El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido que la ampliación de las plazas turísticas en las explotaciones agrarias, que con la nueva ley agraria pasarían de seis a un máximo de diez, podría ayudar a mejorar la competitividad del sector.
Así se ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Consejo Agrario Interinsular en la que se ha presentado el anteproyecto del texto legislativo —que se encuentra en fase de exposición pública— ante el sector.
Preguntado acerca de la ampliación de las plazas turísticas permitidas en las explotaciones, un tema que ha causado polémica entre parte del sector primario, Simonet ha subrayado que la futura ley agraria cuenta con 220 artículos y 25 disposiciones, y solo uno habla de las conocidas como agroestancias.
«Es una figura creada con la ley de 2019 y lo único que se ha hecho es pedir una antigüedad para desarrollar esta figura y se han aumentado las plazas de seis a diez. Todo el sector pedía aumentarlas, algunas asociaciones hasta las 14, otras hasta las 12 y otras hasta las diez», ha explicado.
Este incremento, ha detallado, no supondrá en ningún caso la creación de nuevas plazas turísticas y todas las nuevas que se incorporen a las explotaciones agrarias tendrán que estar en la bolsa.
Además, ha defendido que la futura ley obligará a quienes se acojan a esta posibilidad a que hagan venta directa y degustación de productos locales, algo que hasta ahora solo era opcional.
«Es una figura que pensamos que puede ayudar a las explotaciones que lo quieren hacer, no es obligatorio. La ley agraria da las herramientas que nos permite la normativa europea y nacional para que nuestros payeses no jueguen en desventaja con los de Catalunya, de Normandía o de Dinamarca», ha indicado.
Recoge el 80 % de las aportaciones
Durante la reunión del Consejo Agrario, la primera celebrada esta legislatura, el conseller ha asegurado que el anteproyecto de la ley agraria recoge el 80 % de las aportaciones realizadas por el sector primario a lo largo de los últimos meses.
«Esta propuesta de ley es el resultado de un proceso de trabajo conjunto que nos ha permitido elaborar un texto adaptado a las necesidades reales del campo balear», ha reivindicado.
Simonet, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, ha recordado que el plazo para presentar alegaciones concluirá el próximo viernes y que «todas serán analizadas con el mismo espíritu de colaboración y consenso, con el objetivo de dar un paso adelante hacia un campo más rentable, libre de trabas innecesarias y con nuevas oportunidades para nuestros agricultores y ganaderos».
El conseller ha hecho también un resumen de las principales novedades del texto, entre las que destacan las herramientas para facilitar la actividad y potenciar el mantenimiento del sector agrario, el fomento de la venta directa y la degustación de productos locales en las explotaciones, el impulso de la energía renovable agrovoltaica y la simplificación administrativa como principio rector de la acción pública agraria.
Respaldo a la ley
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Baleares y el Colegio Oficial de Agrónomos de Levante (Coial) han respaldado el anteproyecto de la ley agraria que el Govern ha presentado la tarde de este miércoles al Consejo Agrario Interinsular.
Desde Asaja, en un comunicado, han adelantado su posicionamiento favorable al texto impulsado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y que en la actualidad se encuentra en periodo de exposición pública.
A su parecer, la nueva normativa permitirá corregir limitaciones e incorporar avances que podrían favorecer el desarrollo y la sostenibilidad del sector primario.
Los jóvenes agricultores han celebrado la reducción de la burocracia y la simplificación que contempla la futura ley, dos de los «principales obstáculos» a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos.
También que se reconozca el carácter «estratégico y multifuncional» de la agricultura y hable de la necesidad de establecer compensaciones específicas para Baleares ante las desventajas respecto a los territorios continentales.
La organización, además, ha puesto en valor la regulación del régimen hídrico agrario para apostar por la reutilización de las aguas regeneradas, el aprovechamiento de pluviales y la eficiencia o el impulso de actividades complementarias que refuercen la viabilidad económica de las explotaciones.
Asimismo, ha visto con buenos ojos el fomento del producto local y los canales cortos de comercialización para facilitar la venta directa y la degustación en las propias explotaciones y el apoyo al relevo generacional, la igualdad de oportunidades y la incorporación de jóvenes y mujeres.
En el apartado ambiental, Asaja ha aplaudido que se pretenda reforzar el papel de la agricultura como una aliada en la lucha contra el cambio climático al integrar la gestión forestal, el uso sostenible del suelo y la posible comercialización de créditos de carbono como instrumentos de futuro.
El Coial, por su parte, ha valorado de forma positiva que la nueva normativa busque situar la actividad agraria y a quienes sostienen el territorio «en el centro de las políticas públicas» y reconozca el trabajo de los agricultores y los ganaderos «como eje de la sostenibilidad ambiental, económica y social».
En líneas generales, los ingenieros agrónomos han puesto en valor la simplificación administrativa y la incorporación de la declaración responsable; el reconocimiento de la diversidad de las explotaciones; el fomento del uso responsable del agua; la combinación de la producción agrícola con la generación de energía; o la posibilidad de usar los residuos agrarios como materia prima secundaria.
También han visto con buenos ojos que abra la puerta a la realización de actividades complementarias para fomentar la sostenibilidad de las explotaciones y el reconocimiento de la singularidad del territorio balear.
