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septiembre 2026
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Un informe técnico independiente certificó en diciembre pasado que el bloque A del edificio, desalojado desde 2020, es «técnica y constructivamente rehabilitable» sin necesidad de técnicas extraordinarias. El coste se estima en 3.710.123 euros, unos 70.000 euros por apartamento, pero la portavoz vecinal Silvia Hernández reconoce que quién y cómo se pagará esa factura sigue siendo uno de los «flecos» por resolver.

El pleno ha respaldado el informe jurídico que reconoce al bloque A, desalojado en 2020, la misma presunción de legalidad que tiene el bloque B. Según el alcalde Vicent Roig, ese reconocimiento es el paso necesario para autorizar las obras de rehabilitación estructural sin necesidad de una licencia. La oposición socialista cuestiona que se trate de una «figura jurídica inventada» sin respaldo de los técnicos municipales.


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