El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni somete en el pleno de julio de este jueves a aprobación la resolución definitiva del contrato del aparcamiento subterráneo de plaza de España, el acto que puede poner fin a un culebrón concesional de casi veinte años marcado por incumplimientos, concursos de acreedores, subastas judiciales y, en la actualidad, tres frentes abiertos en paralelo: el administrativo, el civil y el penal.
Fuentes municipales han confirmado a este medio que la caducidad del expediente original «ya fue tratada y, tras su declaración, se reinició el procedimiento», y que en la sesión de este jueves «se someterá a aprobación la resolución del contrato».
Mientras tanto, la gestión efectiva del aparcamiento sigue en manos de Ibiza Movilidad Portmany, la misma empresa a la que el pleno denegó formalmente la cesión del contrato en septiembre de 2024.
La contradicción no es casual: el propio Ayuntamiento le ordenó mantener el servicio por razones de seguridad y para evitar un perjuicio al servicio público mientras se resolvía el expediente, según ha explicado en distintas sesiones plenarias la segunda teniente de alcalde, Maria Ribas Boned.
Un expediente que ya caducó una vez
La secuencia administrativa reciente no es lineal. El pleno inició el procedimiento de resolución del contrato el 30 de septiembre de 2024, denegando en el mismo acto la cesión a Ibiza Movilidad Portmany.
El 30 de enero de 2025, el pleno desestimó el recurso de reposición presentado por esa empresa y acordó remitir el expediente al Consell Consultiu de las Islas Baleares para dictamen preceptivo, no vinculante, suspendiendo el plazo por tres meses.
En junio de 2025 trascendió que el propio Consell Consultiu consideraba caducado ese procedimiento, al haberse superado el plazo de tres meses sin resolverlo. El dictamen obligaba al consistorio a declarar la caducidad, sin perjuicio de poder abrir un expediente nuevo si se mantenían las causas para resolver la concesión.
Así ocurrió: el 25 de septiembre de 2025, con los votos de los 12 concejales del PP y las abstenciones de Vox y Unidas Podemos, el pleno declaró la caducidad del expediente original y aprobó reiniciar el procedimiento de resolución del contrato. El portavoz socialista Xavier Rey Freixes cuestionó entonces que, pese a conocer el dictamen del Consell Consultiu desde hacía meses, el Ayuntamiento seguía sin precisar qué inversión supondrá todo el proceso.
Es este segundo expediente, reiniciado en septiembre de 2025, el que llega ahora al pleno del 30 de julio, con la resolución del contrato como punto del orden del día.
El inicio del conflicto
El origen de todo este embrollo se remonta a 2006, cuando Subsuelos Urbanos S.L. obtuvo la concesión administrativa para construir y explotar durante 75 años el aparcamiento, inaugurado en agosto de 2008 bajo el mandato del entonces alcalde José Sala (PP).
La concesionaria nunca subsanó las deficiencias de obra pese a los requerimientos municipales, y en febrero de 2014 entró en concurso de acreedores.
Tras el cierre unilateral por parte del administrador concursal, el Ayuntamiento rescató la concesión, y finalmente Med Real Estate Opportunity se adjudicó el aparcamiento mediante subasta judicial.
La gestora de facto, sin título habilitante
Fue posteriormente cuando esta última, antes de su extinción como persona jurídica, transfirió el uso del aparcamiento a otra empresa vinculada —Ibiza Movilidad Portmany— sin contar con el consentimiento municipal preceptivo.
Esa cesión no autorizada es, según ha explicado Maria Ribas Boned, causa suficiente para resolver la concesión; a ello se suma que la actual gestora tampoco cumpliría, a juicio del consistorio, los requisitos técnicos ni de solvencia económica que exige el contrato. El alcalde, Marcos Serra Colomar, ha señalado además que fue la propia matriz, Med Real Estate Opportunity, quien aportó el capital de la nueva concesionaria antes de disolverse.
El resultado es una situación jurídicamente incómoda que se prolonga desde hace más de año y medio: Ibiza Movilidad Portmany gestiona el aparcamiento «en precario», sin título habilitante reconocido, mientras el Ayuntamiento no terminaba de resolver ni de asumir directamente la explotación.
La demanda de 14 millones y el papel de Med Real Estate
En paralelo al frente administrativo corre una reclamación patrimonial de fondo económico. Subsuelos Urbanos reclama al Ayuntamiento desde 2010 una indemnización por no haber cerrado los llamados aparcamientos disuasorios del municipio, que a su juicio compitieron deslealmente con el parking de pago.
La reclamación inicial rondaba los cuatro millones de euros; con el paso de los años ha superado los 14 millones, aunque el perito judicial ha situado la indemnización procedente en 1,6 millones y el propio Ayuntamiento estima que, en caso de tener que pagar, la cifra rondaría los 700.000 euros.
El Ayuntamiento ha confirmado a este medio que quien interpuso la reclamación judicial fue Subsuelos Urbanos, y que Med Real Estate Opportunity se ha personado en el procedimiento únicamente para adherirse a esa reclamación, sin que de momento se le haya reconocido ningún derecho más allá de su condición de parte interesada.
El frente penal, ya delimitado
El tercer frente es el penal, y ha tenido su propio giro reciente. Los exalcaldes José Sala y Pepita Gutiérrez (ambos del PP), junto con varios exconcejales de sus respectivos equipos de gobierno —Vicent Ribas, Joan Pantaleoni, Vicent Costa, José Torres y Pepita Costa—, se sientan en el banquillo por su actuación en relación con los aparcamientos disuasorios.
El juicio, señalado para enero de 2027, se limitó tras una providencia del 27 de abril de 2026: Subsuelos Urbanos retiró la acusación por un presunto delito continuado de malversación, después de que la defensa cuestionara su legitimidad para acusar por ese delito al no formar parte de la relación jurídica entre el Ayuntamiento y los titulares de los aparcamientos disuasorios.
Queda en pie únicamente la acusación por prevaricación administrativa continuada, lo que implica que los acusados ya no se enfrentan a penas de cárcel, sino a posibles inhabilitaciones.
La Fiscalía, por su parte, no ha formulado acusación en ningún momento, al no apreciar indicios de delito.
