La Sección Segunda de la Audiencia Provincial se sienta este miércoles en el banquillo a un hombre de 50 años y nacionalidad uruguaya, acusado de un delito de abuso sexual continuado sobre su propia hija. Los hechos, que se remontan al año 2019 en la isla de Ibiza, han llegado finalmente a juicio tras una instrucción que describe un patrón de manipulación y coacción hacia la víctima.
Un entorno de miedo y silencio
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los abusos se produjeron de manera reiterada en el domicilio familiar. El procesado presuntamente abordaba a la menor, que en aquel entonces tenía solo 13 años, en estancias comunes y privadas de la vivienda, como la cama, el sofá o el baño, según adelantó Radio Ibiza.
El relato de la Fiscalía es especialmente crudo al detallar las tácticas de manipulación emocional empleadas por el padre. El acusado llegaba a pedirle a la niña que guardara silencio bajo el pretexto de que el resto de la familia ya estaba «muy enfadada con él», utilizando la culpa para asegurar su impunidad. Por su parte, la menor no se atrevía a oponer resistencia por miedo a posibles represalias y por el profundo sentimiento de vergüenza que los hechos le generaban.
Peticiones de la Fiscalía
Además de la pena de seis años de cárcel, el Ministerio Público reclama medidas severas para garantizar la protección de la víctima y la reparación del daño:
-
Inhabilitación: Privación de la patria potestad durante un período de cuatro años.
-
Orden de alejamiento: Prohibición de aproximarse a la joven a menos de 150 metros durante ocho años.
-
Incomunicación: Prohibición de establecer contacto directo o indirecto con ella durante el mismo período.
-
Responsabilidad Civil: Una indemnización de 10.000 euros por daños morales y las secuelas psicológicas derivadas de los abusos.
-
A juicio en Argentina la red de “Prostitución VIP” vinculada a negocios ilegales en Ibiza
Antecedentes y proceso
El acusado ya pasó dos días en prisión preventiva tras su detención inicial en 2019. Ahora, años después, la justicia deberá determinar su responsabilidad en unos hechos que han dejado graves patologías psicológicas en la víctima, según sostienen los informes periciales que se presentarán durante la vista oral.
