La investigación a Begoña Gómez sufre un cambio de fechas: el juez Juan Carlos Peinado ha aplazado las declaraciones previstas hasta el próximo 15 de junio a las 18:00 horas, atendiendo una petición de la defensa por problemas de agenda de sus abogados. Este movimiento reorganiza el calendario judicial en un momento de máxima atención pública sobre el caso.
La cita de mediados de junio no solo afecta a la esposa del presidente del Gobierno, sino también al empresario Juan Carlos Barrabés y a Cristina Álvarez, los otros dos investigados en el procedimiento.
Todos ellos están convocados a una comparecencia preliminar donde el magistrado analizará el rumbo del caso y en la que no se descarta la petición o adopción de medidas cautelares personales.
La investigación llega a su fin entre quejas de la defensa
Este aplazamiento se produce en la fase final de la instrucción. El propio juez ha señalado que ya no quedan más diligencias ni pruebas pendientes por practicar, lo que coloca al juzgado ante la decisión inminente de archivar la causa o dictar el auto de apertura de juicio oral.
Sin embargo, los tiempos del procedimiento han vuelto a enfrentar a las partes. Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha denunciado públicamente que el instructor está actuando con excesiva prisa.
Según la defensa, este ritmo acelerado perjudica las garantías procesales básicas de los investigados y pone en riesgo la validez de la causa al poder provocar futuras nulidades.
Un caso dividido entre la petición de archivo y los 24 años de cárcel
El origen de este proceso penal se remonta a abril de 2024, cuando el colectivo Manos Limpias interpuso una denuncia basada en informaciones de prensa.
Aunque inicialmente las pesquisas se centraron en un presunto tráfico de influencias, la causa ha ido sumando otras tipificaciones penales con el tiempo, como corrupción en los negocios y malversación.
Actualmente, las posiciones en el caso son totalmente opuestas:
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Las acusaciones: colectivos como Hazte Oír ejercen la acusación popular de forma muy activa, llegando a solicitar penas que suman hasta 24 años de prisión.
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La Fiscalía y las defensas: sostienen que no existen pruebas ni fundamentos jurídicos que sustenten los delitos imputados, por lo que reclaman el sobreseimiento del caso y la libre absolución.
La jornada del 15 de junio marcará el camino definitivo del procedimiento. Si el magistrado Peinado opta finalmente por abrir el juicio oral, el caso pasará a una nueva fase que previsiblemente se desarrollará ante un jurado popular.
