Las inmobiliarias de Ibiza advierten de que las nuevas medidas del Gobierno pueden provocar que más propietarios retiren sus viviendas del alquiler anual. El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Pimeef, Zenón Helguera, cuestiona con dureza la mayor protección frente a determinados desahucios y las nuevas prórrogas de los contratos porque, a su juicio, vuelven a trasladar al dueño de la vivienda el coste de un problema social. «Están poniendo el foco del problema en los propietarios. El foco del problema no son los propietarios. No hay suficiente vivienda en España, ni en Baleares, ni en Ibiza», sostiene.
Entre las medidas que han encendido las críticas del sector está la posibilidad de suspender hasta el 31 de diciembre de 2030 determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, además de una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y un nuevo régimen que permite prolongar los alquileres después de sus primeros cinco años —siete cuando el propietario es una empresa—. Son algunas de las principales novedades de los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez.
«Claro que puede hacer que algún propietario decida no alquilar»
«El hacer la prórroga de alquileres o quitar los desahucios es quitarle más seguridad jurídica al propietario», arranca Helguera al valorar las medidas. El decreto no establece una prohibición general de todos los desahucios: hasta finales de 2030 permite suspender determinados procedimientos cuando el afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad y carece de alternativa habitacional, con diferentes reglas según quién sea el propietario.
Para Helguera, el aumento de las garantías al inquilino puede acabar expulsando oferta del mercado residencial. «Estamos viendo, como en muchas zonas de España, que cuando se piden alquileres ya se alquila solamente a empresas», afirma, y sostiene que algunos propietarios buscan fórmulas que queden fuera del alquiler habitual.
«Las del Gobierno son medidas que, aunque seguramente están bien intencionadas, están pensadas en forma rápida y mal», asegura. Y lleva su crítica un paso más allá: «Cuanto más derechos retiramos a los propietarios legítimos de una propiedad, más van a retirar, más propietarios van a decidir no alquilar para todo el año y alquilar solamente a empresas».
En esa línea, Helguera asegura que «sin duda» los nuevos decretos pueden reducir todavía más la oferta en una isla con graves problemas para encontrar vivienda.
A su vez, el Gobierno ha establecido una prórroga extraordinaria de hasta dos años, a petición del inquilino, para determinados contratos vigentes cuyo periodo obligatorio termine antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan las condiciones previstas, entre ellas estar al corriente del pago.
Para Helguera, el problema de fondo no se resuelve endureciendo las obligaciones de quienes ya alquilan. «No hay suficiente vivienda en España y en Ibiza y en Baleares», insiste. Reclama más vivienda protegida y de precio limitado y cuestiona abiertamente la estrategia elegida: «Es ridículo. Cuanto más pones el foco en ello y más estás castigando a estas personas, al final más las retiran del alquiler».
Inmobiliarias y honorarios
Desde la Ley de Vivienda de 2023, en los alquileres de vivienda habitual los honorarios de la agencia y los gastos de formalización del contrato corresponden al arrendador. El nuevo decreto refuerza ahora esa prohibición y especifica que tampoco podrán cargarse al inquilino de forma indirecta o bajo otra denominación, incluyendo los servicios relacionados con la preparación, gestión, modificación o renovación del contrato.
Helguera sostiene que la obligación vigente desde 2023 ya ha provocado cambios en el mercado. «¿Esto qué ha hecho? Que los propietarios alquilen ellos mismos las propiedades», afirma.
A su juicio, algunos dueños han prescindido de las agencias para evitar ese coste, con una consecuencia que, según sostiene, también afecta al arrendatario: «Al final, los inquilinos no tienen el asesoramiento de un profesional porque el propietario decide alquilarlo directamente para ahorrarse el honorario de la inmobiliaria».
Prórrogas de cinco y siete años
El segundo decreto refuerza todavía más la continuidad de los contratos. Una vez superados los primeros cinco años —siete si el arrendador es una persona jurídica—, si las partes no comunican que quieren terminar la relación, el alquiler se prorroga por otros cinco o siete años. Si es el propietario quien decide no continuar, debe avisar con seis meses de antelación y, con determinadas excepciones, indemnizar al inquilino con al menos doce mensualidades.
Helguera, sin embargo, no defiende que el propietario pueda desalojar libremente al inquilino en cualquier momento. «¿Debería de ser libre de recuperarlo cuando quisiera? Quizás no. Hay que dar unos derechos, pero también hay que dar unos derechos al propietario», afirma.
«No te puedo echar en cualquier momento, pero tampoco tiene que ser que el inquilino tenga más derechos que el propietario», añade. A su juicio, la actual Ley de Arrendamientos Urbanos «es bastante equilibrada» y el problema aparece especialmente cuando se entra en situaciones de impago y vulnerabilidad.
Ahí es donde el discurso de Helguera se endurece especialmente. «No puede ser que una persona no pague y se quede en el piso durante dos o tres años. Es una absoluta locura», afirma.
El presidente de las inmobiliarias de Pimeef rechaza que los propietarios deban hacerse cargo de problemas sociales que, considera, corresponden a los poderes públicos. «Quien tiene que resolver los temas sociales no son los propietarios que han comprado un apartamento o dos apartamentos con el sudor de su frente y luego lo ponen a alquilar».
«Quizás si el inquilino no me paga y el Gobierno considera que es una persona que necesita ayuda y demás, que pague la renta el Gobierno. Pero no el propietario». La nueva norma contempla compensaciones a determinados propietarios cuando un procedimiento queda suspendido, con límites sobre las rentas y suministros dejados de percibir.
Bonificaciones: «Es la vía correcta»
Hay un apartado del paquete que sí recibe el respaldo de Helguera: los incentivos fiscales. El Gobierno ha introducido nuevas reducciones para propietarios que cumplan determinadas condiciones sobre los contratos y las rentas.
«Esas son las medidas que me parecen positivas. Son excepciones fiscales donde, si cumplimos una serie de requisitos, tienes una bonificación fiscal», afirma. Para Helguera, la diferencia está en que el coste lo asume en este caso la Administración y no se traslada al propietario.
