Querido lector, un aviso antes de empezar. Si es un votante acérrimo del Partido Popular, un hooligan pepero que aprobará la actuación del alcalde de Ibiza por la única razón de que es de los suyos, pase lo que pase, mejor que no siga. Vivirá más feliz en la ignominia y en la estulticia y lo que viene a continuación le va a sonrojar y le va a obligar a hacerse preguntas cuyas respuestas le incomodarán.
En cambio, si es un ciudadano libre, que todavía aspira a una sociedad digna, que valora la moral, la ética, la palabra, la honradez y la verdad, que es capaz de separar el trigo de la paja y de censurar sin límites lo que merece censura, caiga quien caiga, este es su sitio. Adelante. Es bienvenido.
Cuatro semanas después de las primeras informaciones de La Voz de Ibiza sobre las fechorías del todavía alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, hay tres formas de leer el triguerogate. Y ninguna deja bien parado al alcalde.
La primera: Rafael Triguero nos toma a todos por tontos y de verdad se cree que nos tragamos sus patrañas. La segunda: el tonto es él y hasta él se cree a pies juntillas su mentiras. Y el lector verá por qué. La tercera, la que yo suscribo, es la suma de las dos.
Nos toma por tontos y, además de mentiroso, es tonto, por lo que hizo primero y por cómo está gestionando el asunto después. Triguero ha cometido un error político de los que acompañan a un hombre el resto de su carrera. Empiezo a intuir que está sentenciado de por vida. Si es que llega a tener carrera, que de eso hablaremos al final.
Los hechos, ordenados, no admiten un final feliz para Triguero. Porque tiene poco perdón para la ciudadanía si es que tiene alguno un alcalde que gobierna una ciudad en la que vivir dignamente se ha convertido en un lujo y, valga la redundancia, en un privilegio, un alcalde que compra el bajo de debajo de su casa gracias a una ley del Govern del PP, lo convierte en una Vivienda de Precio Limitado (VPL), lo equipa como un piso de lujo y maniobra, probablemente en fraude de ley (usar la letra de una norma para burlar su espíritu, sobre lo que volveremos), para mudarse junto a su familia teniendo él un piso y su mujer otro, los tres en el lujoso barrio de Can Misses.
La Vivienda de Precio Limitado es la figura estrella de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern del PP: una vivienda que se vende o alquila por debajo del mercado, con un tope fijado por la Administración, pensada para quien no puede pagar lo que pide el mercado libre y gracias a una recalificación, es decir, donde antes no se podía construir una vivienda, ahora sí. No es una Vivienda de Protección Oficial. No se adjudica por sorteo ni a través de un registro de demandantes. Pero impone requisitos a quien la ocupa. Y ahí está la madre del cordero.
Triguero esquiva el espíritu de una norma escrita para quien no tiene techo. Triguero ha invertido más tiempo y más esfuerzo durante este mandato a tratar de proporcionarse para él y para su familia un nuevo hogar al tiempo que incrementaba exponencialmente el patrimonio familiar que en resolver el problema de la vivienda evitando el despilfarro histórico con el barrio de VPO de Can Escandell, muy cerca de su frustrado nuevo hogar.
La secuencia que no se sostiene
Pongamos la película entera, una secuencia detrás de otra, y que cada cual juzgue si es creíble.
El alcalde compra el bajo de debajo de su casa por 400.000 euros en julio de 2025, mitad él, mitad su mujer, hipoteca mediante. Se gasta, euro arriba y euro abajo, otros 200.000 en reformarlo y equiparlo. Pone un toldo eléctrico de última generación. Pone un olivo. Pone porterías para que jueguen los niños. Levanta una valla ilegal para garantizar su privacidad, enfrentándose a la comunidad de vecinos, saltándose el PGOU de su propio municipio, el que en teoría está obligado a cumplir y a hacer cumplir.
Se gasta unos euros, que ya sabemos que las visitas al notario no son baratas, en colocar la mitad de su piso a nombre de los hijos a través de un pacto sucesorio. Y en colocar la mitad del local recién comprado a nombre de su mujer a nombre de sus hijos, también a través de pactos sucesorios.
