Las recientes investigaciones por narcotráfico y blanqueo de capitales en Ibiza han vuelto a poner el foco en la capacidad de los tribunales para afrontar procedimientos complejos, con numerosos investigados y un elevado volumen de diligencias. El presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González Malabia, sostiene que la estructura judicial dispone de los mecanismos necesarios para abordar estas causas, aunque reconoce que una mayor dotación de personal permitiría acelerar las actuaciones.
En esta segunda parte de la entrevista concedida a La Voz de Ibiza, el magistrado analiza algunos de los asuntos que generan mayor preocupación entre los ciudadanos, desde la investigación de delitos graves hasta los procedimientos relacionados con la protección de menores y los conflictos familiares.
González Malabia también responde a una cuestión especialmente sensible en un territorio como Ibiza: cómo preservar la independencia y la imparcialidad de los jueces cuando los procedimientos afectan a empresarios, responsables políticos o personas conocidas en la isla. El magistrado explica que la legislación contempla mecanismos de abstención y recusación para evitar posibles conflictos de intereses, aunque matiza que conocer a una persona no implica necesariamente que exista una causa que comprometa la imparcialidad.
En materia de menores, reconoce que la lentitud de la Justicia también afecta a los procedimientos más sensibles y recuerda que la respuesta a las familias no depende exclusivamente de los tribunales, sino también de los servicios sociales y otros organismos públicos.
Narcotráfico y blanqueo de capitales en Ibiza
—En los últimos meses hemos conocido importantes investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. ¿Dispone Ibiza de una estructura judicial adecuada para afrontar procedimientos de esta complejidad?
—Sí, perfectamente. El narcotráfico y el blanqueo de capitales no son problemas exclusivos de Ibiza ni de España, sino que afectan prácticamente a todos los países.
Cuando se producen este tipo de situaciones existen órganos judiciales de instrucción y disponemos de los mecanismos necesarios para atenderlas. Es cierto que se trata de asuntos muy importantes, de gran trascendencia y complejidad, que pueden implicar a numerosos detenidos y exigir muchas diligencias.
Evidentemente, si tuviéramos más medios, más juzgados y más personal, estas actuaciones podrían desarrollarse con mayor rapidez. Ocurre lo mismo con la Policía: si dispone de diez agentes puede hacer determinadas cosas, pero si tuviera cincuenta podría hacer muchas más.
El sistema está preparado para afrontar estas investigaciones. Lo que necesitamos son más recursos para poder trabajar con mayor agilidad.
Protección de menores: «La Justicia es lenta para todos los asuntos»
—Otra cuestión especialmente sensible es la protección de menores. Recibimos con frecuencia testimonios de madres que aseguran que no pueden ver a sus hijos o que tienen dificultades para obtener información sobre sus procedimientos. ¿Cómo se asegura una respuesta rápida en estos casos?
—La Justicia es lenta y esa lentitud afecta a todos los asuntos, incluidos estos. Hay procedimientos que tienen una mayor prioridad y a los que se intenta prestar una atención especial, pero la falta de medios personales y materiales también se refleja en ellos. Con más personal se podría trabajar más rápido y ofrecer una mejor atención.
De todas formas, es importante no confundir la función de los órganos judiciales, que consiste en resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, con otras actuaciones que corresponden a organismos diferentes. Hay cuestiones relacionadas con la asistencia social, los psicólogos, los tratamientos o el acompañamiento de las familias que no dependen directamente de los jueces.
Nuestra intervención es una parte del sistema. También deben funcionar correctamente los servicios sociales y las demás administraciones implicadas. Intentamos ofrecer la respuesta más rápida posible teniendo en cuenta el volumen de asuntos y los recursos disponibles, aunque estos puedan resultar insuficientes.
La imparcialidad judicial en una isla donde muchos se conocen
—Ibiza es una isla relativamente pequeña, donde es habitual conocer a personas que pueden terminar implicadas en investigaciones judiciales, incluso responsables políticos o empresarios conocidos. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad en estos casos?
—La imparcialidad es fundamental y está suficientemente protegida por la legislación. Si existe alguna circunstancia que pueda generar dudas sobre la objetividad de un juez, porque el asunto afecta a un familiar, un vecino o una persona con la que mantiene una relación especialmente cercana, existen mecanismos legales para evitar cualquier influencia.
El propio juez puede abstenerse de intervenir y también puede ser recusado, de manera que el procedimiento pase a otro compañero. Es cierto que en lugares pequeños puedes conocer a muchas personas, pero conocer a alguien no significa necesariamente que exista una causa que comprometa tu imparcialidad.
Si se produce una situación de ese tipo, la ley establece los procedimientos necesarios para garantizar que el asunto sea resuelto por un juez imparcial. Todo está previsto para evitar cualquier duda sobre la objetividad de quien debe resolver un procedimiento.
