El Consell de Ibiza ha logrado cifras de récord en su lucha contra la actividad ilegal en el sector del transporte, impulsada por el Plan de Intrusismo, una estrategia integral financiada con 4 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para el Consell. El objetivo principal de este plan ha sido proteger la seguridad de los usuarios, garantizar una competencia justa y defender el sector legal del transporte en la isla.
Más de 600.000 € en sanciones
De acuerdo con el reporte, la intensificación del dispositivo de inspección ha tenido un impacto financiero contundente, evidenciando que las redes de transporte ilegal están siendo golpeadas donde más les duele: el bolsillo. La recaudación en sanciones a transportes ha experimentado un incremento masivo del 266%.
Mientras que en 2019 los ingresos por multas ascendieron a 163.881 € y en 2024 a 433.748 €, la cifra alcanzó los 601.031 € hasta el 31 de octubre de 2025.
Además de la recaudación directa, el esfuerzo de vigilancia impidió que una gran cantidad de dinero fluyera hacia el mercado negro. Según la estimación del Departamento de Inspección, se evitaron 2.496.582 € que habrían ido a parar al transporte ilegal.

Récord de multas y vehículos inmovilizados
El operativo de vigilancia, que incluyó la contratación de 6 inspectores nuevos y 4 agentes de transportes, permitió gestionar 588 boletines de denuncia hasta el 31 de octubre de 2025. Esta cifra es superior a la registrada en todo el año 2024 (412) y a la de 2019 (373).
La contundencia se reflejó también en el número de actuaciones y expedientes:
- Se abrieron 619 expedientes sancionadores.
- De estos, 405 están pendientes de resolución y 159 ya han realizado el pago voluntario.
- Se inmovilizaron 161 vehículos hasta octubre de 2025. Esta cifra es prácticamente el doble que en el mismo período de 2024 (92), lo que representa un incremento del 75% en vehículos inmovilizados.
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El Aeropuerto y las zonas de ocio, focos de intervención
La estrategia se concentró especialmente en los puntos sensibles. El dispositivo más destacado fue el implementado en el Aeropuerto de Ibiza, donde los inspectores del Consell mantuvieron una presencia continua de 14 horas al día.
Como consecuencia, se logró una reducción de más del 95% en la presencia de conductores pirata. El protocolo, acordado con AENA, contó con inspectores que identificaban a los transportistas ilegales, luego, la seguridad privada de AENA los expulsaba de la terminal, y la Guardia Civil intervenía en caso de desobediencia o reincidencia.
Además, el plan se amplió para abordar nuevas modalidades de intrusismo, como el alquiler ilegal de vehículos, y para realizar acciones informativas y de vigilancia en grupos de WhatsApp utilizados para coordinar actividades irregulares, así como en espacios con gran presencia de visitantes y zonas de ocio. Para estas tareas, se realizó la primera inversión destinada a impulsar actuaciones específicas de control, incluyendo la contratación de detectives.
Beneficios para el transporte legal
La colaboración entre administraciones resultó clave para aumentar la eficacia y la seguridad de las intervenciones. El dispositivo robusto se basó en la coordinación permanente, sumando un total de 583 actuaciones combinadas:
- Inspección del Consell: 370 actuaciones.
- Policías Locales (Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària): 171 actuaciones.
- Guardia Civil: 42 actuaciones.
Las medidas implantadas, según destaca el informe, tuvieron un impacto positivo en el transporte colectivo y el servicio de taxi. Se observó una mayor utilización del transporte público en la conexión con el aeropuerto. El número total de movimientos de taxi (destino y origen aeropuerto) aumentó de 506.919 en 2024 a 522.094 movimientos totales en 2025. Esta evolución confirma la tendencia creciente de uso y refuerza la importancia del servicio de taxi como pieza clave de la movilidad.
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