Lo hacen con el único objetivo de aparentar que cumple la ley. Y eso es justo lo que caracteriza un fraude de ley. Funciona con la misma lógica que un alzamiento de bienes: pongo el patrimonio a nombre de un tercero para no tener que responder de él. Aquí, lo pone a nombre de sus hijos para aparentar que cumple la legalidad. Excepto en un punto que sonroja si es un error de cálculo e indigna por la fechoría que subyace: se olvidan de camuflar todo el patrimonio de la mujer para que cumpla como el alcalde y tenga solo el 50% de una vivienda.
Alquilan el piso donde vivían, me cuentan que a razón de 2.500 euros al mes, cifra creíble en un barrio donde los alquileres de una vivienda tipo rondan los 3.000. Se mudan al local reconvertido en vivienda en virtud de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Viven en él mes y medio, según el PSOE. Y a las pocas horas de La Voz de Ibiza publicara la primera entrega de la investigación, anuncia que la VPL irá al mercado de alquiler. La abandonan a toda prisa. Se van a vivir de prestado, porque sus casas están alquiladas.
Una vivienda de precio limitado de cuatro habitaciones, con un patio delante de 50 metros, otro detrás de 70, piscina comunitaria, en Can Misses, con todos los lujos y comodidades de quien ha vestido la casa para que sea el hogar de la familia bien, alquilada a 1.000 euros. Sí, sí, a mil euros de renta en una ciudad donde por ese dinero ya no encuentras ni una habitación en piso compartido. De ahí viene el nombre de Vivienda a Precio Limitado.
Si el alcalde de Ibiza es el responsable de los presupuestos municipales con este criterio financiero, vamos apañados.
600.000 euros de inversión, euro arriba, euro abajo, para acabar alquilando a 1.000 euros, con una rentabilidad negativa. O hay algo que no nos cuenta, o las cuentas no le salen ni a él. Las dos lecturas vuelven al principio: o nos toma por tontos, o lo es. Probablemente las dos.
Dos cafés en el Cetis
Lo que no aguanta la prueba del algodón es que esta versión del alquiler llega después de casi una semana de evasivas, bulos y rectificaciones. Vamos con una confesión y con un poco de intrahistoria.
Lamento no haber grabado nuestras dos conversaciones. Nunca lo hago. Sé que otros periodistas y otros editores sí lo hacen. Y es una lástima, porque en este caso nos lo habríamos pasado rebién escuchándolas.
Los dos encuentros fueron a solas. El miércoles anterior a la publicación de la primera entrega de la investigación, a las 7:15 horas, en la terraza de la cafetería del primer piso del Cetis, a escasos metros del despacho que tiene en las dependencias municipales fue la primera vez que me sentaba con él, cara a cara. La segunda, el viernes 1 de mayo, día del Trabajo.
En la primera me transmitió una seguridad que, lo reconozco, me hizo dudar de nuestro propio trabajo. Lo tenía todo bien, estaba muy tranquilo, contaba con abogados y arquitectos, su equipo lo sabía, sabía que esto iba a pasar porque el PSOE había pedido ver su expediente… No era tan tonto como para cometer semejante tropelía, me vino a decir, ante mi estupor. Acordamos que nos resolvería todas las dudas.
Lanzo una pregunta devastadora para la tesis de Triguero. ¿Hay mejor momento para explicar que la compra de un bajo comercial y la posterior reconversión en una VPL tiene como objetivo ponerla en el mercado de alquiler que en una conversación que duró cerca de una hora, convocada de urgencia y expresamente por un director de un medio de comunicación para tratar un «tema controvertido de carácter personal» y en la que se ponen sobre la mesa una ristra de irregularidades palmarias? ¿No habría sido el momento perfecto para decirme «Agustí, nosotros no vivimos ahí, lo hemos comprado como inversión y lo vamos a alquilar a precio limitado»?
Juzgue usted mismo. No lo dijo. Dijo que lo tenía todo bien y que estaba muy tranquilo. Tan bien que unas horas después, en un comportamiento que con el tiempo veo chulesco y desafiante, el director de Comunicación del Ayuntamiento de Ibiza me reclamó el correo electrónico al que nos habíamos comprometido para aclarar las dudas. En plan, fíjate como estoy tranquilo que se lo he contado a mi director de Comunicación con total transparencia y voy a tu encuentro sin esconderme.
