La semana que arranca puede ser determinante para la reforma del Hotel Ibiza Corso. En los próximos días (posiblemente el miércoles 28 de octubre) se reúne de nuevo la Comisión de Ordenación Turística del Consell de Ibiza, el órgano que debe resolver la revisión del informe que hizo posible el proyecto. Tenía que haberse pronunciado el pasado jueves, pero la sesión se suspendió sin votación: varios de los convocados pidieron someter previamente un punto a la valoración de los servicios jurídicos de la institución.
Así lo han confirmado a este medio dos fuentes conocedoras de la sesión, que coinciden tanto en el motivo del aplazamiento como en la nueva fecha.
Qué se decide
El documento sometido a revisión es el informe favorable que el Consell emitió el 13 de octubre de 2025. No es una pieza más del expediente: el artículo 7 de la Ley 2/2020 —la vía excepcional nacida en la pandemia por la que se tramitó la ampliación— lo exigía como requisito previo, preceptivo y vinculante. Sin ese informe, el Ayuntamiento no habría podido otorgar la licencia.
Dos vecinas recurrentes pidieron su revocación al sostener que se había emitido sobre datos que no se correspondían con la realidad. Y el propio expediente acabó dándoles parte de la razón: en julio, los servicios técnicos municipales reconocieron que el proyecto supera el límite del 15 % de incremento de ocupación que aquel régimen imponía, un extremo que el Consell acogió de forma provisional y calificó de insubsanable.
No da igual cómo se formule
De lo que acuerde la comisión depende buena parte del futuro del expediente, y no solo por el sentido de la decisión, sino por su alcance.
Si el órgano concluye que aquel informe no puede mantenerse, la licencia habría quedado sin el requisito que la habilitaba. Pero los recurrentes han pedido algo más preciso: que no se revoque con efectos desde la fecha del acuerdo, sino que se constate que nunca reunió los requisitos legalmente exigidos. La diferencia, aparentemente técnica, es decisiva. En el primer caso la licencia habría nacido con un informe válido y el defecto sería sobrevenido, lo que dejaría margen para conservar el acto. En el segundo, el permiso habría carecido desde el origen de su presupuesto habilitante.
De esa distinción dependen también las eventuales responsabilidades económicas: quién tendría que asumir el coste si el proyecto, con una inversión ya comprometida, acaba cayendo.
Un pronunciamiento que ya llegaba tarde
La reunión del jueves era la primera de ese órgano sobre el asunto tras meses de espera. El Servicio de Ordenación Turística emitió su informe-propuesta el 28 de julio, pero aplazó la decisión de fondo hasta completar la instrucción: audiencia a la promotora, requerimiento de información al Ayuntamiento y un trámite adicional en el que los recurrentes presentaron alegaciones a mediados de septiembre.
La convocatoria, sin embargo, no llegaba. En el pleno del Consell del 25 de septiembre, la portavoz socialista Elena López Bonnet reclamó expresamente que se aclarase cuándo iba a reunirse la comisión, que consideró «esencial» para resolver el caso. El conseller Mariano Juan no respondió a esa cuestión y se limitó a señalar que el asunto se trataría «seguramente en una comisión específica».
Finalmente se convocó una semana después de que el Boletín Oficial publicara la declaración de zonas turísticas saturadas y de reconversión que alcanza al ámbito del hotel, el acuerdo que reactiva en su entorno una vía alternativa para solicitar la ampliación.
Tres frentes abiertos a la vez
La decisión del miércoles no será la única que pese sobre el expediente. La licencia urbanística núm. 11/2026 sigue suspendida desde el 17 de septiembre por decisión del propio Ayuntamiento, que paralizó su eficacia —y con ella las obras— por el exceso de ocupación que había reconocido.
En sede judicial se tramitan dos recursos contencioso-administrativos contra el permiso ante los juzgados de Palma. Y en vía administrativa sigue sin resolverse uno de los dos recursos de reposición presentados, de modo que la licencia, como admitió el propio Consistorio en un oficio remitido al Consell, no ha adquirido firmeza.
Sobre el fondo del asunto pesa, además, lo que el Ayuntamiento ya ha reconocido por escrito: que no existe el título habilitante de sala de fiestas del que partió la concesión de la licencia, la premisa sobre la que se construyó todo el encaje del proyecto.
Y una puerta que se reabre
Paralelamente, el marco legal ha cambiado. Con la declaración de zona de reconversión publicada el 15 de octubre, el hotel tiene a su alcance un régimen distinto —el de la disposición adicional cuarta de la ley turística— para volver a solicitar su ampliación con un proyecto nuevo. Pero esa vía exigiría un informe insular nuevo: el de octubre de 2025, precisamente el que ahora se revisa, no serviría, por haberse emitido al amparo de una norma hoy derogada.
El conseller Mariano Juan ya advirtió, en todo caso, de que esa declaración «no cambia el régimen de usos» y de que, por tanto, «si no se podía hacer una discoteca antes, no se podrá hacer una discoteca ahora».
