La caducidad de las NPP de Sant Josep ya es oficial: vuelven a regir las Normas Subsidiarias de 1986
Ha sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. El Consell de Ibiza declara sin efecto, desde el 15 de septiembre, la tramitación de las NPP y levanta la suspensión de las Normas Subsidiarias de 1986, que quedan «plenamente vigentes». El acuerdo atribuye la caducidad a que venció el plazo de seis meses sin el informe ambiental previo.
El Ayuntamiento confirma que el municipio vuelve a regirse por las Normas Subsidiarias de 1986 y renuncia a nuevas soluciones transitorias. Vicent Roig anuncia una auditoría de 350 sectores y una unidad técnica específica a tres años para llegar «auditado» al futuro Plan General.
Preguntado durante el pleno sobre quién debe responder políticamente por el colapso de las NPP, Vicent Roig evita nombrar a un responsable y elude directamente la pregunta de si alguien dimitirá.
Víctor Soriano, letrado de una veintena de propietarios y promotores que recurrieron ante el TSJB la suspensión de las Normas Subsidiarias de 1986, sostiene que el Consell y el Ayuntamiento dejaron vencer el plazo de las Normas Provisionales para evitar que la Justicia les diera la razón a sus clientes.
El municipio pierde el marco urbanístico que habilitaba un ámbito específico para vivienda protegida y ordenaba distintos vacíos urbanos y accesos estratégicos, además de que prohibía el alquiler turístico en plurifamiliares. Con esto, regresa a las Normas Subsidiarias de 1986, mientras se redacta un PGOU que puede tardar más de una década.
El Ayuntamiento sanciona a una propietaria por construir sin licencia una vivienda plurifamiliar de 990 metros cuadrados, un almacén agrícola y una instalación fotovoltaica en suelo rústico. La cifra roza los 1,78 millones que Santa Eulària tardó años en cobrar por su mayor expediente sancionador histórico.
El Observatorio de la Edificación registró 129 viviendas de protección oficial y precio limitado visadas en las Pitiusas durante el primer semestre de 2026, frente a los cero de ejercicios anteriores. El presidente de la Delegación de Ibiza y Formentera advierte de que el crecimiento del presupuesto total responde en buena parte a legalizaciones extraordinarias y no a nueva construcción.
El Observatorio de la Edificación del COAIB presentó este miércoles sus datos acumulados a junio de 2026: las Pitiusas registraron 1.080 obras visadas, de las que 453 —cerca del 42%— corresponden a procesos de legalización extraordinaria, la proporción más alta de las islas. El presupuesto visado en Ibiza y Formentera ya supera los 536 millones de euros.
Un informe técnico independiente certificó en diciembre pasado que el bloque A del edificio, desalojado desde 2020, es «técnica y constructivamente rehabilitable» sin necesidad de técnicas extraordinarias. El coste se estima en 3.710.123 euros, unos 70.000 euros por apartamento, pero la portavoz vecinal Silvia Hernández reconoce que quién y cómo se pagará esa factura sigue siendo uno de los «flecos» por resolver.
La portavoz de los vecinos de los apartamentos Don Pepe, Silvia Hernández, valora el acuerdo aprobado por el pleno de Sant Josep, que equipara jurídicamente el bloque A con el B, y detalla los pasos que restan hasta que las 106 personas desalojadas puedan volver a sus casas.
El pleno ha respaldado el informe jurídico que reconoce al bloque A, desalojado en 2020, la misma presunción de legalidad que tiene el bloque B. Según el alcalde Vicent Roig, ese reconocimiento es el paso necesario para autorizar las obras de rehabilitación estructural sin necesidad de una licencia. La oposición socialista cuestiona que se trate de una «figura jurídica inventada» sin respaldo de los técnicos municipales.
Lluis Oliva considera que el desarrollo urbanístico perdió la oportunidad de ganar intensidad edificatoria y priorizar vivienda social frente al gran parque previsto.
El presidente del Consell defiende más edificabilidad en zonas consolidadas y lanza un mensaje a todas las fuerzas políticas: el modelo actual no resuelve la vivienda.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado en el Congreso que las obras de urbanización estarían terminadas en el primer trimestre del 2027. En tanto, la construcción de las viviendas de protección oficial llevará un par de temporadas más.
Desde Casa 47 -antes denominado SEPES- han esgrimido un argumento diferente a la explicación técnica de la Conselleria de Vivienda para definir la densidad en plena urgencia habitacional: la sostenibilidad y la calidad urbana.
A pesar de las urgencias habitacionales de la isla, apenas se construirá en menos de un 10% del terreno de 17,2 hectáreas. La mayor parte se destinará a un enorme parque, que podría ser utilizado para levantar miles de pisos sociales.
Gobierno de España, Govern balear, Consell de Ibiza y Ayuntamiento de Ibiza, cruzados de manos: nimios cambios en las normativas permitirían levantar una planta más y elevar un 60% el número de viviendas en las tres manzanas previstas sin incurrir en costes adicionales en este momento
A pesar que el jurado había seleccionado al proyecto ganador en agosto pasado, todavía no se ha hecho público. Esto retrasa la elaboración de los documentos técnicos para la posterior licitación para su construcción de 197 viviendas en la Parcela 9.
La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación el 27 de enero.
Avanzan los trabajos de los 165 pisos previstos en la parcela 8, mientras que el concurso de la Parcela 9 sigue sin resolverse, La construcción de hasta 165 viviendas protegidas cuenta con un plazo de 30 meses.
Un mensaje viral en redes sociales reaviva el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas y el drama de quienes no pueden recuperar su propio hogar.
Santa Eulària, Ibiza ciudad, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia superan los 7.000 euros el metro cuadrado y sitúan a la isla a la cabeza del ranking nacional de la vivienda más cara, según los últimos datos de Fotocasa.
La economista Montserrat Pareja-Eastaway, presidenta de la European Network for Housing Research, analiza la crisis habitacional en Ibiza y Baleares. Advierte que ni el crecimiento urbanístico ni las restricciones son soluciones sostenibles por sí solas y defiende un modelo innovador basado en la colaboración entre administraciones, promotores privados y entidades sociales.
Economist Montserrat Pareja-Eastaway, president of the European Network for Housing Research, analyzes the housing crisis in Ibiza and the Balearic Islands. She warns that neither urban growth nor restrictions are sustainable solutions on their own and defends an innovative model based on collaboration between administrations, private developers and social entities.
La entidad ecologista advierte de la falta de agua y de infraestructuras básicas para asumir el aumento poblacional previsto.