La respuesta a ese correo fue un segundo café, en el mismo sitio, algo más de 48 horas después. Y ahí el relato ya había cambiado. Del «lo tengo todo bien» pasamos al «he quitado la valla» y «la valla es legalizable». Mentira.
Me dijo que no había inscrito la vivienda en el registro de VPL porque tenía treinta días para hacerlo. Mentira. Me dijo que su mujer no era beneficiaria, sino usuaria. Mentira. Y me dijo que fuera con cuidado, que se defendería donde hiciera falta. Y claro, yo temblé de miedo. Aún sigo con el tembleque.
La conversación, afable hasta el final, terminó con mi ofrecimiento de que dijera algo en público. «No, a partir de ahora a través de mi jefe de prensa». Nos dimos un apretón de manos y cada uno continuó su camino.
Preguntamos acto seguido por la valla y por los incumplimientos del alcalde a los gabinetes de prensa del Govern y del Ayuntamiento. Para no cansar, digamos que bombas de humo, omisiones y falsedades fueron sus respuestas.
El lunes por la mañana volvimos a preguntar. Y al mediodía otra vez. Por WhatsApp y por teléfono. Silencio. Y publicamos la primera entrega del serial el 4 de mayo por la tarde.
El sábado anterior, por escrito, le había pedido al director de Comunicación del Ayuntamiento, un cargo de confianza de Triguero, que me desmintiera que «el alcalde y su familia viven allí» porque así lo iba a publicar. La respuesta natural de quien no vive allí es no viven allí porque es una inversión que será puesta en alquiler conforme a la ley. La respuesta de Triguero fue el silencio.
El inventario de mentiras
Conviene tenerlas todas en una misma página. No son matices ni interpretaciones. Son afirmaciones que se desmienten con un documento o con una llamada. Y conviene nombrar el truco que las une, porque hay uno. Es la falacia del hombre de paja: no responder al argumento del adversario, sino a una versión deformada y más fácil de tumbar. Triguero repite que no es «una vivienda de protección oficial, ni adjudicada por el IBAVI, el Institut Balear de l’Habitatge, ni obtenida por privilegio». Nadie había dicho que lo fuera. Construye el espantapájaros que sí puede derribar para no mirar de frente al hombre de verdad: el fraude de ley de libro y la ocupación sin requisitos de una vivienda recalificada.
- «No lo inscribí porque tenía treinta días». Falso. La obligación de registro nace con la licencia de primera ocupación, no es un plazo de cortesía a conveniencia del propietario.
- «Mi mujer no es beneficiaria, es usuaria». Falso de raíz. Un técnico de la Conselleria de Vivienda ya confirmó que todos los residentes deben cumplir los requisitos. Y aquí está el dato que lo entierra: la ley impide ser beneficiario de una VPL a quien posea más del 50% de otra vivienda. La mujer del alcalde no tiene el 50%. Tiene el 100% de otra vivienda en el mismo edificio y un 25% en una vivienda heredada. La inhabilita sin matiz posible.
- «La valla es legalizable». Insostenible. Los materiales y la altura incumplen el PGOU, y la comunidad de vecinos ya la había rechazado antes de que estallara el caso.
- «Nunca vivimos allí». Versión sobrevenida cuatro semanas después. Y ya rebajada por él mismo en el pleno extraordinario del pasado jueves, convocado a petición del PSOE y Unidas Podemos, a «estancias puntuales»: admite que la familia estuvo, que los niños jugaron en el patio, que «sus bicicletas siguen ahí». El que matiza, concede. El PSOE sitúa la estancia en mes y medio. Los vecinos lo saben. Hay además un rastro físico de quien vivió allí: los consumos de luz y agua. Ese rastro no se puede borrar. Y si llega el juicio que tantas veces ha anunciado quien se presenta como víctima, se pedirán. Frente al «nunca fue residencia habitual», los contadores guardan una memoria que no atiende a comparecencias.
- «En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente». Lo dijo dos veces en la comparecencia de prensa. No registró cuando tocaba, no se inscribió como beneficiario y levantó una valla que el PGOU prohíbe y que tuvo que arrancar. Mes y medio ocupando una VPL… Escrupulosamente, dice.
