El Parlament balear ha aprobado este martes una moción para mejorar las políticas de atención a la dependencia en Formentera y reforzar la red pública en el conjunto de Baleares, una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha incorporado una de las enmiendas presentadas por el PP. El debate ha vuelto a situar en el foco la situación de la residencia des Brolls, un asunto que ha generado preocupación social y política en la isla en los últimos meses.
Críticas a la gestión y demanda de inspección independiente
Durante la defensa de la propuesta, el diputado socialista Omar Lamin aludió a las quejas registradas en Formentera por la gestión de la residencia de mayores, que calificó de “nefasta”, y recordó que una inspección laboral constató denuncias previas. En este contexto, subrayó que hablar de la residencia “es hablar de una conquista colectiva y de una demanda histórica”, en referencia a la importancia del recurso para la isla.
El conflicto en la residencia des Brolls se arrastra desde hace meses y tiene su origen en una sucesión de cambios en la organización interna del centro, especialmente en los horarios del personal sociosanitario, que provocaron un fuerte rechazo entre los trabajadores. La modificación de los turnos —incluida la supresión de las jornadas de 12 horas— derivó en un aumento de las horas extra, problemas para cubrir servicios esenciales y una sobrecarga laboral, lo que generó protestas de la plantilla y preocupación entre las familias de los residentes por la continuidad y calidad de la atención.
A esta situación se sumó la inestabilidad en la dirección del centro, con relevos en puestos clave de gestión, y una respuesta institucional que fue calificada como tardía. El propio Consell de Formentera acabó reconociendo errores en la planificación y en la gestión del cambio organizativo, admitiendo dificultades para garantizar una estructura estable y una comunicación fluida con trabajadores y usuarios. Las tensiones internas, las denuncias laborales y la falta de un modelo claro de funcionamiento consolidaron un clima de desconfianza que acabó trasladándose al debate político y al Parlament.
-
La Inspección de Trabajo destapa un caos de seguridad y gestión en la Residencia de Mayores de Formentera
-
Formentera revisa la gestión de la Residencia des Brolls tras reconocer “errores humanos”
Doce puntos para equiparar derechos en Formentera
La moción aprobada incluye doce puntos con los que el PSOE pretende avanzar hacia la igualdad de derechos de los ciudadanos de Formentera respecto a otros territorios. Entre las medidas, se insta al Govern a impulsar una inspección independiente del centro y a evaluar de forma urgente la gestión para garantizar los niveles de calidad exigidos en la atención a personas dependientes. Cada uno de estos pasos busca reforzar la supervisión y el seguimiento del servicio, según defendieron los socialistas.
Coordinación con el Consell y refuerzo de personal
El texto también reclama que el Govern se coordine con el Consell de Formentera para asegurar la cobertura de las plazas del personal esencial y establecer un plan de mejora del funcionamiento del centro. La falta de recursos humanos y la necesidad de planificación han sido señaladas de forma recurrente en el debate público sobre la residencia, tal como ha venido informando La Voz de Ibiza en su seguimiento del caso.
Enmiendas del PP y marco competencial
Por su parte, el PP presentó cuatro enmiendas de modificación, recordando que la gestión directa de la residencia corresponde al Consell de Formentera. Los populares defendieron que su objetivo es garantizar la atención a los usuarios y mejorar la situación laboral de los trabajadores, apostando por el diálogo y la cooperación institucional. La enmienda aceptada reorienta el texto para que sea asumible por la Conselleria de Atención a la Dependencia, reforzando los mecanismos de apoyo técnico al Consell y estableciendo protocolos de comunicación más eficientes entre administraciones.
En el turno de intervenciones, el diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, reiteró que la responsabilidad de la gestión recae en el Consell y calificó la situación como una crisis “mal gestionada” y prolongada en el tiempo. Sin otorgarle un protagonismo central al debate, Córdoba apuntó la necesidad de actualizar el pago de las horas extra del personal, al considerar que la plantilla es una pieza clave para el funcionamiento y la estabilidad del centro. Estas consideraciones coinciden con aspectos recogidos en la nota de prensa difundida tras el debate parlamentario .












