La batalla judicial por el terreno okupado denominado Can Rova 2, finca privada rústica de la parroquia de es Puig d’en Valls ubicada junto a uno de los accesos principales a la ciudad de Ibiza en el municipio de Santa Eulària, ha puesto en el foco a una influyente familia de Barcelona: los Ayguavives Suaña, herederos de un extenso patrimonio inmobiliario que incluye propiedades en Ibiza, Barcelona y otras ciudades.
La finca, actualmente ocupada por unas 200 personas —muchas de ellas desalojadas de Can Rova el verano pasado—, es objeto de una demanda de desahucio interpuesta por esta familia catalana, que busca recuperar la posesión del terreno.
A pesar de sus aparentes posibilidades urbanísticas, la parcela se encuentra en suelo rústico y no cumple con la superficie mínima exigida por el Plan Territorial Insular (PTI) de Ibiza para construir, lo que no ha impedido que decenas de personas levanten allí, con sus propios medios, un asentamiento de chabolas, caravanas y tiendas.
Un patrimonio millonario
La historia se remonta al fallecimiento de José Luis de Ayguavives Tur, el 14 de agosto de 2013. Su viuda, María Mercedes Suaña Pons, quedó como usufructuaria de una herencia cuantiosa que incluye viviendas en el exclusivo Passeig de la Bonanova de Barcelona, una propiedad en la calle Gaietà Soler de Ibiza, varios garajes y terrenos en suelo agrícola de la isla, según ha informado este viernes ElDiario.es.
Sus hijos heredaron junto a ella la propiedad de la empresa Ayguavives Suaña SL, dedicada a la gestión de bienes inmuebles. Esta sociedad limitada, radicada en Barcelona, tiene como actividad principal la “adquisición, enajenación, administración y explotación por cualquier título de toda clase de fincas para su parcelación”.
Según el recurso presentado por el abogado defensor de un grupo de habitantes de Can Rova 2, David Fechenbach, esta sociedad acumula un patrimonio neto de 2,35 millones de euros, incluyendo 19 pisos en Barcelona (muchos por encima de la Diagonal), varios garajes, locales comerciales y un edificio completo en Sarrià, uno de los barrios más caros de la ciudad. También posee un local en la ibicenca Plaça del Parc, donde el precio del alquiler por metro cuadrado supera los 70 euros mensuales.
Fechenbach sostiene que la empresa actúa como una sociedad instrumental con la que los propietarios intentarían evitar la calificación de “gran tenedor”, una figura clave según la actual Ley de Vivienda para proteger a personas en situación vulnerable frente a desalojos.
El abogado argumenta que los Ayguavives Suaña tienen más de diez inmuebles y que los ocupantes de Can Rova 2 utilizan el terreno como vivienda habitual, por lo que deberían beneficiarse de dicha protección.
La defensa
Desde el otro lado, Mariano Ramón Suñer, abogado de la propiedad, niega que se trate de una empresa instrumental. Subraya que Ayguavives Suaña SL fue constituida en 2002, mucho antes de la okupación.
Aclara también que la finca no es propiedad exclusiva de María Mercedes Suaña y sus hijos, sino que hay otros tres copropietarios, primos hermanos, ajenos a la sociedad.
“El recurso no tiene recorrido. Mis clientes son los legítimos propietarios y tienen derecho a actuar. El terreno está siendo ocupado ilegalmente y confiamos en que, más pronto que tarde, se emita una orden de desalojo”, afirma el letrado. Aunque no concreta plazos, considera inevitable el alzamiento.
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