MÉS per Mallorca exigió este jueves al Consell de Mallorca que frene la importación de residuos de Ibiza hasta que se pueda garantizar que Son Reus disponga de suficiente capacidad para gestionar exclusivamente los residuos generados en Mallorca, según informó el partido.
La formación solicitó también un informe completo sobre la situación de la planta y las causas del «colapso» de sus depósitos, así como otro informe sobre las consecuencias ambientales y las medidas que adoptará el Consell para evitar que la situación se repita.
MÉS calificó la situación de «fracaso» del modelo de residuos del PP y denunció almacenes saturados en Son Reus, trabajadores que alertan del colapso y una planta «cada vez más tensionada», lo que a su juicio «deja en evidencia la falta de planificación del Consell».
«Los hechos desmienten completamente el relato del PP»
Los ecosoberanistas acusaron al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de haber afirmado que el sistema tenía capacidad suficiente, que la operación contribuiría a equilibrar los costes de gestión y que no tendría consecuencias sobre el funcionamiento de Son Reus. «Los hechos desmienten completamente ese relato», señalaron.
La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, aseguró que el gobierno insular vendió que «esta operación serviría para reducir la tarifa y mejorar el sistema», aunque considera que la realidad es bien distinta ante el aumento de camiones, incineraciones, emisiones y dependencia de Tirme, además de un almacén de residuos desbordado. Perelló criticó también la «falta de transparencia» del PP durante todo el proceso y la ausencia de información técnica y operativa sobre la importación de residuos.
El plan piloto que arrancó con polémica
El traslado de la fracción rechazo de los residuos de Ca na Putxa, en Ibiza, a la planta de valorización energética de Son Reus arrancó a principios de julio después de que los consells de Ibiza y Mallorca firmaran un convenio el 7 de julio.
El acuerdo prevé el envío de hasta 33.000 toneladas anuales en un máximo de siete camiones diarios, cinco días a la semana. El plan piloto ya generó oposición antes de su puesta en marcha: 17 entidades vecinales y ecologistas de Mallorca constituyeron una plataforma en su contra y el GOB presentó un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato de transporte, admitido a trámite.
