La gerente de la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Baleares (Amadiba), Jane King, acumula dos condenas penales por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa dictada en el marco del ‘caso Palma Arena’ —la mayor causa de corrupción de la historia de Baleares— antes de pilotar la implantación de su entidad en Ibiza en una trama tejida por el Consell Insular de Ibiza durante la legislatura de PSOE y Podemos-Guanyem.
Contratos sin respaldo real, expedientes fabricados para superar los controles administrativos y adjudicaciones a dedo: el mismo esquema, la misma persona, con una década de diferencia.
Así se refleja en las sentencias judiciales SAP IB 2233/2012 y SAP IB 2484/2019 a las que ha tenido acceso La Voz de Ibiza y que también recoge el extenso y demoledor informe del Consell Insular de Ibiza, que detalla el «traje a medida» confeccionado en favor de Amadiba.
Al analizar la pretensión de cobro de Amadiba, el documento —al que ha tenido acceso íntegro La Voz de Ibiza— afirma que «no se puede ignorar que la gerente de Amadiba, la Sra. Jane King Gràcia», fue condenada dos veces por la Audiencia Provincial de Baleares «precisamente por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos».
Y extrae la conclusión que convierte ese dato en jurídicamente relevante: «Conoce de primera mano las consecuencias que puede tener infringir el ordenamiento jurídico», por lo que «no se puede alegar desconocimiento de las normas básicas de contratación».
Primera condena: contratos sin respaldo, expedientes fabricados
La SAP IB 2233/2012, dictada el 26 de septiembre de 2012 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, corresponde a la Pieza Separada número 12 de las DPA 2677/2008 —el macroproceso del caso Palma Arena, la mayor causa de corrupción de la historia de Baleares.
Los hechos probados sitúan a King en el centro de una contratación fraudulenta ejecutada en 2006, cuando ocupaba el cargo de secretaria general de la Conselleria de Relaciones Institucionales del Govern de Jaume Matas, cargo para el que fue nombrada por Decreto 28/2004, según recoge el propio informe del Consell.
El objetivo era beneficiar con fondos públicos al entonces director gerente del Consorcio para la construcción del velódromo Palma Arena, Jorge Moisés, quien reclamaba un complemento salarial que la Administración no podía abonarle por vía ordinaria.
La sentencia declara probado que King «llevó a cabo las gestiones necesarias para que, de manera arbitraria, se formara un expediente de contratación y se le pagara con fondos públicos, una cantidad por un servicio que era innecesario e inútil para la administración y que no entrañaba trabajo alguno para quien debía cobrar esas cantidades puesto que no se iba a realizar lo contratado».
Para ello, «aprovechándose de su puesto realizó y ejecutó los trámites, informes y dictámenes necesarios para la contratación fraudulenta que quería» y «de este modo, se consiguió dar forma jurídica a dicha contratación y ésta pudo superar los controles administrativos».
El vehículo fue un supuesto estudio sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas en instalaciones deportivas, por el que Moisés cobró 12.000 euros sin haber realizado trabajo alguno. La factura carecía de firma o sello del emisor.
No existía «informe, acuerdo o resolución que justificase la necesidad de ese trabajo». King y Moisés reconocieron los hechos. La sentencia condenó a King a un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por cuatro años.
Segunda condena: fraccionamiento de contratos y cobro en metálico
La SAP IB 2484/2019, dictada el 15 de noviembre de 2019 por el mismo tribunal y correspondiente a la Pieza Separada número 16 del mismo macroproceso, condena a King junto al entonces director general de Deportes y al gerente del Palma Arena por prevaricación y cohecho.
Entre 2005 y 2007, los tres acordaron adjudicar contratos públicos por más de 330.000 euros a las empresas de un mismo empresario, fraccionando los importes para eludir la obligación legal de convocar concurso público y simulando concurrencia mediante la utilización de distintas sociedades vinculadas al mismo titular.
El gerente del Palma Arena recibió 7.000 euros en metálico «como pago al trato de favor dispensado». King fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El informe del Consell resume el mecanismo con palabras de la prensa de la época, que reproduce textualmente: «Ballester, Moises y King participaron en una trama para adjudicar a Nimbus distintos contratos menores saltándose la ley. Para adjudicar los contratos «a dedo», sin la debida concurrencia y publicidad, se fraccionaban los contratos o se utilizaba a otras empresas, para simular concurrencia».
