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El texto que se votará este martes en el Parlament balear dentro de la ley ómnibus desarrolla el artículo 63 de la Ley 4/2014, concreta qué se considera captación ilegal de clientes y obliga a acreditar la contratación previa en aeropuertos, puertos y otros puntos de alta demanda.

Quien viaje con billete de ida y vuelta no tiene que hacer nada; el resto deberá tramitar la autorización online. La regulación se aplica del 1 de junio al 30 de septiembre con un cupo de 17.668 vehículos diarios, 2.500 menos que en 2025.

Las enmiendas del PP a la ley ómnibus obligan a las plataformas que canalizan servicios de transporte a comprobar si cada vehículo puede operar, facilitar datos a Inspección y asumir responsabilidad por servicios irregulares.

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Los socialistas advierten de que la ampliación «no es una simple actuación de modernización» sino «una intervención estructural» que agravaría la crisis residencial de la isla. La PNL reclama paralizar el proyecto y revisar el DORA III.