El nuevo Servicio de Vigilancia del Litoral, denominada como «Policía del Mar», presentado por el Govern balear el pasado 4 de agosto, aún no ha entrado en funcionamiento por falta de un trámite pendiente ante la Capitanía Marítima, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
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“Policía del mar” del Govern: las embarcaciones de vigilancia que se destinarán a Ibiza y Formentera
La iniciativa incluía 22 nuevas embarcaciones destinadas a reforzar el control de la actividad náutica en playas y calas del archipiélago. Dos de esas lanchas están desginadas para Ibiza y Formentera, tal como avanzara La Voz de Ibiza.
Sin embargo, todavía el servicio de control no está operativo. Desde la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua del Govern balear, han confirmado que la puesta en marcha del servicio sigue pendiente del despacho administrativo por parte de la Capitanía, aunque aseguran que los trámites de matriculación, seguros, equipamiento y revisiones técnicas se han ido completando progresivamente desde la llegada de las barcas, según ha avanzado Última Hora.
Pese a esta situación, las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico destacan que la vigilancia del litoral no se ha detenido, ya que se han seguido desarrollando tareas de inspección mediante drones y otras embarcaciones propiedad de la Administración, además de mantener la coordinación con el resto de administraciones implicadas.
La «Policía del Mar»
Tal como avanzara La Voz de Ibiza el pasado junio, el cuerpo de vigilancia marítima contempla 22 embarcaciones adquiridas por Ports IB. De ellas, 12 pequeñas se destinarán a la gestión dentro de los puertos, mientras que 10 de mayor tamaño operarán en la costa y el litoral.
Según explicó entonces el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, dos de esas barcas trabajen en Ibiza y Formentera, otras dos en Menorca y seis en Mallorca.
La flota vigilará principalmente los campos de boyas y el chárter náutico, con capacidad para iniciar expedientes cuando detecte actividades sin la documentación requerida. Aunque algunos la han calificado como una “policía del mar”, Mercant matizó que se trata de un servicio con función preventiva y educativa, más que sancionadora.
Las embarcaciones serán propiedad de Ports IB, pero estarán gestionadas por la empresa pública Tragsa, y podrán embarcar funcionarios de distintas administraciones: desde Guardia Civil y policías locales hasta inspectores de transporte marítimo o de costas.
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