Un incendio en un asentamiento ilegal de Ibiza vuelve a hacer saltar las alarmas. En este caso, nada menos que en Can Rova 2, el asentamiento chabolista de Santa Eularia en el que viven unas 200 personas, y del cual el Ayuntamiento ya había advertido por el riesgo de incendios.
Según registran distintos videos que circulan en redes sociales, desde las carreteras en las inmediaciones del asentamiento podía verse una columna de humo negro proveniente de las chabolas.

Qué causó el incendio en Can Rova 2
Según ha podido saber La Voz de Ibiza, el cuerpo insular de Bomberos llegó a la zona desde las 14.35. También han intervenido la Policía Local y la Guardia Civil.
La Policía Local acudió tras un aviso por una explosión y una columna de humo en la zona. El incendio, ha informado el cuerpo policial, ha afectado una superficie de aproximadamente 40 a 60 metros cuadrados, habría dañado una caravana, tiendas de campaña, así como pequeñas construcciones de madera y plástico.
¿Cuál fue la causa? Según la Policía, el origen del incendio parece situarse en la cocina de una de las tiendas, lo que habría provocado la explosión de una bombona de butano y también habría afectado a un generador cercano. Aunque no se han registrado heridos, una familia ha perdido su vivienda. «En este caso, el consistorio ha puesto a su disposición la ayuda de los servicios sociales de la institución, pero han declinado hacer uso de ellos», ha informado el Ayuntamiento.

Advertencias previas
Hace más de dos meses el municipio ya había advertido el riesgo de incendio (entre otros peligros) que implicaba no desalojar este asentamiento. Según el informe del consistorio, hay instalaciones eléctricas precarias que incrementan el riesgo de incendios incontrolados
Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, «el incidente pone de manifiesto la gravedad de la situación en el asentamiento». La alcaldesa Carmen Ferrer ha puesto de manifiesto la importancia de que “se tomen inmediatos y definitivas para resolver este problema, que pone en riesgo la seguridad y las medidas de salud de muchas personas, así como la protección de infraestructuras críticas del municipio”.
El desalojo se encuentra parado desde abril a raíz de un auto judicial de los habitantes del lugar. La parálisis del caso ha llevado al Ayuntamiento a reclamar al Defensor del Pueblo su intercesión.