SENTENCIA

Un padre deberá pagar 68.000 euros a su hijo por un negocio familiar en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares corrige un error de cálculo del Juzgado de Ibiza y eleva la condena de 55.500 a 68.000 euros por el impago de las participaciones de una empresa familiar de encuadernación.
Audiencia Provincial de Palma

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un padre a pagar 68.000 euros a su hijo por incumplir el acuerdo de compraventa de sus participaciones en una empresa familiar de encuadernación. La sentencia, dictada el pasado 15 de octubre, corrige una resolución del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, que había fijado inicialmente la deuda en 55.500 euros, al detectar un error en el cálculo de los pagos realizados.

El conflicto familiar se remonta al 6 de octubre de 2017, cuando padre e hijo, que trabajaban juntos en el negocio, formalizaron ante notario la venta de las 10.000 participaciones sociales que pertenecían al segundo. El precio acordado fue de 125.000 euros, de los cuales 12.500 se abonaron en el momento de la firma, mientras que el resto debía pagarse de forma aplazada hasta octubre de 2021.

Sin embargo, los pagos comenzaron a incumplirse. Según recoge la sentencia, el padre no completó las cantidades correspondientes a los primeros vencimientos y dejó de abonar dinero en 2020 y 2021. Ante esta situación, el hijo realizó varios requerimientos de pago y finalmente presentó una demanda en febrero de 2023 para reclamar los 68.000 euros que consideraba pendientes.

Una empresa familiar y una nave vendida por 560.000 euros

La resolución judicial recoge que, después de adquirir las participaciones de su hijo, el padre continuó al frente de la actividad empresarial. En 2020 comenzó a desarrollar el negocio como persona física, con la intención de iniciar una jubilación parcial, hasta que finalmente se jubiló.

Otro de los elementos que aparecen en el procedimiento es la venta de la nave donde ambos habían desarrollado su actividad profesional.

En enero de 2022, padre e hijo vendieron este inmueble por 560.000 euros, cantidad que se repartieron a partes iguales. La sentencia precisa que la nave no pertenecía a la sociedad mercantil, sino que era propiedad de ambos.

Esta operación también formó parte de los argumentos utilizados durante el litigio, aunque no modificó la obligación de abonar el precio pactado por las participaciones sociales.

El padre alegó que la deuda ya estaba saldada

Durante el procedimiento, el padre se opuso a la reclamación económica y sostuvo que el contrato había quedado resuelto como consecuencia del incumplimiento de los pagos.

Su defensa argumentó que la escritura incluía una cláusula que permitía recuperar las participaciones y conservar las cantidades ya abonadas si no se cumplía el calendario establecido.

También aseguró que había realizado otras prestaciones que debían considerarse como parte del pago, entre ellas reparaciones relacionadas con los ordenadores y el sistema informático del negocio.

Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que no se ha demostrado la existencia de esos pagos adicionales ni de un acuerdo que permitiera compensar la deuda mediante las reparaciones alegadas.

Los magistrados rechazan igualmente que el contrato quedara automáticamente resuelto por el mero incumplimiento.

Según explica la sentencia, para que esa cláusula produjera efectos era necesario que el vendedor manifestara de forma inequívoca su voluntad de resolver la compraventa mediante el procedimiento previsto en la escritura.

En este caso, el hijo no solicitó recuperar las participaciones, sino que reclamó el dinero que su padre todavía le debía.

Un error de 12.500 euros cambia la condena

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza había estimado sustancialmente la demanda en diciembre de 2024 y condenado al padre a pagar 55.500 euros.

No obstante, ambas partes recurrieron la resolución. El padre pretendía que se anulara o revocara la condena, mientras que el hijo reclamaba que se reconociera la totalidad de los 68.000 euros solicitados inicialmente.

Al revisar la documentación bancaria, la Audiencia Provincial detectó que el juzgado había contabilizado dos veces un mismo pago de 12.500 euros.

En concreto, se trataba de tres transferencias realizadas los días 3 y 4 de enero de 2018, por importes de 6.000, 6.000 y 500 euros. Estas cantidades ya estaban incluidas en el total de 20.500 euros abonados durante ese año, pero la sentencia inicial las había sumado nuevamente como un pago independiente.

La Audiencia establece que los pagos documentalmente acreditados ascendían a 56.600 euros, por lo que el saldo pendiente habría sido de 68.400 euros.

Sin embargo, como el propio hijo había reconocido haber recibido 57.000 euros y limitó su reclamación a 68.000, el tribunal considera que no corresponde concederle una cantidad superior a la solicitada.

La Justicia confirma que el padre debe pagar los 68.000 euros

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el padre y ha estimado el del hijo.

De esta manera, revoca parcialmente la sentencia del juzgado de Ibiza y eleva la condena de 55.500 a 68.000 euros, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales correspondientes.

Además, impone al padre las costas judiciales de la primera instancia y las derivadas de su recurso de apelación.

La sentencia, fechada el 15 de octubre de 2026, también rechaza que la reclamación hubiera prescrito. Los magistrados consideran que el plazo de cinco años comenzó a computarse cuando venció definitivamente la obligación de pago, el 6 de octubre de 2021, por lo que la demanda presentada en febrero de 2023 se encontraba dentro del plazo legal.

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