- El escrito de rectificación. Él y su mujer nos remitieron un requerimiento formal para que rectificáramos lo publicado. Se sostenía sobre falsedades y fuentes fantasma, estrenaba el relato nuevo de que nunca había vivido allí y afirmaba que lo había desmentido en la comparecencia, cuando no es verdad. No lo publicamos, claro.
- La nota de prensa del Ayuntamiento. Afirmó que el local «está pendiente de tramitación para su cambio de uso a vivienda» y que «ni se ha registrado todavía como vivienda de precio limitado ni dispone aún de beneficiarios». Sostener eso cuando ya hay licencia de primera ocupación y la familia lleva semanas viviendo allí no se aguanta.
Y hay un rasgo que recorre todas. A mí, en privado, me dijo que no inscribió «porque tenía treinta días». En el pleno, que la tramitación «está en el Registro de la Propiedad desde el 19 de marzo, en plazo». Dos coartadas para el mismo agujero. No es que mienta y luego rectifique: es que no parece importarle cuál es la verdad, solo el efecto de cada frase. Harry Frankfurt puso nombre a esa diferencia: el mentiroso conoce la verdad y se molesta en ocultarla; al charlatán la verdad sencillamente le resulta indiferente. Triguero no es un mentiroso corriente. Es algo más resbaladizo.
Legalidad sin legitimidad (y sin legalidad)
«Todo es legal», «está en plazo», «ningún organismo ha notificado incumplimiento». Triguero se agarra a la legalidad con todas sus fuerzas, y se agarra a ella precisamente porque sabe que ha perdido lo otro: la legitimidad, esa distinción que Max Weber trazó hace un siglo entre lo que se ajusta a la letra de la ley y lo que es digno del cargo de quien lo hace. Un acto puede ser legal y, aun así, indigno.
Y que la ha perdido se lo dijeron todos, no solo la izquierda. El portavoz municipal de Vox le recordó que el debate «no es jurídico» sino de «ejemplaridad» y «sentido común», y que un cargo público tiene responsabilidades morales además de legales. La edil de Unidas Podemos que le leyó en voz alta los requisitos de una VPL remató: «si es fraude o no, no lo sé, no soy juez; lo que le digo es que no es ético, no es de recibo».
Pero aquí viene lo que de verdad lo hunde, y es que ni siquiera le queda el primer piso. Porque no es solo ilegítimo: es ilegal. Vivió en esa vivienda sin inscribirse como beneficiario y sin cumplir los requisitos, vulnerando la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. La de su propio partido. La que aprobó el PP. La que considera su comportamiento muy grave y prevé sanciones de entre 30.000 y 90.000 euros. Se queda, pues, sin las dos: sin la legitimidad que se le presume a un alcalde y sin la legalidad que él mismo promulgó.
Los que consideran exagerado el planteamiento de La Voz de Ibiza, que haberlos hay los, les recuerdo que fue el PP quien calificó como «muy graves» dos de las faltas cometidas por el alcalde y su familia.
Lo nuclear: los pactos sucesorios
La pregunta que nadie en la política balear se atreve a formular en voz alta, y no entiendo por qué: ¿acepta el Govern los pactos sucesorios como herramienta para burlar las exigencias de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda?
Porque poner las propiedades a nombre de sus hijos mientras cobras las rentas para acceder a una VPL es una autopista hacia el fraude.
En el pleno extraordinario del jueves, solicitado por PSOE y Unidas Podemos, Triguero defendió que «realizar un pacto sucesorio en Baleares no es ningún fraude», que es «una figura legal» usada «por muchísimas familias».
Cierto, pero tramposo en su caso. Porque una cosa es la herencia en vida de una familia previsora y otra repartir porciones de propiedad entre los hijos menores con el único objetivo de aparentar que se cumple la ley, que es justamente lo que caracteriza un fraude de ley. Eso no es planificación patrimonial. Un notario consultado lo llamó «fraude de ley de libro». No lo digo yo solo.
El Govern lo sabe y calla. Y su silencio lo deja atrapado entre dos confesiones igual de incómodas: o admite el fraude de Triguero, o admite que su propia ley es un coladero.
