CASO AMADIBA

La funcionaria que alertó de la ilegalidad del plan de Amadiba fue trasladada cuatro meses después

El informe interno del Consell de Ibiza documenta que una técnica de la administración alertó expresamente a Lidia Jurado y a Judit Romero de que el plan de Amadiba vulneraba los principios de publicidad y libre concurrencia. No solo la ignoraron sino que además fue castigada.

Los detalles del caso Amadiba.

El informe interno de 137 páginas del Consell de Ibiza sobre el caso Amadiba, al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, contiene un pasaje que el propio documento introduce con la advertencia de que «debe hacerse constar».

El 6 de junio de 2016, en una reunión celebrada en la sede del Consell a la que asistió Amadiba para presentar su hoja de ruta —el plan con el que la entidad planificaba su implantación en Ibiza—, estuvo presente una de las funcionarias que redactó el informe: Lourdes Ferrer Ripoll..

Según ella misma relata en el documento, una vez terminada la reunión advirtió expresamente a las responsables del Departamento de Bienestar Social, la consellera Lidia Jurado y la directora insular Judit Romero, «que, conforme a derecho, no era posible seguir, sin más, lo que se planteaba en dicha hoja de ruta, dado que se podían vulnerar principios de publicidad y libre concurrencia».

La advertencia fue ignorada. Y no solo eso: cuatro meses después, el 7 de octubre de 2016, esa funcionaria «fue cambiada de Departamento, ya que fue trasladada a la Sección de Recursos Humanos» del Departamento de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales.

El informe no establece explícitamente una relación de causalidad entre la advertencia y el traslado. Pero lo anota con precisión de fechas, lo subraya en dos ocasiones distintas a lo largo del texto y lo encuadra en un patrón más amplio de actitudes hacia quienes en ese periodo señalaron irregularidades en la operación.

Además, toma relevancia la redacción. Es la propia Ferrer, en primera persona, quien narra la situación dentro de un apartado titulado «debe hacerse constar»—, lo cual implica que ella misma considera ese traslado un dato relevante para entender la trama y el «traje a medida» a favor de Amadiba. Si lo hubiera considerado irrelevante o natural, no lo habría incluido.

El informe del Consell del caso Amadiba.

Una advertencia que llegó antes de que todo empezara

La reunión del 6 de junio de 2016 se produjo apenas seis semanas después de la reunión del 28 de abril en la que el entonces presidente del Consell, Vicent Torres, había aprobado verbalmente la creación de la red de servicios de Amadiba y puesto a disposición de la entidad inmuebles de titularidad pública para que eligiera los más convenientes.

Es decir: cuando la funcionaria lanzó su advertencia, la operación ya estaba en marcha políticamente pero aún no se había ejecutado administrativamente. Era el momento en que una intervención podía haber impedido lo que vino después. Y se ignoró.

El informe describe la hoja de ruta de Amadiba como uno de los documentos más «incriminatorios» de todo el expediente: un plan detallado elaborado por la propia entidad que incluía una «cronología de acuerdos» con el Consell, la identificación de los inmuebles que debían cedérsele y la definición de los servicios que prestaría.

Ese documento, según el informe, evidencia que «había toda una planificación, una trama o maquinación para favorecer a Amadiba». La funcionaria lo vio, lo analizó y advirtió de sus implicaciones legales el mismo día en que fue presentado. Su advertencia no consta que fuera trasladada por escrito a ningún expediente ni que diera lugar a ninguna actuación.

El secretario general, otro obstáculo señalado como «bloqueo»

El episodio de la funcionaria trasladada no fue el único caso documentado en el informe de alertas sobre la legalidad que fueron ignoradas o combatidas.

El documento dedica un apartado específico —el noveno— a lo que denomina «la desacreditación de la Secretaría General del Consell Insular de Ibiza», y describe cómo el secretario general de la corporación fue objeto de ataques sistemáticos por parte de los responsables políticos del momento cada vez que señalaba irregularidades en la tramitación de los expedientes relacionados con Amadiba.

El informe recoge que la entonces vicepresidenta primera del Consell, Viviana de Sans, presentó ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada en la que describía al secretario como «absolutamente contrario al nuevo modelo de concertación social» y afirmaba que había «bloqueado la tramitación» de expedientes relacionados con Amadiba.

El informe desmonta esa narrativa: señala que no es función de la Secretaría autorizar facturas, que «el secretario no bloqueaba todos los expedientes» del grupo político y que su actitud ante los expedientes de Amadiba «era igual que en la legislatura anterior». Y concluye que la versión de De Sans resulta «más creíble, más probable, más verosímil» interpretarla como un intento de no responsabilizarse de las propias acciones atacando a quien había señalado las irregularidades.

La Oficina Anticorrupción de Baleares, en su informe sobre el expediente I/DE/18/2019, recogió también esa tensión y señaló que «en relación con las opiniones puestas de manifiesto en estas alegaciones sobre el Secretario General, la Oficina no tiene que pronunciarse».

Un patrón documentado

El informe del Consell establece una lectura de conjunto sobre lo que ocurrió cada vez que alguien dentro de la institución señaló que la operación con Amadiba no se ajustaba a derecho: «Los hechos hablan de que hubo una voluntad persistente y continuada de seguir favoreciendo a Amadiba, a pesar de las advertencias y consideraciones realizadas, sin ningún respeto hacia la legalidad».

Y añade que quien advirtió de irregularidades y ante cuyas observaciones «frente a una manera de actuar que no se ajustaba a derecho, se cargó contra ese funcionario», lo que «denota cierta mala fe y la plena consciencia y conocimiento absoluto de lo que se hacía».

El propio informe señala, en nota a pie de página, que la funcionaria trasladada en octubre de 2016 lo fue precisamente «cuando efectuó advertencias a las responsables políticas en relación con la hoja de ruta que presentó Amadiba».

La nota no forma parte del cuerpo principal del texto. Está ahí, en letra pequeña, como si el propio informe quisiera dejar constancia sin hacer demasiado ruido.

La funcionaria autora del informe es la misma que fue trasladada. El documento que ahora sustenta la denuncia penal lo redactó quien en su día fue apartada por advertir de lo que estaba ocurriendo.

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