El Govern ha ordenado la demolición de la terraza, la piscina y el embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez situados en dominio público marítimo-terrestre en Costa dels Pins, en el municipio mallorquín de Son Servera, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional. La resolución anula las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente que permitían el uso de estas instalaciones.
La medida ha sido adoptada por la Dirección General de Costas tras un proceso judicial que se remonta a varios años. El fallo se conoció en 2021 y posteriormente fue recurrido por el hijo del periodista ante el Tribunal Supremo, que no admitió el recurso a trámite.
Cinco años después, el propio Pedro J. Ramírez ha solicitado el derribo de las instalaciones para dar cumplimiento a la sentencia judicial. Será el periodista quien deba solicitar las licencias necesarias y ejecutar las actuaciones de demolición.
Dos décadas de conflicto
El origen del caso se sitúa a inicios de siglo, cuando se autorizó la construcción en un terreno del dominio público marítimo-terrestre. El permiso fue concedido en la etapa en la que el expresidente del Govern Jaume Matas ocupaba el cargo de ministro de Medio Ambiente.
La concesión generó controversia política, judicial y social durante años. Aunque el Lobby per la Independencia presentó una denuncia contra Matas, la Fiscalía balear la archivó al no apreciar infracción penal.
Los denunciantes sostenían que existía responsabilidad penal por la concesión otorgada en 2001, vinculada, según su versión, a la relación personal entre Matas y el periodista. Paralelamente, el GOB solicitó la nulidad de la concesión al considerar que vulneraba la Ley de Costas.
Diversos partidos y colectivos también mostraron su rechazo a la instalación y protagonizaron movilizaciones. Entre ellas, protestas en 2005 y 2006 frente a la finca, tanto por parte de formaciones políticas como de organizaciones sociales.
La controversia derivó finalmente en los tribunales, donde la Audiencia Nacional declaró nulas las órdenes ministeriales que amparaban las instalaciones. Esta decisión es la que ahora se ejecuta con la orden de demolición.
