Todos los caminos conducen a un verano 2026 sin chiringuitos en Formentera. Los actuales concesionarios han quedado contra las cuerdas y, más tarde o más temprano, el Consell Insular de Formentera acabará perdiendo la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por las flagrantes irregularidades documentadas por los técnicos de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua y, con eso, también se producirá la caducidad de las licencias de los ocho kioscos de playa del megaconcurso bajo sospecha.
Tras analizar el informe técnico de la jefa del Servicio de Concesiones, el instructor de las diligencias previas ha pedido “promover, sin mayor dilación, la incoación del procedimiento de caducidad”, ya que hay pruebas suficientes de que no se han cumplido las condiciones esenciales del título concesional.
Aunque el Reglamento General de Costas establece un “plazo máximo” de 18 meses para “resolver y notificar la resolución en los procedimientos de caducidad”, el informe jurídico establece que “resulta conveniente acordar su inicio a la mayor brevedad, a fin de depurar de manera ordenada los incumplimientos y responsabilidades eventualmente concurrentes y evitar la prolongación de una situación de incertidumbre sobre la adecuación de las instalaciones a las condiciones esenciales de la concesión”.
Por eso, se estima que la resolución se producirá en los próximos meses, antes de la temporada estival 2026.
Medidas provisionales
Otro indicio que alimenta este escenario es que el informe jurídico avanza con la posibilidad de tomar medidas provisionales mientras se tramita el expediente de caducidad.
De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y el Reglamento General de Costas, “la incoación permite —con audiencia— suspender el uso de las instalaciones no conformes y ordenar el levantamiento cautelar de elementos que comprometan distancias o protección dunar, cuando ello sea necesario para evitar la consolidación de efectos contrarios a la legalidad demanial”, según detalla el informe que obra en poder de La Voz de Ibiza.
Además, el instructor de las diligencias previas, Pablo Giménez Vera, plantea que, a pesar que en esta fase la Administración “no exige una ‘prueba plena’ de la totalidad de los extremos, sino indicios consistentes y razonables de incumplimientos esenciales”, en este caso sí que “concurren sobradamente”.
“El procedimiento de caducidad permitirá la contradicción del titular y, en su caso, la práctica de pruebas periciales complementarias, pero la densidad indiciaria actual es suficiente para abrir el expediente de caducidad”, determina.
“Sin dilaciones”
Los incumplimientos -que van desde el no desmontaje durante el invierno pasado, la comprobación de que varios kioscos no son desmontables y la falta de documentación técnica suficiente- son “elementos bastantes para iniciar el procedimiento de caducidad, acompañándolo, si resulta necesario, de medidas provisionales dirigidas a evitar la consolidación de efectos y con traslado al servicio sancionador para la valoración de la apertura de expediente”, explica el informe jurídico.
Por eso, promueve la incoación del procedimiento de caducidad lo más rápido posible: “Sin mayor dilación”, dice.
Tal como establece el informe que obra en poder de La Voz de Ibiza, “aunque la diligencia de instrucción de 9 de octubre de 2025 preveía la remisión del presente informe al Consell Insular de Formentera a efectos de audiencia en el marco de las diligencias previas, el análisis conjunto de los hechos e indicios acreditados en la documentación obrante permite considerar suficientemente constatada la necesidad de promover, sin mayor dilación, la incoación del procedimiento de caducidad”.
Además, aclara que, en la tramitación de este procedimiento “se garantizará la audiencia del Consell Insular de Formentera respecto de los hechos y posibles incumplimientos detectados, con todas las garantías propias de la fase contradictoria”, al igual que a los concesionarios involucrados.
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