El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha decretado la extradición a España del ciudadano almeriense Jonathan Yera Pozo para que sea juzgado por cargos relacionados con delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
Además de ser el presunto cabecilla de la trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales a través de villas de lujo en Ibiza, Yera era el administrador único de varias empresas. Entre ellas está la inmobiliaria Sacatay Real Estate SL, que los informes de la operación identifican como una de las piezas clave del blanqueo a través de inmuebles de lujo en la isla.
La decisión responde a una solicitud de extradición dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a través del magistrado Santiago Pedraz, con origen en las diligencias previas 7/2026 por presuntas violaciones a diversos artículos del Código Penal.
El decreto que dispone la extradición del presunto cabecilla de la trama de narcoblanqueo está firmado por la vicepresidente de la República Dominicana, Raquel Peña, en su calidad de encargada del Poder Ejecutivo.
La detención de Yera en Punta Cana (República Dominicana) se dio a conocer el pasado 2 de octubre. Se enmarca en la operación Amarelo-Zielo, que las autoridades dominicanas denominan Fast Lap. En ella colaboraron el Ministerio Público dominicano, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DEA estadounidense, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Red Mundial de Información sobre Drogas y Europol.
La empresa inmobiliaria Sacatay Real Estate SL se constituyó con sede social en la calle Concepción Arenal de Fuenlabrada (Madrid). Sin embargo, la investigación policial acreditó que su campo de actuación económica real se concentraba en la isla: adquiría patrimonio y financiaba promociones de gran lujo.
Hasta ahora no ha trascendido qué promociones concretas compró o financió Sacatay en Ibiza. Las actuaciones siguen bajo secreto de sumario.
Ocho registros y cuatro detenidos en Ibiza
El peso de la isla en el operativo se refleja en las cifras. Según la nota conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, de los 38 registros practicados en España, ocho se hicieron en Ibiza, solo por detrás de Madrid, con 19. De los 27 detenidos, cuatro lo fueron en la isla.
Uno de ellos es José Luis Cortés Cortés, marido de la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Ibiza Ana Ferrer. Antes de dar el salto al inmobiliario de lujo, Cortés trabajó durante años como entrenador personal en gimnasios de la isla.
Ferrer dimitió tras la detención de su marido y no figura como investigada. Este periódico reveló después que en su declaración patrimonial consignó «Sin datos» en el apartado de sociedades de su cónyuge.
Cortés sigue en prisión provisional en Ibiza. Su abogado, Jaime Campaner, precisó a La Voz de Ibiza que no se le atribuye tráfico de drogas, sino, de forma preliminar, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La defensa ha recurrido la prisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Chalets en Jesús y mansiones en Cas Mut
Cortés aparece vinculado a al menos nueve sociedades relacionadas con Ibiza. Dos de ellas, Ses Torres 3 Unero SL y Cas Mut Unero SL, se crearon con 3.000 euros de capital para promociones concretas: chalets de alto standing en Jesús y mansiones para inversores extranjeros en Cas Mut, en Sant Josep.
