La secretaria municipal del Ayuntamiento de Sant Josep, María Domingo, bajo investigación del Juzgado de Instrucción Nº3 de Ibiza por un posible delito contra la ordenación del territorio en la macro causa Magister dixit, admite en el proyecto de legalización presentado, y que obra en poder de La Voz de Ibiza, que ha ejecutado obras ilegalizables en suelo rústico al cambiar el uso de, al menos, dos edificaciones que la Guardia Civil identifica como fuera de ordenación y, por lo tanto, sin capacidad para haber sido ejecutadas con licencia.
Previamente, también había construido una piscina, también sin licencia.
Toda la intervención en la finca ha sido realizada sin el preceptivo título habilitante. Por lo tanto, son obras ilegales que trataron de ser camufladas bajo el sofisma de un cambio de cubierta amparado por una declaración responsable.
Según todos los indicios recabados por La Voz de Ibiza, una pequeña parte de las obras ejecutadas sin licencia, como la piscina y una pequeña ampliación de los usos residenciales, pueden llegar a ser autorizados y tendrían el carácter de legalizables. Se saldarían con una multa por no haber cumplido con los trámites establecidos.
Sin embargo, el grueso de la intervención no puede ser legalizable y tiene el carácter de ilegalizable, tal como sostiene la Guardia Civil. Se trata de la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas, con acceso independiente, cerramiento interior y una vivienda con cocina, baño y dependencias independientes de las otras dos.
El futuro de todo ello es la demolición y una vuelta atrás, además de una multa mucho mayor.
Con la boca pequeña, todo ello es confesado por la propia Domingo en el Proyecto restauración de la legalidad en vivienda unifamiliar presentado por la garante de la legalidad del Consistorio a mediados del año pasado -fue visado por el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares el 8 de abril de 2024- pretende legalizar la ampliación de un volumen anexo a la vivienda principal, construida antes de 1956.
También pretende cambiar el uso de una parte del volumen que estaba reconvirtiendo en dos viviendas pareadas con cerramientos y accesos independientes cuando fue cazada.
Para ambas legalizaciones contaría, a su entender, con metros cuadrados sobrantes aprovechando que el Plan Territorial Insular (PTI) permite el uso condicionado de vivienda en suelo rústico común de hasta 900 metros cúbicos.
Del resto de la intervención ampliamente documentada en sendos reportajes fotográficos del Consell de Ibiza y de la Guardia Civil poco dice.
Salas técnicas
Otra parte de la intervención pretende ser legalizada a través de un cambio de uso a salas técnicas.
Falta que sus intenciones sean refrendadas por los servicios municipales de Sant Josep, ya que, de momento y según ha podido saber La Voz de Ibiza, no se han producido avances significativos en el proceso de legalización de una pequeña parte de las obras.
El siguiente paso es que el Ayuntamiento valide total o parcialmente el proyecto presentado y le indique expresamente a Domingo cuáles son los trámites necesarios para avanzar en la legalización parcial de sus obras.
Situación que nada tiene que ver con la que quiso hacer ver el Ayuntamiento de Sant Josep cuando en julio de 2023 informó que la irregular situación de las obras promovidas por María Domingo en una finca propiedad de su hija estaba en vías de legalización.
Al menos, eso fue lo que publicó en su momento Diario de Ibiza, citando «fuentes municipales». «Ya se encuentran en proceso de regularización«, fue la cita textual que publicó el medio en el punto álgido de la operación de la Guardia Civil.
El polémico proyecto de legalización presentado ante el Ayuntamiento de Sant Josep»El proyecto está en trámite técnico. Es un expediente abierto y como tal no se dará más información«, ha respondido a La Voz de Ibiza un portavoz del Ayuntamiento esta semana.
A pesar de las pruebas en poder del Ayuntamiento -el informe del Consell Insular, la confesión de la propia Domingo y el conocimiento documentado de la abogada de Urbanismo de las irregularidades-, no se abrió ningún expediente de infracción urbanística, incluso modificando los habituales procedimientos en este tipo de casos.
Sea como fuere, la actuación municipal se ha limitado hasta ahora a abrir un expediente de diligencias previas.
La secretaria municipal de Sant Josep, María DomingoEl proyecto que se ha querido presentar como una legalización es en realidad una confesión de que la mayor parte de las actuaciones no pueden ser legalizadas de ninguna de las maneras.
Y es que no intenta regularizar todo lo construido ilegalmente sino disfrazar el cambio de uso de dos corrales en dos viviendas unifamiliares en una ampliación de la primera y original para aprovechar la capacidad máxima de volumen establecida por el Plan Territorial Insular (PTI).
Según consta en el documento presentado por la propietaria de la finca, la edificación principal tiene actualmente 218 metros cuadrados, de los cuales es aspira a legalizar 48 metros cuadrados.
Con la legalización del porche, un anexo y la nueva “sala técnica”, la vivienda pasaría a tener 305,96 m2 distribuidos en dos volúmenes.
