La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha decretado la apertura de juicio oral contra Lidia Jurado Cotrina, exconsellera de Bienestar Social del Consell Insular de Ibiza durante la legislatura de PSOE y Podemos-Guanyem (2015-2019), por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El auto, que pone fin a la fase de instrucción de la causa penal, considera que existen indicios suficientes para sentar a Jurado ante un tribunal por haber firmado en 2018 dos contratos con la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Baleares (Amadiba) —que reclama al Consell una deuda de 2,2 millones de euros— sin contar con la tramitación administrativa preceptiva.
Los dos contratos
El primero fue suscrito el 1 de enero de 2018. Su objeto era la prestación de un servicio específico de acogida residencial para menores con discapacidad intelectual grave —tanto en régimen de guarda como de tutela, o por delegación de los padres— en el ámbito de la sección de atención a personas con discapacidad y trastorno mental grave del Consell.
El segundo contrato fue firmado el 23 de marzo de ese mismo año, también sin tramitación administrativa previa. En ninguno de los dos casos consta en el expediente que se hubiera llevado a cabo el procedimiento ordinario exigido por la normativa de contratación pública.
La jueza considera que no ha quedado acreditada la concurrencia de las circunstancias de «extrema gravedad, urgencia y necesidad» que Jurado alegó como justificación para haber prescindido de los trámites habituales, según ha recogido el sitio El Debate. Esas circunstancias excepcionales son la única vía legal que habría podido amparar una contratación de emergencia al margen del procedimiento ordinario.
Sin ellas, la firma de los contratos constituye, a juicio de la magistrada, indicio suficiente de un delito de prevaricación administrativa, en una trama tejida a favor de la entidad, tal como describe el extenso informe elaborado por el Consell Insular en 2023 y que derivó en la investigación judicial.
El origen de la causa
El caso arranca en 2019, cuando el PP accede al gobierno del Consell de Ibiza bajo la presidencia de Vicent Marí y se encuentra con una reclamación millonaria de Amadiba por servicios prestados durante la legislatura anterior de los que no existe prácticamente rastro documental.
Ningún técnico de la institución quiso validar con su firma las facturas presentadas por la entidad, al no encontrar respaldo administrativo para el pago.
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El equipo de gobierno ordenó entonces un exhaustivo informe interno, redactado por tres altos funcionarios del Consell. El documento, que obra en poder de La Voz de Ibiza, concluía que entre 2015 y 2019 se encargaron trabajos a Amadiba de forma verbal, sin procedimiento administrativo ni aval técnico alguno.
Más aún: según ese informe, dos contratos habrían sido confeccionados a posteriori de manera irregular, una vez que el Consell Executiu ya los había denegado. A partir de ese dictamen, el Consell presentó en febrero de 2023 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, apuntando la posible existencia de hasta cuatro delitos: negociaciones prohibidas, fraude, falsedad documental y prevaricación.
La declaración de Jurado
En enero de 2024, Lidia Jurado compareció ante la jueza instructora. En esa declaración se acogió en gran medida a su derecho a no contestar preguntas del fiscal ni de la acusación, respondiendo únicamente a las cuestiones planteadas por su propia abogada, Aina Díaz.
Jurado mantuvo que su gestión había sido correcta y que no había cometido prevaricación alguna. Su defensa sostuvo que la exconsellera era víctima de una «persecución política» que se prolongaba desde hacía años, y señaló que la propia Fiscalía no había apreciado indicios de delito en una fase anterior de la investigación.
Los testigos que señala el auto
El auto de apertura de juicio oral refleja que el Consell había solicitado durante la instrucción la declaración testifical de varios protagonistas del caso: el expresidente socialista del Consell, Vicent Torres; Viviana de Sans, que ejerció como vicepresidenta primera y consellera de Transparencia; Judith Romero, que fue directora insular de Igualdad; Jane King, gerente de Amadiba; y María Josefa Fernández, en su condición de firmante de los contratos por parte de la entidad.
Sin embargo, la jueza rechazó estas diligencias al considerar que el objeto de la causa quedaba circunscrito estrictamente a las irregularidades en la tramitación de los dos contratos firmados por Jurado, siendo ella la única investigada.
La magistrada subrayó que «la única conducta que se estimó que pudiera ser constitutiva de ilícito penal de prevaricación administrativa objeto de la presente causa eran las presuntas irregularidades que pudieran existir en lo que respecta a la tramitación de dos únicos y concretos contratos de prestación de servicio, que fueron firmados por Lydia Jurado sin que conste la correspondiente tramitación administrativa preceptiva».
La deuda sigue creciendo
Paralelamente a la causa penal, Amadiba presentó en diciembre de 2023 un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma reclamando el pago de los 2,2 millones de euros —más los intereses acumulados desde entonces— por los servicios prestados entre 2017 y 2019.
Ese procedimiento aún no ha sido resuelto, con testificales señaladas para 2027. La deuda sigue creciendo por los intereses.
La Oficina Anticorrupción de Armengol
El caso fue estudiado también por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, el organismo dependiente del Govern que entonces presidía la socialista Francina Armengol.
Ese organismo detectó irregularidades en la relación entre el Consell y Amadiba y acreditó la existencia de una «posición privilegiada» a favor de la entidad, pero se limitó a proponer sanciones disciplinarias y no remitió el expediente a la Fiscalía.
La Oficina Anticorrupción fue cerrada con el cambio de gobierno en Baleares en 2023.
