“Va a ser un desastre”, había alertado el juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, al ser consultado por La Voz de Ibiza a mediados de junio pasado sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno central. Y ese “desastre” se aproxima: los cambios comenzarán a correr desde el 1 de enero en la isla. “En algunos partidos se va a prorrogar su entrada en funcionamiento, pero en el nuestro no”, advirtió esta semana.
La entrada en vigor de la tercera fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero) está generando una profunda reorganización en el sistema judicial de Baleares, que afectará directamente a más de mil funcionarios en el archipiélago.
La normativa, que implica la conversión de los actuales órganos judiciales en tribunales de instancia con oficinas judiciales únicas, comenzará a aplicarse en Ibiza, Palma, Mahón y Ciudadela desde 2026
En las sedes judiciales de Inca y Manacor, esta transformación ya se ha puesto en marcha desde el pasado 1 de octubre, dentro de la segunda fase de implantación del nuevo modelo.
La transformación supone el cambio más significativo en la estructura judicial española en las últimas cuatro décadas, lo que está generando preocupación e incertidumbre entre los empleados públicos.
Según ha explicado el juez decano de Ibiza, por estos días “se están conformando los equipos de la nueva oficina judicial que se distribuye entre Servicio Común General, Servicio Común de Tramitación y Servicio Común de Ejecución”.
Por eso, el nuevo edificio judicial de la calle Madrid -a medio construir- se encuentra en pleno reordenamiento: “Se están recolocando los funcionarios por plantas según servicio que ocupan con cambio de mobiliario y ordenadores. Y se ha cambiado la cartelería interior”, detalla González Malabia.
Todo a contrarreloj. Para el juez decano, “debería de estar todo listo” para el 1 de enero. Sin embargo, advierte: “Otra cosa es cómo arranque. Creo que se van a producir muchas disfunciones que al final derivarán en más atrasos y problemas. Pero por ahora es una incógnita”.
“Por ahora, estamos expectantes a ver qué pasa, pero sufriremos los mismos problemas que en el resto de partidos judiciales. No está todo preparado para un cambio tan grande y se producirán disfunciones que afectarán a los ciudadanos”, explica.
Y añade que “todo lo que no pase por invertir en más medios personales y materiales no servirá de mucho”.
Una nueva oficina judicial por tribunal de instancia
Con la reforma a punto de entrar en vigor, cada tribunal de instancia dispondrá de una única oficina judicial, que prestará servicios comunes integrales, sin distinguir entre órdenes jurisdiccionales, secciones o plazas judiciales.
El objetivo es ofrecer una atención más coordinada, homogénea y eficiente, eliminando duplicidades en las tareas administrativas.
Estas oficinas judiciales asumirán las funciones que hasta ahora desarrollaban las secretarías de cada juzgado, organizándose en tres áreas principales: el servicio común de tramitación, el servicio común general y el servicio común de ejecución.
“Agilizar” la justicia y fomentar la mediación
Además de la reorganización estructural, la Ley Orgánica 1/2025 promueve el uso obligatorio de Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos (MASC), como la mediación, antes de iniciar procedimientos judiciales, especialmente en los ámbitos civil, mercantil y de familia.
Esta medida busca reducir la carga de trabajo de los tribunales y mejorar la eficacia del sistema judicial.
Sin embargo, el juez decano ha manifestado que “no agilizan, te aseguro, absolutamente nada. En muchos casos entorpecen”.
Además, ha cuestionado la nueva estructuración interna de los Juzgados. “Es innecesario. Se va modificar la organización interna. Ya no serán juzgados, sino que ahora es un único tribunal con secciones. Digamos, yo, que soy de Primera Instancia Número 3, no tendría a mis funcionarios”, detalló.
En su caso, a partir del 2026, perderá a los nueve funcionarios que tiene a su cargo. Es que con la reforma “todos los funcionarios serán de todos. Ya no habrá juzgados, será un único tribunal formado de muchos funcionarios y de muchos jueces”.
Para González Malabia, serán “cada vez menos manos para más asuntos. Por mucho que cambiemos las piezas, cambiemos los nombres, por cabeza vamos a seguir saliendo un número estratosférico de causas”.
El problema, en definitiva, es la falta de personal: “No hay gente. El problema de las plantillas no solo es aquí, es en toda la Administración del Estado”.
Por eso, entiende que con esta “reordenación de los medios no se va a conseguir mayor eficacia, mayor eficiencia, que es lo que se pretende. Podemos reorganizar los mismos medios de otra forma, pero no se va a hacer más eficiente o más efectivo mientras sigan siendo personal insuficiente o manos insuficientes para tramitar todo el número de asuntos”.
A eso se añade que todavía restan por trasladar los seis Juzgados de Primera Instancia que se encuentran en el edificio CETIS, en donde el Estado paga una renta anual de 600.000 euros.
Es que el edificio nuevo de la calle Madrid se encuentra a un 60% de su operatividad. El resto todavía debe finalizarse la obra: la primera licitación ha quedado desierta y ahora el proceso se encuentra paralizado por un recurso administrativo contra la nueva licitación.
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