El mismo esquema, una década después, en Ibiza
Lo que la justicia documentó y sancionó en Mallorca en 2006 —creación de expedientes sin respaldo real, contratación al margen de los procedimientos legales, elusión de los controles administrativos— aparece descrito con una similitud estructural llamativa en el informe interno del Consell de Ibiza sobre el caso Amadiba.
Ese documento, redactado por tres altos funcionarios de la institución, analiza la relación entre el Consell y Amadiba durante la legislatura del Pacte de PSOE y Podemos-Guanyem (2015-2019).
El informe describe contratos firmados «al margen de la ley» y sin tramitación administrativa alguna: «No consta ninguna tramitación administrativa respecto de este contrato para su formalización», repite el texto en relación a distintos documentos suscritos en 2018.
Señala la existencia de «indicaciones claras para beneficiarla» por parte del entonces gobierno insular, presidido por el socialista Vicent Torres, y califica la operación de «confabulación».
El texto concluye que «parece que se ha actuado al margen de la ley, con menosprecio de las normas básicas que han de regir la actuación administrativa».
Los puntos de contacto entre ambos casos son precisos:
- En el Palma Arena: un cargo público usa su posición para crear artificialmente un expediente que da cobertura legal a un pago sin justificación, el servicio contratado no se realiza, los controles administrativos son eludidos mediante la fabricación de documentación.
- En Ibiza: contratos firmados sin expediente previo, servicios encargados de forma verbal sin aval técnico, dos contratos confeccionados a posteriori de manera irregular incluso tras ser denegados por el Consell Executiu, y una deuda de 2,2 millones de euros que ningún funcionario se atreve a firmar porque no encuentra respaldo legal para el pago.
En ambos casos la operatoria culmina de la misma forma: la Administración abona —o se ve reclamada por— cantidades de dinero público sin que exista un expediente de contratación que lo justifique conforme a derecho.
King, el nexo entre los dos escándalos
La figura que une ambos episodios es Jane King. En el caso Palma Arena actuaba desde dentro de la Administración, como cargo público con capacidad de autorizar pagos y fabricar expedientes.
En el caso Amadiba actúa del otro lado del mostrador: como gerente de la entidad que recibe los contratos y reclama el pago. El cambio de posición no alteró el resultado: en ambos casos, el dinero público fluyó —o se intentó que fluyera— fuera de los cauces legales establecidos.
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Según el informe del Consell, fue en julio de 2016 cuando se celebró la reunión en Palma que marcó el inicio de la implantación de Amadiba en Ibiza, con la participación de responsables de la entidad y del Consell.
El informe vincula ese encuentro con el despliegue posterior de una cartera de servicios sociales insulares «centrada curiosamente en los colectivos atendidos por Amadiba».
A partir de ahí, la entidad recibió inmuebles públicos sin concurso, contratos sin expediente y una posición de exclusividad que, según los propios técnicos del Consell, fue generada artificialmente por la propia Administración para luego usarla como justificación de la adjudicación directa.
Portavoz pública antes de que existiera ningún contrato
El informe del Consell Insular de Ibiza aporta un detalle que ilustra con precisión el grado de certeza con que estaba decidida la adjudicación a Amadiba. El 10 de julio de 2017 —seis meses antes de que se firmara el primer contrato formal— el Periódico de Ibiza publicó que Ibiza contaría con un centro para menores con trastornos de conducta y que lo gestionaría Amadiba.
En esa noticia, recogida textualmente en el informe, es la propia Jane King quien habla como portavoz: «La gerente de este colectivo, Jane King, explicó que «será complementario a la red de servicios para menores que hay en Ibiza»». El servicio ya tenía gestora asignada y portavoz pública.
El contrato que lo ampararía no se firmaría hasta el 23 de marzo de 2018, sin tramitación administrativa previa.
El informe califica ese hecho de «prueba irrefutable» de que existía una adjudicación decidida al margen de cualquier procedimiento.
Nombrada en el auto judicial
El auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por la jueza Carmen Martín Montero el 24 de febrero de 2026 recoge que el Consell solicitó durante la instrucción la declaración testifical de «Jane King García en su condición de gerente de AMADIBA» como uno de los testigos clave de la causa.
La jueza denegó esa y otras testificales al circunscribir el objeto de la causa a la conducta de Lidia Jurado Cotrina en los dos contratos firmados en 2018.
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