Los privilegios, y un reto
Dice que no se ha aprovechado del cargo. «Jamás he utilizado ni utilizaré mi responsabilidad pública para beneficiarme», proclamó. Aquí discrepo, y anuncio, además, que tengo muchas dudas. Tantas que me la juego públicamente a que me pinten la cara y me ponga colorado.
Hay una denuncia ciudadana en la Línea Verde por las obras ilegales de su valla, según tiene conocimiento el PSOE, y el Ayuntamiento se ha negado a aclarar. Nadie fue a revisarlas. No hay expediente de disciplina urbanística abierto contra el alcalde por una valla que él mismo reconoció ilegal al retirarla. ¿A cualquier vecino le habrían dejado pasar lo mismo? El Govern, ya lo hemos dicho, lo protege con el silencio.
Resulta difícil de digerir viniendo de quien saca pecho con las multas millonarias por alquiler turístico ilegal, de quien sanciona sacar la basura a deshora o tirar una colilla al suelo, de quien señala a los party boats que operan dentro de la ley. La vara de medir aprieta con el ciudadano y se afloja con el alcalde.
Ahora mi duda mayor. No me la quitará nadie hasta ver la treintena de licencias de primera ocupación de locales comerciales reconvertidos en vivienda, al amparo de la ley balear, que ha tramitado el Ayuntamiento de Ibiza.
Pedimos una copia de cada una de ellas hace quince días. Entre ellas, la del propio alcalde. Reto en público al alcalde a que nos las entregue, como obliga la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB).
Así podremos comprobar si ha habido o no ha habido trato de favor.
Me temo que acabaré como nos pasó con el Consell de Formentera, pidiendo amparo al Consejo de Transparencia para conseguirlo.
Se creyó intocable
Compró el local, lo reformó a su gusto, levantó la valla, repartió propiedades entre los hijos y se mudó, convencido de que nadie cruzaría los datos del Registro de la Propiedad con la ley. La oposición se lo dijo en el pleno con otras palabras: se creía que nadie lo descubriría, que las normas estaban hechas para otros. Los griegos tenían un término para esa desmesura del poderoso que se siente por encima de la regla común, hybris, y otro para lo que viene siempre detrás, némesis, la caída que no llega de fuera sino de los propios actos. La némesis de Triguero no se la trajo el PSOE ni este humilde medio de comunicación. Se la trajo él, con cada decisión.
Lecciones de periodismo
En su comparecencia, el día después del Día de la Libertad de Prensa, Triguero se arrancó dando lecciones de periodismo. Que el periodismo «no debería ir sobre los clics» ni «las visualizaciones», y «sobre todo no a cualquier precio». Que «todo tiene unos límites» y que aquí se habían «sobrepasado». Tuvo la caradura de referirse a La Voz de Ibiza de forma despectiva como «boletín digital».
Repasemos, ya que él sacó el tema. La Voz de Ibiza no ha publicado el nombre de su mujer. Ni el de sus hijos. Ni una sola foto de ellos en la vivienda. Ni un solo dato que suponga una intromisión en la intimidad del alcalde o de los suyos. Hemos publicado hechos, documentos y registros públicos sobre la conducta de un cargo público. Eso, precisamente, se llama periodismo. El investigado dando el discurso sobre cómo debe investigarse. No está mal.
Y un recordatorio. Quien se presenta a alcalde sabe perfectamente a lo que va. El foco viene con el cargo. Así que menos lágrimas de cocodrilo.
La coartada de la víctima
Su línea de defensa última es presentarse como víctima. En el pleno lo dijo sin rubor: que se ha tratado de «destruirlo personal y políticamente», que se ha cruzado «una línea que no se debería haber cruzado jamás», que todo es «una campaña política claramente orquestada por el Partido Socialista». Y cerró con una pieza de oratoria que merece enmarcarse: seguiría «defendiendo la verdad frente a la distorsión, la legalidad frente a la insinuación, la responsabilidad frente a la estrategia».
Es la prosa del resistente cercado. Triguero ha leído el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez y lo aplica a escala municipal, aunque sin la astucia del original: el político acorralado que reescribe el asedio como épica personal, que convierte el «no me rindo» en virtud y el escrutinio en persecución.
Pedro Sánchez no puede salir a la calle sin que le griten «Pedro Sánchez, hijo de puta» y veremos en qué posición deja al PSOE cuando ya no habite La Moncloa.