Además, en el plan presentado, desaparecen los corrales, que se incorporan a la edificación principal; uno de los anexos pierde 81 m2; y el almacén agrícola tendrá 87 m2 más. En tal sentido, propone un cambio de uso parcial de ese almacén de 47 m2.
En el documento promovido por María Torres Domingo, la hija de la secretaria del Ayuntamiento, al ser la propietaria de la parcela se establece el objetivo de “la legalización de las ampliaciones de una vivienda unifamiliar existente, con el objeto de obtener la Licencia Municipal y restituir la legalidad”.
“El presente expediente se redacta a instancias de la propiedad a efectos de obtener, junto con la documentación oportuna, la licencia de incorporación a la ordenación de las ampliaciones y modificaciones realizadas en la vivienda y construcciones agrícolas”, se detalla en el proyecto que obra en poder de La Voz de Ibiza.
Allí se reconoce el ilegal cambio de uso al plantear que el fin de tal proyecto es “restituir dentro de la construcción originalmente de uso agrario sobre la que se ha realizado un cambio de uso a residencial para retornarlo a su uso original”.
Con este cambio de uso ilegal, se han consolidado dos nuevas viviendas aisladas, con cocinas, baños y accesos rodados independientes desde la carretera, además del correspondiente cerramiento interior.
No obstante, en el proyecto no se especifica ningún plan de demolición o de modificación de esas construcciones que cuentan con estas amenities que, según la inspección del Consell Insular de Ibiza el 30 de marzo del 2023, ya estaban “en su fase final de ejecución”.
Defecto de fondo
El supuesto proyecto para restituir la legalización tiene un defecto de forma. Es que, según plantean allí, en esa zona “se permite el uso de vivienda unifamiliar condicionado” y que las “construcciones que nos ocupan tienen la categoría de vivienda existente y ampliación de la misma”.
Sin embargo, la Guardia Civil pudo comprobar en la inspección realizada que allí se han montado tres viviendas unifamiliares aisladas, tal como consta en el informe que ha reproducido La Voz de Ibiza.
Las obras realizadas tenían un claro objetivo: que una única parcela rústica albergara un total de tres viviendas unifamiliares aisladas (la original y los dos anexos que fueron reformados) «incumpliendo palmariamente la legislación urbanística”.
Con esta maniobra materializada en el proyecto la secretaria municipal intenta disimular ese “pequeño” detalle sosteniendo que se trata de una sola vivienda que “se constituye de volúmenes que se adicionan con el aspecto típico de las viviendas tradicionales de grandes muros y huecos pequeños”.
Sin reconocer que se ha producido una subdivisión de la parcela, algo prohibido por el Plan Territorial Insular, en la descripción de la geometría detalla que “la parcela tiene forma alargada y transcurre en paralelo al vial público. Las construcciones están situadas en el centro de la parcela”.
“Un poco más al oeste, hay un prisma rectangular con cubiertas planas donde se encuentra el anexo a legalizar y los almacenes agrarios”, argumenta. Estas justamente son las viviendas aisladas construidas a partir de la reforma ilegal de los corrales.
Los detalles de la ‘distorsionada’ finca
El proyecto reconoce que sobre la parcela, existe tres volúmenes diferenciados
- El primer volumen lo constituye la vivienda principal con unos almacenes adosados en su lado oeste
- El segundo se trata de un conjunto de almacenes agrarios, que en la actualidad se ha cambiado el uso a alguno de ellos y se debe restituir su uso original
- El tercero es una pequeña construcción que se encuentra delante de la vivienda
- Existe también sobre la parcela una piscina en el lado este de la vivienda
Según el proyecto de la promotora, la vivienda “se construyó bajo los preceptos de la arquitectura vernácula con anterioridad al año 1956 -por lo cual no necesitó licencia-.
Posteriormente se construyó unos almacenes para dar servicio a las necesidades de cuidado de ganado y del campo. Seguidamente se fueron realizando ampliaciones tanto de la vivienda como de las construcciones agrarias y se adicionó una piscina”.
En ese punto, se reconoce que en el año 2022 “se realizaron modificaciones de las construcciones agrarias para modificar su uso de agrario a vivienda”. Todo sin licencia, claro está.
Por eso, se realizó “el presente proyecto para restituir la legalidad de la parcela, devolviendo las construcciones agrarias a su uso original y legalizando las ampliaciones que se han ido realizando”.
Estos almacenes convertidos en viviendas, según reconocen los infractores, deberán devolverse “a su estado original”.
Si fuese así, implicaría una demolición de estas estructuras que cuentan con cocina y baño independiente que las transforman en viviendas unifamiliares diferenciadas.
Por otra parte, establece que, una vez realizado el proyecto de legalización y restitución del uso original, el volumen de las construcciones será de 869,67 metros cúbicos. Esto justamente es para alinearse a lo permitido por el PTI que establece como máximo los 900 metros cúbicos.
Lea aquí la transcripción íntegra de las dos conversaciones intervenidas gracias al pinchazo telefónico:
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Transcripción de la llamada intervenida que pone a la secretaria de Sant Josep bajo el foco de la Guardia Civil
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