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El informe interno del Consell de Ibiza documenta que una técnica de la administración alertó expresamente a Lidia Jurado y a Judit Romero de que el plan de Amadiba vulneraba los principios de publicidad y libre concurrencia. No solo la ignoraron sino que además fue castigada.

Jane King, figura central en la implantación de la entidad en Ibiza, tiene una condena firme por malversación y prevaricación en el caso Palma Arena: contratos sin respaldo real, expedientes fabricados a medida y elusión de los controles administrativos. El mismo esquema que documenta el informe interno del Consell de Ibiza y por el que está acusada una ex consellera.

El organismo dependiente del Govern socialista instruyó el expediente, identificó la posición privilegiada de la entidad, apuntó un posible delito de prevaricación contra Lidia Jurado y cuestionó hasta los pagos ya realizados. Sin embargo, su director concluyó el expediente proponiendo únicamente sanciones disciplinarias.

El informe interno del Consell de Ibiza documenta una cadena de tres eslabones: una orden verbal del expresidente socialista Vicent Torres que nunca quedó por escrito, una cesión de inmuebles públicos que el propio Consell Executiu rechazó formalmente pero que se ejecutó igualmente, y un argumento de exclusividad fabricado sobre esa cesión irregular para eludir el concurso público. Los propios funcionarios se preguntan si la operación constituye fraude a la Administración.

Un documento de 137 páginas redactado por funcionarios de la institución y remitido a la Fiscalía Anticorrupción describe cómo el gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem articuló entre 2016 y 2019 una operación para favorecer a la entidad al margen de los procedimientos legales.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza concluye la fase de investigación y decreta que la dirigente de Podemos debe sentarse ante un tribunal por presunta prevaricación en la firma de dos contratos con la asociación Amadiba en 2018 sin contar con la tramitación administrativa preceptiva.