No cuela. Lo que hay aquí no es una conspiración: es una comunidad de vecinos en pie de guerra por su avaricia y un periodista que investiga, documenta y hace preguntas. Mientras el alcalde se retrata como agraviado, a una periodista de este medio la agredieron e intimidaron tras el pleno, y un abogado se erigió en policía de las redes para contener las críticas. Curioso concepto de la victimización: víctima el poderoso, sospechosos los que preguntan.
La fachada de cristal
Hay un modelo de la psicología social, la ventana de Johari, que reparte lo que somos en cuatro cuadrantes según lo que uno sabe de sí mismo y lo que saben los demás: la zona pública, lo que todos ven; la oculta, lo que uno esconde; la ciega, lo que los demás ven y uno no; y la desconocida, que a nadie alcanza.
El caso de Triguero tiene una particularidad que lo vuelve casi de manual. Su fachada se ha vuelto de cristal. Todo lo que él creía a buen recaudo en la zona oculta, que vivió allí, que la maniobra buscaba esquivar la ley, ha pasado entero a la zona pública. Lo sabe la comunidad, lo sabe la ciudad, lo sabe él.
Todo el mundo sabe que es un mentiroso, con todas las letras, que se sacó de la manga que el local reconvertido en vivienda iba a ser destinado al mercado de alquiler porque el partido le dijo: truco o trato, o paras la bola o te vas a tu casa.
Y, aun así, sigue sosteniendo el trampantojo, fingiendo que tapa algo que ya no tapa nada. No es un hombre con un punto ciego. Es un hombre que se empeña en negar lo que todos, empezando por él, ven con nitidez.
Triste papel
Empecemos por el PP. Triguero tenía que haberse ido a casa el primer día. Prefirió la ignominia de la mentira, y arrastró a su partido a sostenérsela. El PP lo ha blindado en el Parlament y ha tumbado la cláusula que el PSOE propuso para cerrar este portillo. Hacen el ridículo por no soltar lastre. Cada día que pasa, el coste de defender lo indefendible recae sobre todos los que se sientan a su lado, no solo sobre él. Eligieron cargar con la mentira antes que con la dimisión. Allá ellos.
El PSOE, por su parte, accedió al expediente de la reconversión del local en vivienda y no vio nada. No vio que la valla era ilegal. No cruzó la ley con lo que figura en el Registro de la Propiedad. Eso lo vio un periodista, que para eso estamos. Y donde sí se han explayado ha sido en criticar que el Ayuntamiento permitiera el cambio de uso de los locales de Can Misses, cuando si hay un barrio donde reconvertir bajos en vivienda tiene todo el sentido es precisamente ese. Erraron el tiro. De momento, además, no están dando la batalla política por lo que ahora es nuclear: no preguntan en voz alta si el Govern va a aceptar los pactos sucesorios como atajo para esquivar la ley de vivienda.
Y algunos medios. Permítanme señalar el triste papel del Periódico de Ibiza y Formentera y de Nou Diari en todo esto. No hace falta que añada nada. Por sus obras los conoceréis.
Pero el papel más triste, porque es el que más calla sobre lo que más importa, es el del Govern. Dijo que investigaría. Nadie se lo cree. De ahí no ha pasado. Sabe lo que tiene delante y prefiere no nombrarlo, porque cualquier respuesta clara le obliga a admitir el fraude o a confesar que su ley hace agua. El silencio cómplice no es neutralidad. Es una decisión. Han pasado tres semanas desde que preguntamos si los pactos sucesorios sirven para esquivar la ley. Seguimos esperando.
La huida hacia adelante
Lo racional, con seiscientos mil euros enterrados y el capital político ardiendo, sería plegar velas. Triguero hace lo contrario: dobla la apuesta. Anuncia acciones judiciales, promete seguir «con más empeño y tesón que nunca». Es la trampa clásica del que ya ha invertido demasiado para reconocer el error y entierra dinero bueno tras el malo.
La economía conductual lo llama escalada del compromiso, hija de la falacia del coste hundido. Triguero no se aferra al cargo a pesar de la ruina. Se aferra por la ruina. Y aquí conviene mirar los números.
