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El senador Miquel Jerez recordó que más de 900 menores han sido atendidos por ambos Consells cuando la red estaba dimensionada para 80 plazas. «El Gobierno está convirtiendo el sistema de protección de menores en su política migratoria», afirmó.

Su abogado explica que, si la Justicia ordena el desalojo, la propietaria retirará las chabolas, contratará seguridad y evaluará una rehabilitación que podría costar millones. Por ahora, no confirma si retomará su proyecto original.

Juan Carlos Rodríguez Tur niega que la propietaria cobre a los ocupantes y sostiene que el Ayuntamiento pidió entrar en la finca para abrir un expediente por las obras realizadas allí. Asegura que solicitaron judicialmente el desalojo hace tres meses y aún esperan respuesta.

La Audiencia Provincial de Baleares ratifica la sentencia dictada en Ibiza por falta de pruebas suficientes y descarta que la denunciante sufriera indefensión durante el juicio..