El Partido Popular y Vox blindaron al alcalde de Ibiza en el pleno del Parlament balear por el escándalo del Triguerogate. Los ocho puntos de la moción presentada por la diputada socialista Irantzu Fernández, derivada de la interpelación al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, fueron rechazados uno a uno.
PP y Vox votaron en contra de reformar la ley para evitar casos futuros, de sancionar a quien ocupe una VPL sin cumplir requisitos y de investigar la vivienda del propio alcalde.
La moción, presentada el 15 de mayo con la firma de la diputada Fernández y del portavoz socialista Iago Negueruela, contenía ocho puntos que en conjunto constituían una respuesta normativa e institucional al escándalo destapado por La Voz de Ibiza: desde convertir las VPL en vivienda pública protegida hasta instar al Govern a incoar el expediente sobre el inmueble del Carrer Corona 17, planta baja— la dirección exacta de la VPL del alcalde, nombrada explícitamente en sede parlamentaria.
En ese contexto, el PP presentó tres enmiendas de modificación a los puntos 4, 5 y 7 — precisamente los más comprometedores para el caso Triguero — con el denominador común de convertir obligaciones concretas en intenciones vagas, como forma de amortiguar el escándalo. El PSIB no las aceptó. Y el PP -acompañado por Vox en la mayoría de los puntos- votó en contra de todo igualmente.
Punto 4: el IBAVI desaparece
El PSIB pedía que solo pudieran beneficiarse de una VPL las personas previamente inscritas en las listas del IBAVI, el organismo público de vivienda con capacidad real para verificar la situación económica y patrimonial de los solicitantes.
Es precisamente el control que habría impedido la operación de Triguero: si para acceder a una VPL hubiera que estar inscrito en el IBAVI, el alcalde no habría podido beneficiarse de ella.
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El PP eliminó la referencia al IBAVI y la sustituyó por «un registro específico», sin concretar cuál, bajo qué criterios ni con qué capacidad de control. Una vaguedad que deja abierta la puerta a que ese registro sea cualquier cosa.
Punto 5: sin cambio sustancial
Aquí el PP mantuvo el espíritu del texto original. Tanto el PSIB como el PP coinciden en que debe establecerse un límite de ingresos personales o familiares para acceder a una VPL.
Es el punto menos polémico y el único en que el PP no rebajó la propuesta socialista.
Punto 7: el plazo se dobla y la obligación desaparece
Este es el cambio más relevante en relación directa con el caso Triguero. El PSIB pedía un régimen sancionador para quien no tramite la calificación de VPL en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia de primera ocupación. Una medida que habría afectado directamente al alcalde de Ibiza, que obtuvo su licencia el 6 de marzo y vivió allí durante semanas hasta que estalló el escándalo.
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El PP lo transformó en dos pasos: primero, amplió el plazo de un mes a tres meses; segundo, y más importante, eliminó la obligatoriedad del mandato sustituyéndola por «analizar una posible modificación».
El resultado es que, con la enmienda del PP, el Parlament no instaría al Govern a hacer nada concreto, sino simplemente a reflexionar sobre si quizás algún día podría modificar algo.
El punto 8: la bomba que el PP no tocó
Los puntos 2, 3 y 6 de la moción socialista tampoco fueron enmendados por el PP. Pero el más significativo de los no enmendados es el punto 8, que insta al Govern a incoar el expediente que afecta al inmueble situado en el Carrer Corona, 17, planta baja, ante un presunto fraude en la reconversión de una VPL.
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Es la dirección exacta de la vivienda del alcalde de Ibiza, nombrada explícitamente en sede parlamentaria. El PP no presentó enmienda a este punto.
Lo que revela el conjunto
Las tres enmiendas del PP afectan precisamente a los puntos que más comprometían al Govern y al alcalde de Ibiza: el control a través del IBAVI, el límite de ingresos y el plazo de inscripción. En todos los casos el PP suavizó, diluyó o convirtió en opcional lo que el PSIB planteaba como obligatorio. Amortiguó el golpe.
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El resultado es una estrategia parlamentaria que intenta absorber el impacto político del Triguerogate sin asumir las consecuencias normativas que se derivarían de aprobar la moción socialista en sus términos originales. Reconocer que algo debe cambiar en la regulación de las VPL equivale a reconocer implícitamente que la ley tenía lagunas. Y que alguien las aprovechó.
Blindaje del PP y Vox: moción rechazada
Los ocho puntos de la moción socialista fueron rechazados. Los primeros seis cayeron con 34 votos en contra, con votación conjunta de PP y Vox, y 25 a favor.
Pero en los dos últimos puntos, los más directamente relacionados con el caso Triguero, Vox cambió de posición.
En el punto 7 —régimen sancionador para quien no inscriba una VPL en el plazo de un mes desde la primera ocupación— Vox se abstuvo, dejando al PP con solo 29 votos en contra.
En el punto 8 —el que pedía incoar el expediente sobre el inmueble del Carrer Corona 17 de Ibiza por presunto fraude en la reconversión de una VPL— el PP cayó a 27 votos en contra, con 7 abstenciones de Vox, Buades y Ribas.
Es decir, Vox no quiso votar en contra de investigar al alcalde de Ibiza. Aunque se abstuvo.
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