JUSTICIA

Fergie Chambers seguirá en la cárcel de Ibiza mientras la Audiencia Nacional decide su futuro

El multimillonario ya ha comparecido por videoconferencia desde el juzgado de guardia y su familia denuncia una «persecución política» de Trump.
La activista política estadounidense Fergie Chambers, fotografiada en Túnez en febrero de 2024 (Nur Photo/Reuters).

El heredero James Cox «Fergie» Chambers Jr., detenido el pasado sábado en Ibiza a petición del Gobierno de Donald Trump, ya ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional por videoconferencia desde el juzgado de guardia. Así lo ha confirmado este martes el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJIB), que precisa que, por ahora, no consta que el detenido deba regresar de forma presencial a los Juzgados de Ibiza. En paralelo, la familia del multimillonario ha denunciado en un comunicado remitido que el procedimiento de extradición responde a una «persecución política» por su apoyo a la causa palestina.

Comparecencia por videoconferencia

Según ha trasladado el propio TSJIB, la primera comparecencia de Chambers ante el tribunal competente se ha resuelto de manera telemática, un procedimiento habitual cuando el detenido se encuentra en una isla y el órgano judicial que instruye la causa tiene sede en Madrid. La medida evita el traslado inmediato del preso mientras se sustancia el expediente.

La resolución del juzgado de guardia de Ibiza, que ordenó su ingreso en prisión preventiva tras la detención, se mantiene en vigor. Chambers permanece por tanto en el centro penitenciario de la isla en régimen ordinario, a la espera de las decisiones que adopte el tribunal en Madrid.

La familia habla de «persecución política»

El entorno del empresario ha salido al paso del caso con un comunicado remitido a EFE en el que sostiene que la reclamación cursada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos responde a una «persecución política» de la Administración Trump por el apoyo de Chambers a la causa palestina. Sus allegados han lanzado un llamamiento a juristas, representantes políticos y organizaciones solidarias con Palestina para que se movilicen contra la entrega del multimillonario a las autoridades estadounidenses.

Según sostienen, Chambers afronta varios cargos federales que podrían suponerle una condena de hasta 30 años de prisión. La acusación más grave estaría relacionada con una supuesta financiación de la resistencia palestina, un señalamiento que la familia califica de «fabricado» y que, según su versión, se basaría únicamente en transferencias de dinero realizadas desde Estados Unidos a Túnez, país en el que residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.

James Cox «Fergie» Chambers Jr. detenido en Ibiza.

Un millón de libras para Gaza

El comunicado de la familia recuerda que Chambers recibió en 2023 alrededor de 250 millones de dólares tras vender su participación en Cox Enterprises y desvincularse de la fortuna familiar. Según su entorno, destinó parte de ese patrimonio a proyectos de activismo social, solidaridad internacional y ayuda humanitaria, entre ellos donaciones que superarían el millón de libras para iniciativas en Gaza y para organizaciones y medios afines a la causa palestina.

Su pareja, la actriz y cineasta Stella Schnabel, ha ido más allá y sostiene que Chambers está encarcelado por utilizar su patrimonio para apoyar a Palestina. Su círculo próximo ha convocado movilizaciones para el próximo jueves, coincidiendo con la revisión judicial de su ingreso en prisión.

La extradición depende de Madrid

El TSJIB subraya que la competencia para resolver los expedientes de extradición corresponde a la Audiencia Nacional, no a los juzgados de instrucción de Ibiza, cuyo papel se ha limitado a las diligencias urgentes tras la detención. Será por tanto la Sala de lo Penal en Madrid la que decida si accede a la entrega solicitada por Washington.

Las razones concretas de la reclamación no se han hecho públicas por vía oficial, según avanzó Última Hora, aunque las autoridades estadounidenses sospechan que Chambers habría utilizado parte de su fortuna para financiar a Hamás y a organizaciones propalestinas. La versión de la familia, difundida ahora a través de EFE, ofrece el primer relato detallado de la defensa: gasto humanitario en Gaza, patrocinios en Túnez y ninguna vinculación con el grupo islamista.

Sin regreso previsto a Ibiza

La nota remitida por el TSJIB despeja una de las incógnitas abiertas tras la primera comparecencia: no está previsto que Chambers vuelva a pasar físicamente por los Juzgados de Ibiza. Todos los trámites posteriores se canalizarán a través de la Audiencia Nacional, que podrá recurrir de nuevo a la videoconferencia o disponer, en su caso, el traslado del detenido a Madrid.

Este esquema procesal es el que se aplica de forma ordinaria en los expedientes de extradición pasiva, en los que el interesado dispone de un plazo para pronunciarse sobre si acepta o no la entrega al país reclamante y, en caso de oponerse, para alegar en contra.

Un heredero valorado en 6.000 millones

Chambers, nacido hacia 1985, es heredero de Cox Enterprises, uno de los mayores grupos de medios de Estados Unidos, y figura en Forbes con un patrimonio personal estimado en 6.000 millones de dólares. La venta de su 17% en la compañía familiar, en 2023, fue justificada por el propio empresario como protesta por el apoyo de su familia a la policía de Atlanta.

Desde entonces ha destinado buena parte de esos fondos a causas de izquierda radical: fianzas y defensa jurídica de activistas del movimiento Stop Cop City, una granja comunista en Massachusetts clausurada en 2024 por infracciones urbanísticas y proyectos de ayuda humanitaria en Gaza a través de la plataforma The Babochki Collective. Fue además protagonista del documental All About the Money, estrenado este año en el Festival de Sundance.

Un pulso jurídico que se resuelve en Madrid

Autodefinido como marxista-leninista y convertido al islam tras el ataque de Hamás a Israel, Chambers ha sido una figura mediática incómoda en Estados Unidos por su defensa pública de las acciones del grupo islamista y su financiación a colectivos como Palestine Action. Su detención en Ibiza, la denuncia pública de «persecución política» por parte de su familia y la petición de extradición cursada por la Administración Trump abren ahora un pulso jurídico que se resolverá lejos de la isla, en la sede madrileña de la Audiencia Nacional.

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