Diecisiete entidades vecinales y ecologistas de Mallorca han constituido una plataforma para coordinar acciones contra el traslado de residuos de Ibiza a la planta de valorización energética de Son Reus, cuyo primer envío está previsto para la madrugada del 16 de julio. La iniciativa busca informar y movilizar a la ciudadanía mallorquina en contra de una operación que consideran perjudicial para la isla.
La plataforma se constituyó el pasado 9 de julio en una reunión en el Casal de Barri de Son Sardina, impulsada por la Asociación de Vecinos de Son Sardina y el GOB, según ha informado la organización ecologista. En el encuentro participaron asociaciones vecinales y grupos ecologistas como Terraferida, Amics de la Terra, Amics de la Vall de Coanegra, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma o la plataforma s’Indioteria, y otros colectivos han anunciado su adhesión en los próximos días.
Los motivos del rechazo
Entre las razones que esgrimen las entidades figuran el riesgo de accidentes y vertidos durante el transporte y las molestias por olores que, a su juicio, generará el traslado. En este punto, la plataforma sostiene que los residuos se trasladarán «a granel y no en balas compactadas», una afirmación que choca frontalmente con la versión del Consell de Ibiza. La institución ha asegurado —y así lo recoge el convenio firmado entre ambas islas— que la fracción rechazo viajará empaquetada en balas compactadas, flejadas y retractiladas, en vehículos completamente cerrados, un tratamiento que —según defiende— no se aplica en ninguna otra isla de Baleares.
Las entidades alertan además de que la incineración de los residuos ibicencos incrementará la producción de escorias y cenizas en Mallorca y podría reducir la vida útil del vertedero destinado a esos materiales. También advierten de un posible colapso del depósito de seguridad de Son Reus: según sus cálculos, al detenerse el mantenimiento preventivo de dos de las cuatro líneas de incineración en enero y febrero, la basura trasladada consumiría el 75% de la capacidad de reserva de seguridad de Mallorca.
Una discrepancia en las cifras
Uno de los argumentos de la plataforma choca con los datos que han ofrecido las instituciones. Las entidades recuerdan que «se habla de transportar unas 80.000 toneladas anuales» e insisten en que Ibiza tiene un porcentaje de separación selectiva menor, lo que elevaría esa cifra un 35% sobre lo comunicado. Sin embargo, esas 80.000 toneladas no son el volumen del plan piloto que arranca ahora: corresponden a la estimación del total de la fracción rechazo que genera Ibiza al año, la cifra del sistema a pleno rendimiento. El Consell de Ibiza ha situado el arranque del piloto en una horquilla de entre 30.000 y 40.000 toneladas anuales, con margen para aumentarla progresivamente.
También sobre la capacidad de la planta receptora hay versiones enfrentadas. Mientras la plataforma advierte de un riesgo de saturación, el Consell de Mallorca ha sostenido que Son Reus opera actualmente en torno al 70% de su capacidad y que dispone de margen suficiente para asumir la fracción rechazo procedente de Ibiza. La reserva de capacidad y su comportamiento durante los periodos de mantenimiento son, precisamente, uno de los puntos en los que ambas posturas no coinciden.
Críticas a la rebaja de tarifa
Uno de los reproches más duros apunta a la rebaja del 10% en la tarifa de residuos anunciada por el Consell de Mallorca. Las entidades la califican de «fraude» y sostienen que los 50 millones de euros de subvención del Govern suponen «el reparto de los costes» por lo que consideran un fracaso en la gestión de Ibiza. «Este proyecto carga a todos los habitantes de Mallorca con la mala gestión y el fracaso del Consell de Ibiza», han denunciado. La rebaja de la tarifa, no obstante, fue uno de los compromisos que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presentó como beneficio del acuerdo desde su anuncio inicial.
Un recurso ya admitido a trámite
Durante la reunión, el GOB informó también de la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo presentado contra la adjudicación del contrato del servicio de transporte de residuos, que el Consell de Ibiza tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad —una fórmula que evita la concurrencia de otras empresas y que el Consell justificó en que, por imposición legal, el servicio solo podía encomendarse a la concesionaria del vertedero, la UTE GIREF—. Las entidades no descartan nuevas acciones de protesta y acordaron organizar actos informativos en los próximos días.
La creación de esta plataforma supone un paso más en la movilización que el propio GOB y los colectivos vecinales venían impulsando en las últimas semanas para frenar el traslado, y eleva la presión social sobre una operación que arranca esta misma semana en medio de una notable controversia política y ciudadana en ambas islas.
