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Tras el desalojo judicial, el letrado de Paquita Marsan asegura que un antiguo empleado gestionaba el acceso de los ocupantes y les cobraba dinero. Una de las residentes afirma que pagó 700 euros para instalarse en el asentamiento, aunque sostiene que la propietaria conocía lo que ocurría.

El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad se ampara desde agosto en la inviolabilidad del domicilio para impedir la inspección municipal de la finca, donde, según los residentes, se cobra una mensualidad por vivir. El Ayuntamiento ha trasladado esos pagos a las instancias competentes «por si fueran causa de delito». Ayer murió una persona en un incendio en una infravivienda.

Residentes de la zona han alertado del aumento de personas que viven en el interior de la antigua parcela del Gorila Market en Cala de Bou. El dueño del terreno, que según había avanzado La Voz de Ibiza se encuentra en venta, asegura a este medio que entre 20 y 25 personas ocupan el lugar bajo un alquiler y subalquiler que él mismo autorizó para evitar una ocupación mayor.


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