La ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha dado un paso al frente en su estrategia de defensa al presentar un informe ante la Audiencia Nacional en el que desmonta las conclusiones de la Intervención General del Estado (IGAE) y lanza duras críticas a la Fiscalía Anticorrupción.
El documento, de 22 páginas, cuestiona de forma directa el análisis realizado sobre los expedientes de contratación de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, y acusa a los investigadores de haber llevado a cabo una interpretación con «sesgo».
Isabel Pardo de Vera desmonta el informe de la IGAE
El origen de la controversia se encuentra en el informe remitido el pasado 2 de marzo de 2026 por la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción.
Este documento analizaba los expedientes de contratación, adjudicación y ejecución de ADIF, ADIF-Alta Velocidad y la Dirección General de Carreteras, detectando supuestas irregularidades.
Sin embargo, la defensa de Isabel Pardo de Vera sostiene que dichos expedientes se tramitaron conforme a la legalidad vigente y a los criterios establecidos previamente en los pliegos.
Críticas al cuestionamiento de la legalidad de los contratos
El abogado de la ex presidenta de ADIF señala que el informe de la IGAE pone en duda decisiones que ya habían sido validadas por distintos órganos.
«Lo que la IGAE cuestiona en su informe de 2 de marzo de 2026, de forma directa, es el juicio de legalidad y regularidad emitido por la Asesoría Jurídica sobre la licitación y, en los expedientes de modificación, el juicio técnico-jurídico favorable de la Inspección General del Ministerio y de los informes técnicos que apreciaron la concurrencia de los presupuestos habilitantes», explica.
Además, añade: «De forma indirecta, desautoriza también la regularidad procedimental asumida por los demás órganos que permitieron elevar, autorizar y aprobar el expediente, así como la ausencia de alertas o reparos determinantes en los controles concurrentes».
La defensa insiste en que se cumplieron todos los trámites
En su escrito, Isabel Pardo de Vera recalca que las licitaciones fueron aprobadas por los consejos de administración correspondientes tras completar todos los pasos exigidos por la normativa.
Según su defensa, cada expediente contaba con los informes preceptivos y la documentación requerida, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Este punto es clave en su argumentación, ya que busca reforzar la idea de que el proceso se ajustó en todo momento a la legalidad.
El peso de los informes favorables previos
Uno de los ejes centrales del informe de defensa es la existencia de valoraciones favorables emitidas por distintos organismos.
«En todos los casos, existía el informe favorable de la Dirección de Asesoría Jurídica, dependiente de la Secretaría General y del Consejo de Administración», subraya.
Asimismo, se recuerda que la Intervención Delegada realiza informes de fiscalización periódicos sin que en ellos se hayan detectado irregularidades similares a las que ahora plantea la IGAE.
«La Intervención Delegada realiza informes de fiscalización periódicos, conforme al plan de auditoría correspondiente, en el que se analizan diferentes áreas de actividad, entre ellas las relacionadas con la contratación y ejecución de sus contratos, sin que conste en ninguno de los informes emitidos al respecto aseveraciones, especulaciones o insinuaciones como las que se recogen en el informe de la IGAE», expone la defensa.
“No es aceptable” un análisis a posteriori
La defensa de Isabel Pardo de Vera critica especialmente el carácter retrospectivo del informe de la IGAE.
«No es aceptable en ninguna forma que el informe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, de 2 de marzo de 2026, se presente ahora, ex post, como una corrección implícita y generalizada de todos los expedientes», sostiene.
En este sentido, destaca el papel de la Inspección General del Ministerio de Fomento, cuyos informes concluyeron en todos los casos con un pronunciamiento favorable.
La defensa cuestiona el valor del informe
Otro de los argumentos clave es la falta de concreción en las supuestas irregularidades detectadas.
Según el escrito, el informe de la Fiscalía contiene afirmaciones genéricas que no aportan pruebas específicas de incumplimientos normativos.
«En ausencia de esa explicación, el informe carece de cualquier valor invalidante de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, sobre la base de los informes de los órganos jurídicos, económicos y de control que intervinieron institucionalmente y que dictaminaron favorablemente la licitación o la modificación correspondiente. Esa falta de contraste interno reduce por completo su fuerza pericial», zanja la defensa.
Acusación de “sesgo retrospectivo”
El informe presentado por Isabel Pardo de Vera también pone el foco en la metodología utilizada por la IGAE.
Según su defensa, el análisis parte del conocimiento del resultado final de los procesos, lo que introduce un “sesgo retrospectivo”.
Este enfoque, argumentan, distorsiona la valoración de decisiones adoptadas en su momento con la información disponible entonces.
Falta de contraste con informes previos
La defensa insiste en la necesidad de comparar el informe de la IGAE con los informes previos existentes en los expedientes.
«La existencia acreditada de informes favorables previos emitidos por la Asesoría Jurídica y, en su caso, por la Inspección General del Ministerio competente, obliga a extremar el rigor de cualquier informe posterior que afirme irregularidades graves», señala.
Y añade: «Sin esa labor de contraste, el informe de la IGAE se presenta como una valoración ex post que no explica su divergencia con la cadena institucional de control ya desplegada sobre los expedientes. Y esa omisión impide atribuirle, por sí sola, un valor concluyente frente a decisiones adoptadas en expedientes colegiados, informados y fiscalizados».
Críticas a la falta de análisis técnico alternativo
Por último, el escrito subraya que el informe de la IGAE formula críticas sin aportar un análisis técnico que las respalde.
Según la defensa, se trata de valoraciones interpretativas que no identifican errores concretos ni ofrecen alternativas técnicas a las decisiones adoptadas.
«El informe de la IGAE analizado no realiza tal ejercicio, limitándose en numerosos pasajes a formular hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas que no se apoyan en la identificación de errores técnicos concretos ni en la aportación de análisis técnico alternativo alguno», concluye.
