerosa normativa que permite determinados alquileres durante un determinado número de días al año o un determinado periodo.
Sucederá en Ibiza cuando entre en vigor la modificación del PTI que permite el alquiler de habitaciones en casas payesas situadas en Aneis durante un máximo de 60 días al año. También fija el mismo plazo la normativa de las agroestancias y la normativa turística balear para determinados alquileres, salvo que lo prohíba expresamente la zonificación aprobada por cada consell.
Tras la publicación de las bases con los requisitos técnicos, se licitarán los trabajos y, una vez contratados, la consultora adjudicataria debe programar la plataforma y entregarla. El proceso es muy parecido a cualquier obra pública, lo que implica imprevistos, ya que los pliegos nunca recogen todas las eventualidades, retrasos y deficiencias.
