El conflicto entre el Govern balear y el Gobierno central por la regulación del alquiler de embarcaciones privadas conocido como ‘Airbnb náutico’ ha pasado del plano político al judicial. El Ejecutivo autonómico ha reaccionado con dureza al contencioso-administrativo interpuesto por el Estado contra su normativa, que prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones recreativas durante tres meses añ año.
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Desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua se insiste en que la medida es necesaria para garantizar la seguridad marítima, proteger el litoral balear y reforzar el ejercicio de las competencias propias en materia de puertos y ordenación náutica.
Según avanza Mallorca Diario, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha explicado que el recurso no ha sorprendido al Ejecutivo balear. “Nos esperábamos este recurso. Ya nos habían avisado. Lo que no entendemos es la obsesión del Estado con esta normativa, ahora menos que nunca”, ha afirmado.
Mercant ha criticado que el Gobierno haya recurrido aspectos concretos de la norma como la bandera indicativa obligatoria, la venta de tickets o la limitación del alquiler a un máximo de tres meses, medidas que, a juicio del Govern, buscan frenar un fenómeno que estaba creciendo al margen de la legalidad y sin controles suficientes.
“No existía una demanda real en Baleares para esta actividad”
Desde la Conselleria remarcan que la normativa no responde a una ideología ni a una cruzada contra el sector, sino al intento de poner orden a una práctica que había generado un impacto directo sobre puertos, calas y la convivencia marítima.
“No existía una demanda real en Baleares para esta actividad. No entendemos qué beneficio puede tener inyectar más embarcaciones turísticas en nuestro mar”, ha señalado Mercant, subrayando que muchas de estas embarcaciones operaban sin amarres adecuados ni supervisión técnica.
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El conflicto ha adquirido también un tinte político. Según recuerda el Govern, la diputada del PSIB Milana Herrera anunció en julio que existía un acuerdo con el Gobierno para eximir a Baleares de la normativa estatal. Sin embargo, la presentación del recurso desmiente ese compromiso.
“Ese acuerdo se ve que no era tan real como se prometió. Habría que preguntar al PSIB qué ha pasado para que ahora el Estado presente este recurso”, ha afirmado Mercant, lamentando el “embrollo entre PSOE y PSIB” y la confusión generada.
Solo tres embarcaciones han pedido el cambio
Los datos ofrecidos por el propio Govern ponen en duda el impacto real que tendría permitir esta actividad. Según Mercant, solo tres embarcaciones en toda Baleares —dos en Menorca y una en Mallorca— han solicitado el cambio a la lista comercial temporal.
“Con estos números, el recurso no se entiende desde el interés general”, ha apuntado el responsable de Puertos, sugiriendo que detrás del recurso hay más presión privada que voluntad pública.
En tanto, desde el Partido Popular balear se ha acusado abiertamente al Gobierno de actuar al dictado de intereses empresariales, señalando a plataformas como ListaSeptima.com como posibles beneficiarios de una eventual liberalización del sector.
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Mercant no ha descartado esa interpretación: “Da la sensación de que aquí no se está defendiendo el interés colectivo, sino el beneficio particular de quienes quieren hacer negocio con nuestro litoral”, ha advertido.
“No invadimos competencias; cubrimos sus incompetencias”
Uno de los mensajes más contundentes del Govern ha llegado al abordar el supuesto conflicto competencial. Mercant ha negado que se estén sobrepasando los límites autonómicos y ha lanzado una crítica directa al Gobierno central: “No estamos invadiendo competencias del Estado; estamos cubriendo sus incompetencias”.
Según ha denunciado, la vigilancia marítima estatal está centrada en el control de pateras, el tráfico de drogas y aduanas, por lo que no dispone de recursos suficientes para controlar el fenómeno del alquiler turístico de barcos.
“Nosotros actuamos donde el Estado no lo hace”, ha sentenciado.
A pesar de la contundencia del discurso, el Govern ha dejado claro que acatará el resultado del proceso judicial si este prospera. “Hablaremos con la mesa náutica y aplicaremos las modificaciones que correspondan”, ha indicado Mercant.
No obstante, ha advertido del riesgo de abrir la puerta a prácticas descontroladas si se flexibiliza la normativa: “No queremos que la gente venga, haga la temporada y se vaya dejando su basura. No buscamos coartar, sino controlar”.
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