El rastro de la corrupción de la trama Gürtel sigue dejando episodios sorprendentes en los tribunales. El último capítulo se centra en Punta Grossa, en el municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja, donde se alza un esqueleto de hormigón que personifica el exceso y la caída de Francisco “Paco” Correa. Una empresa con sede en Zaragoza, Inversiones Aralmar, ha presentado una oferta a la Audiencia Nacional para hacerse con esta y otras 43 propiedades embargadas al empresario, por un total de 6,1 millones de euros, una cifra que los expertos consideran extremadamente inferior a su valor real.
Un «chollo» de 194.000 euros frente al mar
El epicentro de esta polémica oferta es el chalé que Correa comenzó a construir en una colina con vistas impresionantes a la cala de Sant Vicent. Por esta parcela de 4.000 metros cuadrados, que alberga una vivienda de tres plantas y 400 metros cuadrados a medio terminar, la inmobiliaria aragonesa ha ofrecido tan solo 194.000 euros.
La desproporción de la cifra es evidente si se compara con los precios de la zona: mientras Aralmar puja esa cantidad por 4.000 metros, un vendedor cercano pide 850.000 euros por una parcela de apenas 648 metros, y otras villas ya terminadas en Punta Grossa superan los dos millones de euros. En la misma ubicación, la trama posee otra parcela de 2.000 metros cuadrados por la que la empresa solo ofrece 97.230 euros.
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Lujo, ruido y comisiones papales
La historia de esta finca, situada en el número 58 de la calle Punta Grossa, está íntimamente ligada al saqueo de fondos públicos. Correa adquirió el terreno el 7 de julio de 2006 a nombre de la sociedad Osiris Patrimonial, utilizando las comisiones ilegales obtenidas por la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia ese mismo año.
El cabecilla de la Gürtel no reparó en gastos para su refugio balear: encargaba una piedra especial en Málaga, que viajaba en camión hasta Denia y de ahí en barco hasta la isla. Sin embargo, el proyecto se truncó cuando un vecino alemán denunció el ruido de las obras. El Ayuntamiento descubrió entonces que la construcción excedía la edificabilidad permitida y paralizó los trabajos. En grabaciones policiales, un Correa resignado lamentaba: “Se ha jodido la puta casa… allí tengo enterrados 400 millones de pesetas”.
Una oferta global bajo la lupa judicial
La propuesta de Inversiones Aralmar, propiedad de Alberto Calvo del Río, no se limita a Ibiza. El «pack» de 44 propiedades incluye un ático en Puerto Banús (Marbella), atraques en el puerto de Sotogrande, fincas en Tarifa y viviendas en Las Rozas (Madrid). El sistema de pago propuesto consiste en un 10% inicial y el resto en seis meses, condicionado a que la Audiencia Nacional autorice la venta de todo el lote de forma conjunta.
El objetivo de estas ventas es cubrir las responsabilidades civiles derivadas de las múltiples condenas de Correa, quien actualmente se encuentra en tercer grado tras cumplir casi 10 años de prisión y haber abonado unos 21 millones de euros. Ahora, la justicia debe decidir si acepta una oferta que, por su bajo importe, ha reabierto el debate sobre el verdadero valor y el destino del patrimonio inmobiliario de la corrupción.