Su última renta declarada antes de ser alcalde, la del ejercicio 2022, cuando trabajaba como delegado de una oficina bancaria en Santa Eulària, arrojaba una base liquidable de algo más de 47.000 euros. Hoy es el alcalde mejor pagado de Baleares, con más de 70.000 euros al año. Volver a casa no es solo perder el sillón. Es volver a aquella nómina, sin poder, sin vídeos de Instagram, sin aplausos, sin corte de aduladores… Quizá ahí, y no en la épica de la inocencia, esté la verdadera razón de la trinchera.
Ibiza no ha tenido suerte con sus alcaldes
Como me dijo estos días un veterano periodista de estas islas, Ibiza no ha tenido suerte con sus alcaldes. Y no le falta razón. Entre 2011 y 2015, con el Partido Popular en el gobierno municipal, la ciudad llegó a tener tres alcaldesas en una sola legislatura: Marianela Sánchez Jáuregui, Pilar Marí y Virginia Marí, en medio de un rosario de líos internos. De 2015 a 2023 gobernó el socialista y chulesco Rafa Ruiz, dos mandatos que fueron un desastre, y eso lo digo yo. Acabó imputado por el caso puertos y barrido por la mayoría absoluta de Triguero en 2023. Y ya ven en qué ha acabado lo que vino después.
Tres etapas, ni un respiro. Pero conviene no confundir las cosas, porque es justo lo que algunos buscan al sacar a relucir a los antecesores. Una cosa es gobernar mal, que se paga en las urnas y se corrige con otro gobierno. Y otra muy distinta es usar el cargo en beneficio propio, que es de otra categoría. Que un alcalde anterior lo hiciera fatal no convierte en aceptable que el actual maniobre en fraude de ley para quedarse una vivienda que no está pensada para gente como él y su familia. El «y los otros peor» es una cortina de humo. Aquí no se juzga una gestión: se juzga una conducta.
‘Agustinet’, o la mancha que no se va
Decía que hablaríamos de la carrera política. Permítanme la memoria.
A principios de los 2000 yo dirigía El Mundo/Ibiza y Formentera. Josep Marí Ribas, Agustinet, era entonces conseller de Ordenación del Territorio del primer gobierno del Pacte de Progrés que presidía Pilar Costa. Gracias a un soplo publicamos que había asfaltado el camino que cruza su parcela en suelo rústico, justo cuando el PTI que ellos mismos tramitaban lo prohibía expresamente a todos los pitiusos. En la visita que hicimos a su casa nos topamos, además, con un anexo construido sin licencia. Lo publicamos con todo lujo de detalles.
Invadimos su intimidad e hicimos fotos de la fechoría.
Pasó algo muy parecido a lo de ahora. Los que hoy nos critican, entonces nos aplaudieron. Los que hoy nos aplauden, entonces nos criticaron. Nosotros hicimos lo mismo en los dos casos: publicar los desmanes de un político.
En una sociedad que apreciara de verdad la ética y la moral, Agustinet se habría ido a casa de forma fulminante. No se fue. Aguantó. Y después fue alcalde de Sant Josep en dos episodios, conseller del Govern balear, secretario general de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE) y candidato del PSOE al Consell de Ibiza durante las dos décadas posteriores.
Conclusión incómoda: Triguero puede tener por delante una larga carrera política. Aguantar funciona, a menudo. Pero que sepa una cosa. Más de veinte años después, todavía hay quien me saca el tema de Agustinet cada dos por tres. Incluso gente que ni siquiera sabe que yo dirigía el periódico que lo destapó. Esa es la factura que de verdad se paga. No la de la urna. La de la memoria.
Homenaje
El titular no es un insulto. Es un homenaje.
A este caso llegué porque alguien me puso sobre la pista. Me dijo cuatro palabras: «Es un trilero.» De ahí viene todo. No hay conspiración. No hay fuego amigo. No hay campaña. Y esas cuatro palabras valen por todo lo que aquí he escrito: permítanme la reivindicación del periodismo y de los medios independientes. Pequeños, «boletines digitales», pero independientes.
Sin las personas que se acercan a un periodista para contarle una fechoría, tendríamos una sociedad todavía peor que esta. Y, sobre todo, una clase política aún peor, que ya es decir. A todas ellas va dedicado este artículo. Y el titular.
