Ibiza registró en 2025 varios casos de obras públicas que quedaron desiertas y que, tras ser relicitadas, acabaron adjudicándose con fuertes incrementos presupuestarios, en algunos casos de hasta el 73%, lo que evidencia el desfase de los proyectos iniciales respecto a los precios reales del mercado.
Este fenómeno se enmarca en un contexto balear en el que 66 obras públicas por un valor de 54 millones de euros quedaron desiertas durante 2025, una situación que, aunque ha mejorado respecto a 2024, sigue reflejando problemas estructurales en la licitación pública.
Esto ha sido alertado por la Asociación de Constructores de Baleares. Además, han detallado a La Voz de Ibiza que, en Ibiza, varios proyectos clave evidencian el impacto directo de licitaciones con precios desactualizados, que obligaron a relanzar concursos con incrementos significativos para poder adjudicarlos.
Entre los casos más destacados figura la renovación de la cubierta del pabellón Quartó de Portmany, inicialmente valorada en un millón de euros y que, tras quedar desierta, se volvió a licitar con una subida del 73%.
También destaca la construcción del nuevo CEIP Santa Eulària, que no recibió ofertas en su primera convocatoria y acabó adjudicándose en la segunda con un incremento de 700.000 euros sobre el presupuesto inicial (10% más).
En la misma línea, las obras de acondicionamiento del nuevo edificio de los Juzgados de Ibiza, presupuestadas en seis millones, se adjudicaron tras una segunda licitación con un aumento del 20%, es decir, un millón de euros más.
Este patrón en las obras de paso en el torrente Es Codolar en Sant Josep, lanzada por la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, que también quedaron desiertas inicialmente y se adjudicaron después con un incremento del 40%.
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Estos ejemplos confirman que los proyectos salen a concurso con precios alejados de la realidad del mercado, lo que desincentiva la participación de empresas y retrasa infraestructuras esenciales.
La advertencia del sector
Desde la Asociación de Constructores de Baleares advierten de que la situación puede agravarse si no se corrigen los criterios de licitación, especialmente en un contexto de volatilidad de costes.
En este sentido, subrayan que “si la Administración no actualiza los presupuestos de licitación a la realidad del mercado, aumentarán otra vez los concursos desiertos”, ya que las empresas no pueden asumir contratos sin revisión de costes de materiales y energía.
Asimismo, alertan de que esta dinámica “supondría un freno en seco a infraestructuras clave para las islas” y reclaman medidas urgentes para evitarlo.
Por eso, el sector pide al Gobierno central recuperar mecanismos extraordinarios de revisión de precios, así como que las administraciones autonómicas, insulares y locales incorporen medidas ya aprobadas para paliar el impacto económico derivado de la guerra.
Entre las propuestas concretas, plantean aplicar revisiones de precios en contratos de más de un año y garantizar que las licitaciones partan de valores ajustados al mercado, tal y como exige la ley.
En este contexto, insisten en que “lo básico es que los precios de los materiales en la licitación sean a precios de mercado”, advirtiendo de que, de no hacerlo, podría repetirse un escenario de incremento de obras desiertas.
La situación en Baleares
La Asociación de Constructores, en tanto, ha planteado que “continúa la tendencia registrada desde 2022” de licitaciones “que han quedado desiertas por salir sin los precios actualizados como exige la ley y en algunos casos también por plazos de ejecución inasumibles. A pesar de registrarse un descenso respecto al año anterior, el volumen sigue siendo muy considerable”.
A partir de los datos de la Plataforma de Contratación Pública del Estado, han elaborado por segundo año un informe “para obtener una visión detallada de la obra desierta que se ha registrado en Baleares durante el año 2025”.
“Hemos hecho un seguimiento de las licitaciones más importantes y cuando se han vuelto a licitar, con los precios actualizados, generalmente han sido adjudicadas. Algunas de ellas se han vuelto a licitar y han sido adjudicadas con hasta un 70% o 50% más de presupuesto, lo que demuestra lo desfasado que estaba el proyecto cuando salieron a concurso”, cuestionaron.
Además, remarcaron que se tratan de obras que “afectan a infraestructuras esenciales como colegios, juzgados, mejora de carreteras, así como de ciclo del agua y obras de eficiencia energética. Algunas están financiadas con fondos europeos que se han perdido o corren serio riesgo de perderse”.
Por eso, han planteado que las constructoras se encuentran “en una situación de fragilidad e incertidumbre al haber asumido, desde la pandemia, unos sobrecostes que no están siendo compensados. Las revisiones extraordinarias de precios por parte de las administraciones han tenido una incidencia muy baja y muchas han acabado en los tribunales. Por tanto, muchas empresas optan por no presentarse a las obras para no seguir perdiendo dinero ante la falta de actualización de algunas licitaciones”.
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