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La Asociación Hotelera de Formentera respalda a los concesionarios afectados, respalda cualquier acción judicial que emprendan y reclama también al presidente del Consell un papel más visible en la defensa de los intereses de la isla. Es la primera reacción sectorial contundente tras la resolución de Costas que dejó fuera 16 lotes de hamacas y sombrillas, reduciendo en un tercio estos servicios de playa.

Esquerra Unida-Podem anuncia una batería de iniciativas en el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos donde tiene representación y el Senado para exigir la paralización del proyecto de Aena. La coalición denuncia que «ampliar el aeropuerto es una irresponsabilidad social, ambiental y económica» mientras Ibiza vive una crisis de vivienda sin precedentes y los recursos naturales están «al límite».

El sindicato reclama a la Conselleria de Educación que cualquier cambio en los requisitos lingüísticos pase por la mesa sectorial y advierte de que flexibilizar el nivel de catalán puede generar agravios entre aspirantes y empeorar la calidad educativa.

La diputada socialista Irantzu Fernández desgranó en el Parlament los detalles de la reforma que el alcalde de Ibiza realizó en su Vivienda de Precio Limitado, incompatibles con su anuncio de destinarla al alquiler asequible. Una inversión de entre 600.000 y 700.000 euros que generaría una rentabilidad negativa a 1.000 euros mensuales

El conseller Mateo insistió en que la Dirección General investigará cuando reciba la documentación de inscripción. Pero esquivó el problema real: Triguero obtuvo la licencia de primera ocupación el 6 de marzo, se mudó a la vivienda y vivió en ella hasta que estalló el escándalo, sin haber inscrito la VPL en el registro autonómico ni haber presentado la declaración responsable de beneficiarios. El PSOE cifra ese período en «un mes y medio».

El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.


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