Una mujer que huyó de Ibiza hace diez años junto a su hijo ha solicitado reabrir el caso de abuso sexual infantil que denunció en 2015 contra el padre del menor, después de que el hombre haya sido condenado por abusar de otra menor y haya vuelto a ser juzgado recientemente por un segundo caso.
La defensa considera que esta nueva información puede ser determinante para revisar una causa que en su día fue archivada.
La mujer denunció en el año 2015 que su hijo, entonces de tres años, había sufrido abusos por parte de su progenitor. Según explicó su abogado, Diego Herchhoren, a IB3 Noticias, los informes forenses recogidos en aquella investigación señalaban dilatación anal, conductas hipersexualizadas y retraso madurativo. A pesar de ello, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza decidió archivar la causa.
Temiendo por la seguridad del menor, la mujer abandonó Ibiza y se trasladó al extranjero. Desde entonces pesa sobre ella una orden internacional de búsqueda y captura por secuestro parental, una medida que su abogado ha solicitado retirar en siete ocasiones, sin éxito hasta ahora.
El padre, condenado en 2024 por abusar de una menor de 15 años
El hombre denunciado, un tatuador de Cala de Bou, fue condenado en enero de 2024 por haber abusado sexualmente de una menor de 15 años.
Además, este mismo mes ha vuelto a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de agredir sexualmente a una mujer escocesa durante la realización de un tatuaje.
Estas no son las únicas denuncias que acumula: según la información aportada por la defensa de la mujer, ya existían al menos dos denuncias previas interpuestas por británicas en los años 2005 y 2008.
La madre pedirá reabrir la causa y revisar su situación legal
Ante esta nueva condena y los juicios abiertos contra el padre, la mujer quiere que el caso de su hijo sea reabierto. Su abogado sostiene que la aparición de nuevos indicios y antecedentes permite justificar la revisión del archivo.
Además, aportará estos datos al procedimiento para lograr que se levante la orden internacional de búsqueda y captura, que impide a la mujer regularizar su situación y regresar al país sin riesgo de ser detenida.
La defensa insiste en que la mujer actuó movida por la necesidad de proteger a su hijo y que el archivo judicial, unido a la posterior condena del progenitor por abusos a otra menor, obliga a reexaminar el caso.
La decisión sobre la reapertura corresponde ahora a los órganos judiciales competentes.
